Una verdadera batalla judicial y política se desató en la provincia de Buenos Aires tras la decisión del Gobierno bonaerense de dar un paso al frente para defender el incremento en la tarifa eléctrica.
El Poder Ejecutivo que conduce Axel Kicillof, actuando a través de la Fiscalía de Estado, se alió con las cuatro principales empresas distribuidoras del territorio (EDEN, EDEA, EDES y EDELAP) para apelar formalmente la medida cautelar que congelaba los aumentos y exigía dar marcha atrás con los cobros efectuados a los usuarios.
El origen del conflicto y el freno de la Justicia por falta de audiencias
El choque de intereses se inició tras la promulgación de la Resolución N° 585/2026 emitida por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, la cual autorizaba incrementos tarifarios de entre el 1,5% y el 3,5% a partir del pasado 1 de julio. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, presentó un recurso de amparo buscando frenar el golpe en las economías familiares.
El fallo de primera instancia fue contundente: dispuso la suspensión inmediata de las actualizaciones de los componentes provinciales y ordenó la devolución íntegra del dinero que las distribuidoras ya habían facturado bajo el nuevo esquema. Para sostener el freno, el magistrado interviniente cuestionó fuertemente la ausencia de mecanismos de participación ciudadana: «Hace diez años que no se realiza una audiencia pública. Pretender justificar constantes subas en una ‘tarifa de transición’ por tiempo indefinido desnaturaliza el derecho a la información de los usuarios». Posteriormente, a pedido de la misma Defensoría, se aclaró que la suspensión también alcanzaba a la totalidad de las cooperativas eléctricas provinciales y municipales.
Apelación en marcha y definición en Mar del Plata
La ofensiva conjunta del Estado provincial y las prestatarias busca lograr que la apelación sea concedida con efecto suspensivo, un mecanismo legal que les habilitaría volver a aplicar de inmediato los valores tarifarios aprobados en julio mientras la Justicia evalúa el fondo de la controversia. Desde el Gobierno de Kicillof defienden la postura asegurando que este tipo de actualizaciones específicas no requieren de forma obligatoria el llamado a audiencia pública.
Por lo pronto, la causa sumó un nuevo capítulo procesal: el juez Agustín López Coppola, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, derivó de manera formal el expediente completo hacia la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, tribunal de alzada que tendrá en sus manos la decisión final sobre el costo del servicio eléctrico bonaerense.