Un verdadero sismo político y judicial estalló en las últimas horas entre las administraciones bonaerense y nacional tras concretarse una gravísima acusación por presunta malversación de caudales.
Frente a la inminente llegada de severas emergencias meteorológicas que amenazan a millones de vecinos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió acudir a la Justicia para llevar hasta las últimas consecuencias la paralización de recursos clave destinados a prevenir desastres naturales en el territorio.
Acusación por malversación, desvío financiero y $340.000 millones congelados
Bajo el alerta por “El Niño”, Kicillof denunciará penalmente a Milei y a Caputo por los fondos para prevenir inundaciones. El anuncio oficial fue encabezado este lunes desde La Plata por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, junto al ministro de Gobierno Carlos Bianco, al confirmar la presentación judicial contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y los funcionarios involucrados por malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Katopodis reveló que la Nación ejecuta apenas uno de cada tres pesos del Fondo Hídrico —financiado mediante impuestos a los combustibles— acumulando un saldo de 339.993 millones de pesos sin ejecutar. El funcionario denunció abiertamente que el Ejecutivo nacional ha desviado dichos recursos hacia operaciones financieras en lugar de volcarlos a infraestructura. La urgencia es máxima dado el advenimiento del fenómeno climático de El Niño: «Vamos a tener que afrontar en las próximas semanas y en los próximos meses una situación muy pero muy grave», alertó el ministro provincial.
Freno a créditos internacionales, cuenca del Salado y combate tarifario
La presentación judicial también expone la discriminación financiera en los avales para créditos internacionales. Mientras la Nación autorizó 18 préstamos por 1.973 millones de dólares para diez provincias, le niega los avales a Buenos Aires para obras prioritarias en las cuencas San Francisco-Las Piedras y del río Salado, manteniendo congelado además un crédito del Banco Mundial por 200 millones de dólares para contener anegamientos.
Por último, Katopodis anticipó que la Provincia se presentará el próximo 26 de octubre en la audiencia pública convocada por la Nación para impugnar los aumentos tarifarios de la empresa AySA y frenar su proceso de privatización. Desde el gobierno bonaerense cuestionaron que los cuadros tarifarios hayan registrado incrementos superiores al 500% sin garantizar la continuidad de las obras esenciales de expansión de agua potable y cloacas en la región.