La jueza Raquel Tassello prorrogó las medidas de coerción hasta la audiencia preliminar del 30 de noviembre. La Fiscalía ratificó que existió una organización previa en el ataque perpetrado en el barrio Roca y sostuvo la persistencia de los peligros procesales.
En el marco de la causa judicial que investiga el ataque armado perpetrado las puertas de la Oficina Judicial del barrio Roca, la Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de cinco hombres imputados por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. La medida alcanza a Luis Alancay, Facundo Reyna, Humberto Arca Rojas, Luciano David Soto y Juan Ezequiel Hernández, quienes continuarán privados de su libertad de forma preventiva.
Asimismo, durante la audiencia de revisión celebrada este miércoles, la jueza penal Raquel Tassello dispuso prorrogar las medidas sustitutivas que cumplen las imputadas Brenda Cristina Rua y Vanesa Carolina Ulloa. Ambas resoluciones mantendrán su vigencia hasta la finalización de la audiencia preliminar, fijada para el próximo 30 de noviembre.
Organización previa y calificación legal del ataque
Durante la audiencia de revisión, el representante del Ministerio Público Fiscal, Maximiliano Morsucci, fundamentó el pedido de la acusación pública repasando la mecánica de la agresión registrada en la sede judicial del barrio Roca.
“Hubo una organización previa de varias personas que se convocaron esa mañana en la esquina de la Oficina Judicial”, sostuvo el fiscal Morsucci al describir el accionar coordinado de los imputados.
La Fiscalía encuadró jurídicamente la conducta atribuida a Alancay, Reyna, Arca Rojas, Hernández, Rua y Ulloa bajo la figura de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa”, en calidad de coautores. En tanto, para Luciano David Soto, la acusación estableció una imputación como “partícipe secundario” del delito de homicidio agravado en grado de tentativa por la organización de tres o más personas.
Persistencia de peligros procesales y conformidad de la defensa
En su exposición, la representación del Ministerio Público Fiscal enfatizó que no se han modificado las condiciones que motivaron el dictado de las medidas de coerción originales, argumentando la vigencia de los riesgos procesales.
Morsucci señaló que persisten los riesgos de fuga y de entorpedecimiento de la investigación, dada la gravedad institucional del hecho y el escenario público donde se desencadenó la agresión. Frente a estos planteos, las defensas de los imputados no presentaron objeciones a lo peticionado por la Fiscalía.
Al momento de resolver, la magistrada Raquel Tassello avaló la solicitud fiscal en su totalidad y confirmó la extensión de la prisión preventiva para los cinco detenidos y la prórroga de las medidas alternativas para las dos mujeres hasta el cierre de la etapa preliminar.