Un intenso y acalorado debate se vivió en la audiencia pública convocada por el Concejo Deliberante para analizar la Ordenanza 15.250, que prevé la creación de una Unidad Ejecutora para urbanizar la zona sur de Puerto Madryn.
La iniciativa contempla un megaproyecto a gran escala con obras de infraestructura, loteos masivos, viviendas y espacios comerciales. Sin embargo, aunque el sector gremial salió a respaldarlo con fuerza por los puestos de trabajo, voces técnicas y de profesionales encendieron las alarmas sobre los riesgos de endeudamiento, la falta de servicios básicos como el agua y la cesión indebida de facultades municipales.
El fuerte respaldo de la UOCRA por el empleo y las críticas del Colegio de Arquitectos
La audiencia iniciada pasadas las 10 de la mañana contó con una activa participación de diversos sectores. En representación de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el delegado Egidio Orlando Vera brindó un enfático apoyo al proyecto solicitando su aprobación. Vera remarcó que el megaproyecto impulsará mano de obra genuina en la apertura de calles, tendido de redes de agua, cloacas, gas, veredas, espacios verdes y viviendas, recordando que «construir vivienda para nuestra gente también es trabajo para nuestra gente». Asimismo, valoró los controles previstos a través del Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo, rendiciones trimestrales y un auditor, destacando que los fondos tendrán destino específico y los lotes un piso que no bajará del costo de las obras.
En la vereda opuesta, la arquitecta Delfina Burruchaga, en representación del Colegio de Arquitectos de la Regional Puerto Madryn, expresó profunda preocupación por el artículo 9 de la norma. Advirtió que otorga facultades excesivamente amplias al nuevo ente, pudiendo alterar el trazado vial, el diseño de parques y la planificación urbana original presentada por el Ejecutivo sin pasar por el Concejo ni por el Consejo de Planeamiento Urbano y Ambiental. Además, reclamó la difusión del estudio de impacto ambiental —inaccesible para la consulta pública—, mayor claridad en las mayorías requeridas para la venta de tierras y alertas severas sobre los riesgos financieros: pidió precisar cómo se evaluará el endeudamiento para no comprometer las arcas municipales y advirtió sobre las dificultades de las familias para pagar alquiler y construir en plazos rígidos, proponiendo esquemas más flexibles para evitar la especulación inmobiliaria.
Alerta por la falta de agua potable, servicios saturados y el desafío ambiental
El debate sumó también valiosos aportes técnicos sobre el impacto de la obra en el desarrollo comarcal. Raúl Arranz enfatizó la necesidad de mirar el proyecto con visión regional, advirtiendo sobre la imperiosa necesidad de obras de infraestructura pluvial, aumento en la capacidad de los conductos de desagüe, gestión de residuos con una estación de transferencia en zona sur y la protección de las fuentes de captación del río Chubut frente al avance poblacional.
Por su parte, Donato Laurita, con trayectoria en el Consejo de Planeamiento Urbano, coincidió en la importancia de crecer pero exigió definir con exactitud la capacidad real de agua, energía y saneamiento antes de avanzar, para no desabastecer a proyectos vecinos. Como alternativa para afrontar la histórica demanda hídrica, Laurita propuso evaluar la instalación de una planta desalinizadora modular. Ahora, la discusión retorna al ámbito legislativo, donde los concejales deberán definir si modifican la norma para blindar los controles financieros, garantizar los servicios y establecer pautas claras antes de la aprobación definitiva.