El fiscal general jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, solicitó formalmente la apertura de una investigación penal preparatoria contra los abogados comodorenses Esteban Marcos Angjelinic y Daniel Osmar Herrera, denunciados por el empresario Cristóbal López por el presunto cobro indebido de honorarios profesionales que ya habían sido cancelados.
El requerimiento fue presentado el 13 de octubre de 2026 ante la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. De manera provisoria, el Ministerio Público Fiscal imputó a ambos letrados los delitos de estafa y estafa procesal en carácter de coautores, identificando un perjuicio patrimonial que asciende a $259.303.026,06, más actualizaciones e intereses.
El origen de la denuncia y la maniobra investigada
Angjelinic y Herrera integraban el estudio jurídico que durante años representó a Cristóbal López, a su entorno familiar y a sus empresas en diversos litigios. La causa penal se centra en un expediente iniciado en 2017 por Raúl Esteban Zamora contra el empresario, tramitado en el Juzgado de Ejecución N.º 2 de Comodoro Rivadavia, a cargo del magistrado Eduardo Rolinho.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, los hechos se desencadenaron bajo la siguiente secuencia:
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Renuncia y cancelación: El 4 de mayo de 2021, ambos profesionales renunciaron al patrocinio de Cristóbal Manuel López y Cristóbal Nazareno López en dicho expediente. Ese mismo día se abonó una factura por $195.834.670, saldando la totalidad de los honorarios devengados hasta el momento.
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Doble reclamo: Con posterioridad a la desvinculación, los letrados solicitaron una regulación judicial de honorarios por su intervención en la causa.
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Engaño procesal: Díaz Mayer sostiene que los denunciados omitieron informar al juez civil sobre los pagos previos, induciendo a error tanto al magistrado de primera instancia como a los camaristas para obtener una regulación de honorarios que «no les corresponden por ley». Asimismo, los acusa de retener la documentación respaldatoria de los pagos para impedir la defensa del empresario.
El monto total del perjuicio investigado ($259.303.026,06) surge de una resolución dictada por la Cámara de Apelaciones el 7 de junio de 2024, que modificó la regulación fijada originalmente en primera instancia.
De una amistad de casi 50 años a la disputa en tribunales
El enfrentamiento judicial entre Cristóbal López y Daniel «Cacho» Herrera marca el quiebre definitivo de una relación personal y societaria de casi cinco décadas. En 2021 —el mismo año de la renuncia al expediente—, el periodista Hugo Alconada Mon publicó en LA NACION detalles de un extenso manuscrito de 60 páginas elaborado por Herrera bajo el título «Sinceramente, gracias Cristóbal. Crónicas de una vida de servicio en favor de un amigo perverso».
En ese texto, el abogado repasaba su rol en distintos negocios del grupo, revelaba que López había llegado a colocar acciones de casinos a su nombre en carácter fiduciario debido al grado de confianza mutua, y exponía las profundas diferencias económicas y profesionales que precipitaron su distanciamiento.
Antecedentes y avance de la causa en Comodoro Rivadavia
El conflicto había tomado estado público en agosto de 2025 a raíz de una denuncia inicial enfocada exclusivamente en Angjelinic, donde se mencionaban regulaciones judiciales por $683 millones y $259 millones, además de un acuerdo firmado en 2023 y actuaciones ante el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia.
A diferencia de aquella presentación preliminar, el requerimiento fiscal de octubre de 2026 incorpora formalmente a Herrera como presunto coautor y solicita fijar audiencia para comunicar la apertura de la investigación penal preparatoria. En paralelo, Cristóbal López —patrocinado por los abogados Darío Sekarich y Fernando Sicilia— manifestó su voluntad de constituirse como parte querellante en el proceso.
