La feroz interna judicial que salpica a los máximos directivos del fútbol argentino sumó un capítulo electrizante de máxima tensión.
Tras una serie de resoluciones cruzadas y un contundente revés en la Cámara de Casación, la fiscalía prepara un movimiento estratégico decisivo ante el máximo tribunal de la Nación para evitar que la causa por lavado de dinero caiga en un fuero conveniente y garantizar que los verdaderos responsables rindan cuentas.
La fiscalía acudirá en queja al Máximo Tribunal por la mansión de Pilar.
El fiscal general ante Casación, Mario Villar, presentará un recurso de queja directo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de que el máximo tribunal defina de manera definitiva qué juzgado debe investigar la causa por la lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar. La medida fue confirmada luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal —integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky— declarara inadmisible el recurso extraordinario presentado por el fiscal.
Con esta decisión, la Cámara pretendía ratificar el envío del expediente al fuero federal de Campana, bajo la tutela del juez Adrián González Charvay. Sin embargo, Villar cuestionó duramente dicho fallo por considerarlo «arbitrario» y advirtió que González Charvay «no es el juez natural de la causa», insistiendo en que el expediente no debe quedar cerrado en esa jurisdicción.
Sospechas de testaferros, un inmueble de US$ 20 millones y los vínculos con la AFA.
El expediente judicial investiga un presunto entramado de lavado de activos en la adquisición de un predio de 105.000 metros cuadrados tasado en más de 20 millones de dólares. El inmueble figura a nombre de Luciano Pantano y Ana Conte, señalados por los investigadores como presuntos testaferros de Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dado que sus ingresos declarados no justifican semejante patrimonio.
La causa ha tenido un recorrido errático por los tribunales: inició en Comodoro Py bajo la tutela del juez Daniel Rafecas, luego fue reclamada por Campana, pasó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 por orden de la Cámara Federal, y finalmente Casación pretendió devolverla a Campana. Para el fiscal Villar, aunque la propiedad esté físicamente en Pilar, la «hipótesis delictiva total» indica que las maniobras financieras se gestaron en la Ciudad de Buenos Aires y mantienen conexión directa con otra causa por presunta defraudación contra la AFA, que salpica tanto a Toviggino como a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.