Desde Balcarce 50 descartaron que la postura de la administración Trump afecte el reclamo de soberanía argentino. Mientras tanto, Cancillería monitorea la postura de Washington sobre las sanciones económicas en pleno debate por el proyecto petrolero Sea Lion.
En medio de un nuevo frente de debate en las Naciones Unidas, el Gobierno nacional relativizó el impacto del planteo formulado por Estados Unidos, donde la representación de Donald Trump solicitó disolver el Comité Especial de Descolonización (C-24). Se trata del histórico foro multilateral donde la Argentina presenta año a año sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas.
La postura de Washington se expuso en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU. Allí, la delegación norteamericana pidió dar por finalizado el mandato del organismo al considerar que ha «sobrevivido a su propósito original» y que algunas de sus actividades constituyen un «despilfarro de recursos».
Pese a que el C-24 es el ámbito que insta anualmente al Reino Unido a retomar las negociaciones bilaterales, en el Poder Ejecutivo desestimaron que la iniciativa estadounidense perjudique la posición argentina.
“La posición del comité no ha servido para recuperar las islas…”, argumentó una fuente con acceso directo al despacho presidencial ante la consulta periodística.
La postura de Washington y la sintonía con la Casa Rosada
Para la administración estadounidense, el Comité de Descolonización ha quedado obsoleto al examinar «los mismos textos cada año», señalando además que la mayoría de las antiguas colonias ya se integraron como Estados miembros. Asimismo, criticaron los viajes de sus integrantes a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur, calificándolos como «un derroche de tiempo y recursos».
Este diagnóstico se alinea con la política de recortes presupuestarios en organismos internacionales impulsada por la Casa Blanca, una visión compartida por el presidente Javier Milei durante sus intervenciones en la Asamblea General:
“Han montado un leviatán burocrático, abocado a decidir cómo deben vivir los pueblos del mundo y sus ciudadanos”, había cuestionado el mandatario argentino en Nueva York.
En aquella oportunidad, el Jefe de Estado también apuntó contra la falta de efectividad de las resoluciones del organismo frente a la ocupación británica:
“¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde lo más importante: su autoridad”.
La discusión por las sanciones comerciales y el proyecto Sea Lion
El debate en la Cuarta Comisión también rozó un tema sensible para la agenda energética nacional: el proyecto petrolero Sea Lion en el archipiélago malvinense.
En la misma sesión, Estados Unidos rechazó un texto impulsado por Rusia sobre «formas contemporáneas de colonialismo» —aprobado con 85 votos a favor, 49 en contra y 23 abstenciones, con abstención argentina— que cuestionaba las medidas económicas y comerciales unilaterales.
En ese marco, la representación norteamericana defendió las sanciones y controles comerciales como «instrumentos legítimos de la política estatal», sosteniendo que «toda nación tiene derecho a elegir a sus socios comerciales y a responder a las amenazas».
La definición adquiere relevancia dado que el Gobierno argentino recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar e impulsó en el Congreso una Ley de Soberanía para sancionar a empresas petroleras que operen sin autorización en Malvinas, una medida que genera inquietud en firmas estadounidenses. Sin embargo, en Balcarce 50 aclararon que la defensa de las sanciones por parte de EE. UU. responde estrictamente a su disputa geopolítica con Rusia:
“Nada que ver con nosotros”, ratificaron desde el entorno presidencial, aunque en Cancillería continúan evaluando el alcance de las declaraciones.