La tensión legal y política escaló al máximo nivel institucional en el país. Luego de un fallo trascendental de la Corte Suprema que cambió el tablero normativo, la provincia de Misiones decidió ponerse firme y dar la batalla en los tribunales para resguardar la soberanía de su territorio.
El gobernador Hugo Passalacqua reaccionó de manera inmediata y dispuso una ofensiva judicial sin precedentes para frenar el impacto de la desregulación en su jurisdicción.
Decreto N° 1.935: la orden del gobernador para resguardar el territorio
A través del Decreto N° 1.935, el mandatario misionero instruyó formalmente al Fiscal de Estado para que inicie todas las acciones legales que considere pertinentes. La meta fijada por el Ejecutivo provincial es «resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad» y recurrir a «todas las vías correspondientes» que permitan blindar el suelo local.
Passalacqua remarcó que la resolución del máximo tribunal deja a la provincia en una «situación de absoluta desprotección y vulnerabilidad institucional». En ese sentido, el gobernador no solo arremetió contra los efectos del nuevo escenario para los inmuebles rurales, sino que apuntó contra el DNU 70/2023, advirtiendo que esta medida atenta de forma «directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social» de Misiones.
Frontera, biodiversidad y productores: las razones del reclamo provincial
El mandatario también utilizó sus redes sociales para fundamentar su postura y alertar sobre los riesgos específicos que afronta la provincia. «Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido», argumentó Passalacqua.
En su mensaje institucional, el jefe del Ejecutivo provincial enfatizó que cuidar la tierra propia constituye un «deber irrenunciable» tanto con el pueblo misionero como con la preservación de la soberanía.
El origen del conflicto: qué resolvió la Corte Suprema sobre el DNU 70/23
El conflicto se desencadenó tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revocó la sentencia que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23 (que derogaba la norma regulatoria de terrenos). El máximo tribunal determinó que la entidad querellante que promovió el amparo carecía de legitimación para accionar en representación colectiva.
En el fallo firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se señaló expresamente que «frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia». Los magistrados reprocharon además a los jueces de instancias inferiores por aceptar amparos sin verificar estrictamente los requisitos constitucionales exigidos.
Aclaración oficial: la vía judicial sigue abierta para los damnificados
Para evitar interpretaciones erróneas, la Corte emitió una aclaración pública donde explicó que el fallo se ajusta a sus precedentes y no anula otras medidas cautelares en curso. El tribunal aclaró que cualquier afectado o grupo de interés que considere inconstitucional el régimen actual puede presentarse individualmente ante el juez competente.
Asimismo, los jueces subrayaron que en una democracia la vía formal de la Justicia es el camino adecuado para dirimir estos conflictos, en lugar de apelar a «discursos de odio y descalificación en las redes sociales». Ante esta ventana legal, Misiones ratifica su posición y busca bloquear la norma en sus propios juzgados.