La Casa Rosada reconoce contactos con Washington por el alcance de las sanciones de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pero descarta exigencias formales para frenar la iniciativa. El oficialismo postergó el debate en Diputados mientras negocia modificaciones con sus aliados.
POLÍTICA Y DIPLOMACIA – El Gobierno nacional reconoció la existencia de contactos informales y consultas con representantes de los Estados Unidos en torno al alcance sancionatorio de la proyectada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la cual busca endurecer las penalidades a la explotación no autorizada de recursos naturales en las islas Malvinas. Sin embargo, desde la Casa Rosada descartaron presiones de la administración de Donald Trump para retirar la iniciativa y aseguraron que el régimen no buscará perjudicar a grandes fondos de inversión estadounidenses.
En los despachos oficiales admiten que se produjeron conversaciones reservadas vinculadas a los posibles efectos colaterales sobre compañías con participación accionaria o financiera indirecta en la Cuenca Norte de Malvinas.
“Hubo algo del estilo”, explicaron fuentes oficiales al confirmar los intercambios con Washington, al tiempo que señalaron que algunos interlocutores no tenían presente que la Argentina ya cuenta con una legislación vigente sobre la materia.
La controversia por los fondos de inversión y la legislación vigente
El aspecto más sensible de la discusión gira en torno a la eventual aplicación de inhabilitaciones y multas a fondos de inversión de gran escala, como BlackRock, que poseen participaciones minoritarias o indirectas en firmas internacionales con presencia en el Atlántico Sur. En el Ejecutivo dejaron trascender que se preservará la relación bilateral antes de avanzar con medidas que afecten a estos actores.
La iniciativa, presentada formalmente el pasado 17 de septiembre, propone derogar y reemplazar la Ley 26.659 por un marco punitivo más amplio que alcanza a:
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Explotación de recursos naturales renovables y no renovables sin autorización de la República Argentina.
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Cadenas de servicios, financiamiento y facilitación logística directa e indirecta.
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Operaciones petroleras específicas, como el proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Actualmente, las actuaciones administrativas sobre las firmas que operan en las islas se tramitan de manera confidencial entre la Secretaría de Malvinas de la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica, sin que existan hasta la fecha resoluciones sancionatorias definitivas dictadas contra los grandes grupos financieros norteamericanos.
Frenos parlamentarios y cambios en el texto con la oposición dialoguista
En el plano legislativo, La Libertad Avanza suspendió el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, trasladando la discusión para las próximas semanas. El proyecto tampoco fue incluido en el orden del día de la sesión del miércoles 21, tras cuatro jornadas informativas en las que el oficialismo no logró reunir las firmas para emitir dictamen de mayoría.
Las objeciones de los bloques aliados (PRO, UCR y bancadas provinciales) se concentran en las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, los mecanismos de actuación de las Fuerzas Armadas, la protección de infraestructuras críticas y el artículo 111 sobre injerencia extranjera. A pesar de que la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, ofreció la creación de una comisión bicameral de seguimiento, el rechazo oficial a desglosar el capítulo sancionatorio de Malvinas mantiene trabado el consenso.
Posicionamiento en la ONU y la postura oficial
La tensión diplomática coincide además con el pedido de la representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Tammy Bruce, de dar por finalizado el mandato del Comité Especial de Descolonización, organismo donde la Argentina expone anualmente su reclamo sobre la soberanía de las islas.
Consultado sobre este escenario y los eventuales reparos de la Casa Blanca, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que la Cancillería evalúa la postura argentina e insinuó la posibilidad de que el Congreso introduzca ajustes al texto original durante el tratamiento en comisiones.
El objetivo central de la Casa Rosada pasa por sostener el reclamo imprescriptible de soberanía sobre el archipiélago sin resentir las relaciones estratégicas con la administración estadounidense.