Un fallo judicial sin retorno sacude el escenario político y económico de la Argentina.
Tras más de cinco años de complejas pericias y cruces de acusaciones en los tribunales federales, la máxima instancia de casación penal cerró de forma definitiva la investigación sobre el multimillonario crédito internacional contratado en 2018, liberando de todo tipo de responsabilidad penal a los principales referentes de la conducción económica de aquel gobierno.
La Cámara de Casación dejó firme el cierre por los USD 57.000 millones
La Justicia dejó firme el archivo de la causa contra Macri, Caputo y otros ex funcionarios por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. La histórica resolución llevó las firmas de los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, quienes desestimaron el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra el préstamo de más de US$ 57.000 millones.
La resolución judicial beneficia de forma directa al ex presidente Mauricio Macri, al actual ministro Luis Caputo, a Federico Sturzenegger y al ex ministro de Economía Nicolás Dujovne, entre otros colaboradores. La causa había sido archivada originalmente en febrero de este año por el Juzgado Federal N° 5, decisión que luego ratificó la Cámara Federal y que ahora quedó definitivamente firme en la última instancia del fuero penal.
Desestiman hipótesis delictivas sobre la supuesta fuga de divisas
En los fundamentos del fallo, se citó el dictamen del fiscal general Raúl Omar Pleé, quien advirtió que «las hipótesis presentadas por el fiscal de instrucción no se corresponden con inferencias lógicas de las constancias de la causa, obtenidas luego de una extensa investigación, y que tampoco han sido sustentadas sobre la base de alguna propuesta de medidas concretas». La pesquisa buscaba determinar si los desembolsos internacionales habían sido utilizados ilegalmente para sostener la fuga de divisas en perjuicio del erario público.
Sin embargo, tras cinco años de recolectar pruebas, la fiscalía concluyó que no se logró acreditar ninguna maniobra ilícita concreta, señalando que la acusación respondía únicamente a «un cuestionamiento general a la política pública sobre su destino» y al mero desacuerdo con un modelo económico determinado. Con esta postura, la Justicia dio por sepultado el caso sin lugar a nuevas revisiones.