Un contundente e inminente colapso se avecina en el sistema judicial argentino.
En respuesta a un escenario salarial insostenible y a crecientes conflictos institucionales que amenazan la estabilidad del sector, los trabajadores del Poder Judicial confirmaron una drástica medida de fuerza que paralizará por completo la atención al público y el avance de miles de expedientes en todo el territorio nacional.
Paro de 24 horas y un plan de lucha que no da tregua en los tribunales
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), gremio conducido por Julio Piumato, oficializó a través de su Comisión Directiva Nacional la convocatoria a un nuevo paro nacional de 24 horas programado para este viernes. La medida representa una profundización del plan de lucha en marcha, el cual ya registró un masivo nivel de acatamiento el pasado viernes y contó con ruidosas protestas previas frente a la Cámara Nacional de Apelaciones por parte de los trabajadores del Fuero Nacional del Trabajo.
Bajo la contundente consigna “Nuestros reclamos siguen vigentes, nuestra lucha también”, desde el sindicato remarcaron que el alto acatamiento registrado en los tribunales federales y nacionales ratifica la absoluta vigencia de sus demandas y fortalece la continuidad de las acciones gremiales a escala federal.
Fuerte reclamo salarial a la Corte Suprema y colapso en la obra social
El eje económico encabeza la nómina de exigencias del gremio. La UEJN formalizó una presentación ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, mediante la cual exige un aumento del 10 por ciento con retroactividad al 1° de septiembre. “La pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 continúa sin ser recuperada y sigue afectando seriamente nuestro poder adquisitivo”, advirtieron desde la conducción sindical.
A este complejo panorama económico se suma la grave crisis en torno a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). El gremio denunció una dilación inexplicable de casi diez meses en la designación de sus representantes en el Directorio —tras haber presentado en tiempo y forma la terna correspondiente—, exigiendo una «respuesta inmediata» para frenar el perjuicio sobre los derechos de los afiliados.
Por otra parte, la organización ratificó su firme postura en defensa de la Justicia Nacional del Trabajo frente a cualquier intento de traspaso de competencias al fuero de la Ciudad de Buenos Aires o reestructuración de dependencias. Este reclamo se entrelaza con fuertes contrapuntos políticos e institucionales del sector, como las recientes protestas de los judiciales contra el traspaso del fuero laboral y las polémicas declaraciones de Piumato cuestionando reformas legislativas previas.