Un exhaustivo informe económico puso bajo la lupa las verdaderas cuentas del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y encendió las alarmas sobre el impacto real que tendrá en las arcas del Estado.
Aunque el esquema promete un fuerte flujo de capitales, el costo en impuestos que la Argentina dejará de percibir es monumental, lo que obliga a recalcular el verdadero margen de ganancia fiscal que dejará la iniciativa.
El costo de renunciar a impuestos: los números ocultos del régimen fiscal
Un revelador reporte elaborado por la consultora EcoGo determinó que el RIGI tiene un gasto tributario a valor presente de US$ 8.493 millones, cuyo pico anual alcanzará cerca de US$ 1.600 millones hacia el año 2035, lo que equivale a un 0,25% del PBI actual. Si se considera el universo completo de iniciativas identificadas, la pérdida potencial de ingresos fiscales ascendería a cerca del 0,65% del PBI.
Sin embargo, el informe aclara de forma precisa que «gasto tributario no es lo mismo que costo fiscal neto». Bajo los supuestos del estudio, los 23 proyectos aprobados formalmente —que suman una inversión anunciada de US$ 39.429 millones y un capital computable de US$ 33.837 millones— generarían una recaudación a valor presente de US$ 17.499 millones, superando holgadamente los recursos resignados.
Ante este escenario, la investigación calculó que el punto de equilibrio fiscal exige un umbral de adicionalidad del 32,7%. En términos sencillos: para compensar las exenciones impositivas, es indispensable que un 33% de la inversión sea completamente nueva y no se hubiera realizado sin el marco de este régimen especial. Si uno de cada tres dólares invertidos responde de forma directa a la existencia del RIGI, el impacto fiscal neto pasa a ser positivo. Cabe destacar que, sumando las iniciativas en evaluación y las anunciadas, el universo total informado alcanza la escalofriante cifra de US$ 209.247 millones.
Injusticia fiscal entre Nación y Provincias: quiénes ganan y quiénes pierden
El análisis revela además una profunda disparidad en la distribución del impacto fiscal según la jurisdicción. De los US$ 8.493 millones resignados en las iniciativas aprobadas, US$ 6.231 millones corresponden a las arcas nacionales, dado que el Estado central cede tributos clave como derechos de exportación, aranceles de importación e impuesto al cheque.
En contraste, las provincias donde se radican los desarrollos conservan las regalías y los tributos locales, además de captar fondos vía coparticipación. Según datos extraídos del medio Agencia NA, el informe detalla las diferencias en la tasa de adicionalidad requerida para alcanzar el equilibrio:
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Provincias receptoras con proyectos: Necesitan solo un 17,7% de adicionalidad, recaudando 4,6 veces lo que ceden.
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Provincias sin proyectos: Requieren un 32,1% de adicionalidad, recaudando 2,1 veces lo cedido.
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La Nación: Enfrenta el mayor esfuerzo, ya que exige un 38,5% de adicionalidad al recaudar apenas 1,6 veces lo resignado.
Al ampliar el cálculo a un escenario de 39 proyectos identificados por US$ 87.409 millones anunciados, el costo tributario se eleva a US$ 24.175 millones frente a una recaudación esperada de US$ 50.542 millones. En este esquema extendido, la exigencia para la Nación escala a un dramático 44,4% de adicionalidad, mientras que para las provincias receptoras baja al 13,7%, debido al enorme peso de los proyectos hidrocarburíferos que concentran la renuncia impositiva en gravámenes nacionales.
Finalmente, desde EcoGo remarcaron que el RIGI impulsa de forma directa la rentabilidad de proyectos intensivos en capital, pero advirtieron que el desafío futuro no pasa únicamente por inflar los montos anunciados, sino por maximizar su adicionalidad y generar un verdadero derrame positivo en proveedores, empleo e infraestructura regional.