El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió una serie de medidas de prueba preliminares antes de definir si impulsa una investigación penal o desestima la denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, entre otros funcionarios nacionales.
La presentación judicial, realizada por el abogado Gregorio Dalbón, busca determinar si existieron irregularidades en los contratos de derivados financieros con reservas de oro durante el ejercicio 2025.
El pedido de instrucción surge a partir de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que observó que las estrategias de cobertura financiera con el metal precioso generaron una pérdida de 1.023 millones de dólares en divisas líquidas del BCRA.
Las medidas solicitadas por la fiscalía
El fiscal Pollicita presentó ante el juez federal Ariel Lijo un dictamen con requerimientos documentales clave para avanzar en la evaluación preliminar:
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Petición a la AGN: Solicitó copia íntegra de la auditoría sobre los estados contables del Banco Central, junto con sus papeles de trabajo, disidencias internas y las respuestas o descargos formales remitidos por las autoridades monetarias.
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Requerimiento al BCRA: Demandó el marco normativo sobre la administración de reservas de oro, con el fin de identificar las áreas técnicas con potestad para autorizar las operaciones, los controles internos aplicados y el nivel de coordinación institucional con el Ministerio de Economía.
La controversia por la estrategia de opciones y el Deutsche Bank
La denuncia se centra en la implementación de una estrategia financiera conocida en el mercado como «collar». Dicha cobertura buscaba proteger el valor del metal ante caídas (mediante la compra de opciones put), financiada simultáneamente con la venta de derechos de compra (call) con un valor techo estimado en algo más de US$ 3.000 la onza.
Al subir el precio internacional del oro por encima de los US$ 4.000 la onza, el BCRA debió abonar la diferencia a sus contrapartes internacionales en dólares líquidos. Según la presentación, la pérdida total se compuso de US$ 960,2 millones por el resultado negativo de las opciones y US$ 62,8 millones por el pago de primas y comisiones.
El escrito judicial señala que entre las contrapartes beneficiadas por las coberturas operó el Deutsche Bank —entidad donde Caputo y Bausili se desempeñaron anteriormente en cargos directivos—, por lo que solicitó investigar la selección de los intermediarios y el pago de comisiones de la operatoria.
Por su parte, la autoridad monetaria defendió la legalidad de los procedimientos, argumentando que se trataron de herramientas habituales de gestión de riesgo y que el balance global de la administración de activos fue positivo gracias a la revalorización general del metal.