El fiscal ante la Cámara de Casación presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal. Sostiene que las supuestas maniobras de administración fraudulenta en la AFA ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires y cuestiona que el expediente haya quedado en el Juzgado Federal de Campana.
La controversia judicial que rodea la adquisición de una lujosa propiedad en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar —vinculada a la figura del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino— alcanzó una nueva instancia institucional. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, interpuso un recurso de queja para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga y determine qué fuero y jurisdicción deben llevar adelante la pesquisa.
El planteo de la fiscalía se produce luego de que la Sala I de Casación declarara inadmisible un recurso extraordinario previo, ratificando la competencia del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
El debate por la garantía del juez natural y la sede de la AFA
El eje central del reclamo presentado por Villar radica en la vulneración de la garantía constitucional del juez natural. Según la fundamentación fiscal, la investigación por presunto lavado de activos no puede analizarse de manera aislada atendiendo únicamente a la ubicación geográfica del inmueble en Pilar, sino que debe integrarse con el delito precedente: una eventual administración fraudulenta contra la entidad madre del fútbol argentino, cuyas sedes operativas y administrativas se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el escrito judicial, el fiscal remarcó de manera contundente la irregularidad en la asignación del expediente:
“Se otorgó competencia a un tribunal que no es el juez natural de la causa”, afirmó Mario Villar en el documento al que se tuvo acceso.
Asimismo, la representación del Ministerio Público Fiscal cuestionó que la Sala I de Casación haya catalogado el lavado de dinero bajo el fuero federal sin evaluar ni la territorialidad ni la hipótesis delictiva completa planteada por los investigadores.
La hipótesis de los testaferros y el riesgo de «forum shopping»
La causa penal tuvo su origen en una denuncia formulada contra Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, señalados en el expediente como presuntos testaferros de Pablo Toviggino. A través de la firma Real Central SRL, ambos adquirieron la propiedad de Pilar sin contar, según la denuncia, con la capacidad económica o patrimonial suficiente para justificar la transacción.
Si bien la defensa de Pantano y Conte logró radicar el expediente en Campana argumentando la ubicación de la vivienda, Villar advirtió en su recurso sobre las consecuencias de atomizar las causas vinculadas a dirigentes deportivos en distintos juzgados de la provincia de Buenos Aires:
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Incompetencia territorial: Sostiene que las decisiones y fondos de la AFA se gestionan desde Capital Federal.
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Riesgo de «forum shopping»: Alertó sobre la gravedad institucional de concentrar expedientes de alto interés público en tribunales seleccionados por la conveniencia de los imputados.
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Conexión internacional: Citó la existencia de investigaciones paralelas en Estados Unidos por fraude bancario y lavado de dinero que salpican a personas mencionadas en la causa local.
Con la queja ya radicada, la Corte Suprema de Justicia deberá resolver si acepta tratar el planteo de competencia y determina de forma definitiva qué juez deberá investigar el patrimonio del entorno directivo de la AFA.