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Prisión preventiva

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Este martes, a las 10.30, ante las juezas Stella Eizmendi y Marcela Bogado, se revisará nuevamente la situación procesal de Juan Luis Ale, condenado a 8 años de prisión por abuso sexual.

La semana pasada, el tribunal integrado por los jueces Gustavo Castro, Marcela Pérez y Marcelo Orlando rechazó el planteo efectuado por la Fiscalía de dictar prisión preventiva para Juan Luis Ale, condenado por hechos de abuso sexual contra dos menores.

Luego de escuchar la resolución de los jueces, la Fiscal María Alejandra Hernández, a cargo de la investigación, impugnó la decisión del Tribunal que resolvió que Ale continúe en libertad y ahora un tribunal deberá resolver sobre estas actuaciones.

Juan Luis Ale, exjefe de la policía provincial y exdiputado provincial, fue condenado a 8 años de prisión por abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de dos menores, por hechos cometidos entre 1998 y 2001.

La fiscal nuevamente insistirá en que quede detenido en prisión preventiva.

Por su parte, el próximo 9 de diciembre, la Cámara Penal analizará la impugnación planteada por el abogado particular Daniel Sandoval, quien solicitó que se revea la condena en primera instancia dispuesta contra Ale.

Fuente: FM Bahia Engaño

A pedido de los representantes de la Fiscalía, Ezequiel Forti y Guillermo Moré, el juez Jorge Criado dispuso la prisión preventiva de los cinco imputados, en la audiencia de apertura de la investigación. Dos varones cumplirán la medida en comisaría, en tanto que las dos mujeres adultas y una menor, permanecerán en arresto domiciliario por falta de lugares de detención apropiados para mujeres. Se les imputa provisoriamente, homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, a uno de los varones en calidad de autor y al resto de los imputados como partícipes.

El hecho ocurrió en una vivienda del Barrio Sudelco, el domingo a la madrugada. Se realizaba una reunión de la que participaban al menos nueve personas. En ese contexto se produjo una discusión de algunos de los presentes con Brian Raúl Sánchez por un conflicto suscitado tiempo atrás. Una de las mujeres le arrojó una botella a Sánchez, impactándolo en el pecho. Se incrementó el nivel de agresión, sumándose a la discusión los cinco imputados. Uno de ellos portaba un arma blanca.

De acuerdo a la hipótesis de la fiscalia, obrando en conjunto y coordinadamente agredieron a Brian Raúl Sánchez y a un amigo de este arrojándoles piedras, cuando ambos se retiraban de la morada. Sánchez no tuvo posibilidades de defenderse debido a la superioridad numérica de sus agresores y el aumento de su poder ofensivo. La agresión que se inició en el interior de la vivienda, continuó en la vía pública ya que tanto la víctima como su amigo intentaron huir sin oponer por calle Desalojo de 37. En el trayecto Sánchez fue apuñalado y no pudo continuar la marcha.

Medida de coerción

El funcionario Guillermo Moré solicitó el dictado de la prisión preventiva de los cinco imputados por peligro de fuga y de entorpecimiento procesal por un plazo de sesenta días. Para fundarlo habló de la gravedad del hecho, de la conducta desplegada por los imputados durante el mismo y con posterioridad para procurar su impunidad. El fiscal Forti se refirió al resultado de las ruedas de reconocimiento realizadas instantes previos a la audiencia, en las que ambos imputados varones fueron reconocidos por los testigos.

La defensora pública Valeria Ponce realizó una valoración distinta de los sucesos. Cuestionó las agravantes del homicidio escogidas por los acusadores, se refirió a las conductas de sus defendidos y resaltó que no hay elementos para considerar que exista riesgo de fuga, ni prueba que puedan entorpecer. También participó de la audiencia la Asesoría de familia. Miguel Contreras habló de los derechos de la menor imputada y de su especial situación de acuerdo a la normativa vigente.

Finalmente el juez Jorge Criado interpretó que hay sobrados elementos para esta etapa que vinculen a los imputados con el crimen de Sánchez. También entendió contundentes los elementos llevados por la Fiscalía para fundar los riesgos procesales y dispuso la prisión preventiva por el plazo solicitado. Aclaró que diferencia la situación de las imputadas porque no hay lugares de detención para mujeres en la zona, sino que el centro más cercano se encuentra en Trelew y considera que el traslado allí, en esta etapa del proceso sería desmesurado.

En cuanto a la menor de edad, decidió su internación en el Hogar de Adolescentes o bien en el Cose. Esta definición fue modificada luego de que la Asesoría informara las condiciones de ambos centros y requiriera el arresto domiciliario tal como se dispuso para las mayores de edad.

Tres de los cuatro detenidos por el crimen del ex secretario de Cristina y Néstor Kirchner, Fabián Gutiérrez, ocurrido hace 14 días en El Calafate, fueron procesados hoy con prisión preventiva, acusados del delito de “homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa”, confirmó hoy a la prensa el juez penal de esa ciudad santacruceña Carlos Narvarte.

La decisión del magistrado recayó sobre los acusados Facundo Zaeta (19), Facundo Gómez (20) y Pedro Monzón (18), quienes continuarán en prisión, mientras que dictó la falta de mérito para el cuarto imputado, Agustín Zaeta (23), sobre quien dispuso una medida cautelar para que no pueda abandonar la ciudad sin previa autorización y deberá presentarse ante el juzgado cada 15 días.

En una conferencia de prensa que comenzó minutos antes de las 17, el juez Narvarte explicó que resolvió “la autoría y la coautoría” del asesinato de Gutiérrez, ya que “en principio sería facundo Zaeta (el autor), pero todos en alguna medida han colaborado para la consumación de este homicidio”.

Por eso, dijo que decidió procesar a Zaeta, Gómez y Monzón por el delito de “homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa” -es decir, matar para ocultar otro delito, en este caso el robo-, cuya pena en expectativa es la de prisión perpetua.

En cuanto a Agustín Zaeta, el magistrado señaló que “no había elementos que indicaran que estuvo en el lugar del hecho”, por lo que dictó la falta de mérito y será liberado en las próximas horas.

Sin embargo, dispuso una medida cautelar por la cual “no puede salir de la ciudad sin previa autorización” del juez del caso “y deberá presentarse cada 15 días en el juzgado durante dos meses”.

Consultado sobre el móvil del crimen, el juez Narvarte manifestó que es “económico”, ya que los imputados “buscaban dinero y sabían que esta persona (Gutiérrez) lo tenía, por la cual empezaron a gestar la idea”.

Asimismo, y de acuerdo a las pruebas recolectadas, estableció que Facundo Zaeta ingresó primero a la casa del empresario, “por la relación que tenían” y que posteriormente entraron a la vivienda Gómez y Monzón.

“La víctima logra reconocer a uno de los imputados y por eso deciden todos terminar la vida de Gutiérrez para lograr su impunidad”, dijo el magistrado y agregó: “Está muy claro en la autopsia, hay una heteroagresión, por la cual fueron varias personas las que lo agredieron en distintas partes del cuerpo, hasta que uno le causa la muerte”.

Por su parte, el juez Narvarte expresó que “faltan muchas pruebas que incorporar” y “mucho trabajo”, y que una de las medidas que tiene pensada llevar a cabo “a partir del lunes” es un careo entre los imputados, mientras aguarda el resultado de las “pericias telefónicas”.

También adelantó que va “a convocar a las partes” para conocer si quieren “realizar algún peritaje más en el cuerpo” de la víctima, y en el caso de no surja ningún pedido, poder realizar la entrega “a los familiares”.

Si bien aclaró que “faltan detalles”, aseguró creer “que se ha esclarecido la causa casi en un noventa por ciento”.

El empresario Gutiérrez fue hallado enterrado y envuelto en una sábana el sábado 4 de julio en los fondos de una casa de la calle Cañadón Seco, del barrio Aeropuerto Viejo, de El Calafate, luego de permanecer desaparecido desde el jueves anterior.

Los primeros resultados de la autopsia revelaron que la víctima murió por “asfixia mecánica” y que había recibido golpes en la cabeza y en el cuerpo y tres puntazos en la zona del cuello.

Hoy se concretó por videoconferencia la audiencia de ampliación del plazo de investigación y revisión de la prisión preventiva que viene cumpliendo Marcos Gallardo por un hecho acontecido el pasado 30 de noviembre de 2019. La fiscal solicitó se autorice la ampliación del plazo de investigación por tres meses y se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre el imputado por igual término. Por su parte el defensor ofreció prueba y el imputado voluntariamente accedió a declarar, negando su participación en el hecho.

Presidió el acto como juez subrogante Martín Cosmaro; en representación del Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; en tanto que la defensa de gallardo fue ejercida por Mauro Fonteñez, abogado particular del mismo.

El ilícito investigado acontece el pasado 30 de noviembre de 2.019, siendo las 22.10 hs aproximadamente, en ocasión en que Gisel Pérez y Carlos Llanos se encontraban en el exterior del edificio 75, sector 8 , del Barrio 30 de octubre, de esta ciudad a bordo del rodado de propiedad de Pérez. Arribó al lugar Marcos Luis Gallardo a bordo de otro rodado, frenó frente al de las víctimas , se bajó del mismo con un arma de fuego y con claras intenciones de darles muerte tanto a Pérez como a Llanos realizó al menos cuatro disparos hacia la humanidad de ambas víctimas lesionando en primer término a Pérez en el flanco izquierdo, lesionando su tórax y brazo izquierdo para luego dar la y ya del lado derecho, del lado del acompañante efectuó al menos dos disparos contra la humanidad de Llanos lesionando su brazo derecho y la ingle . Luego del ataque armado Gallardo emprendió la huida a bordo de su vehículo.

Posteriormente al hecho ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Regional, donde fueron asistidos. Como consecuencia del ataque armado Gisel Pérez permaneció internada en terapia intensiva con un cuadro de gravedad ya que el proyectil que se extrajo afecto órganos internos según el parte informado por el profesional que la asistió; en tanto a Llanos se le extrajeron dos plomos desnudos calibre a determinar. Ambos tuvieron evolución favorable por la rápida intervención del nosocomio local con secuelas que deberán evaluarse por el médico forense. Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, dos hechos; en concurso con portación ilegítima de arma de fuego de guerra, en calidad de autor para Gallardo.

La fiscal Banfi solicitó al juez se autorice la ampliación del plazo de investigación por tres meses, en virtud de las medidas de prueba que aún restan concretar; y también que se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre el imputado por igual termino en base a la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Por su parte el imputado accedió a declarar negando su participación en el hecho y asegurando que no estaba en su voluntad no someterse al proceso. Seguidamente el defensor ofreció prueba y se opuso a la continuidad de la medida de coerción que pesa sobre su pupilo ya que a su entender “no existe peligro de fuga en el caso”. Solicitando su “libertad con presentaciones semanales ante la autoridad judicial y subsidiariamente su arresto domiciliario”. Por último no se opuso a la ampliación del plazo de investigación.

Finalmente el juez penal resolvió autorizar la ampliación del plazo de investigación por tres meses y asimismo mantener la prisión preventiva del imputado por igual término.

Se revisó la prisión preventiva de Luis Alberto Ojeda quien está detenido desde el 19 de junio de 2018 por el homicidio de Fabián Cayunao, en una audiencia efectuada por videoconferencia, donde los jueces penales César Zaratiegui y Sergio Piñeda dispusieron la continuidad de la medida de coerción hasta la realización del juicio oral y público.

El fiscal general Enrique Kaltenmeier recordó el hecho ocurrido en la madrugada del 18 de junio de 2018 en el barrio Constitución, cuando el detenido golpeó violentamente a Fabián Cayunao y luego lo ejecutó efectuando dos disparos con una pistola calibre 9 mm., uno en la cabeza y otro en el tórax. Tras matar a Cayunao, el imputado arrastró el cuerpo de la víctima desde el departamento por la escalera hacia el frente del monoblock y lo dejó tirado en la vereda para posteriormente prender fuego el auto que pertenecía al agredido.

Después regresó al departamento, baldeó y limpió con agua pisos, paredes y muebles de la vivienda, además de los espacios comunes que son pasillos y escaleras. Antes que se allanara su casa arrojó por la ventana el arma homicida, un celular de su víctima y la llave de su auto entre otros elementos.

En la audiencia, el doctor Kaltenmeier señaló que no había variado ninguna de las razones por las cuales el doctor Fabio Monti valoró como fundamentos de la prisión preventiva de Ojeda el 22 de octubre de 2019, fecha en que se revisó por última vez y se elevó la causa a juicio oral y público.

Por su parte, el defensor Lisandro Benítez pidió el arresto domiciliario de Ojeda al considerar que lleva casi dos años detenido y que en el marco de la cuarentena con controles policiales y una presencia más fuerte de la fuerza que en condiciones normales era posible evitar los peligros procesales morigerando de esta manera la prisión preventiva.

Los Jueces Zaratiegui y Piñeda entendieron que lo expresado por el defensor no era un argumento suficiente y al no haber variado los elementos analizados en octubre la prisión preventiva de Luis Alberto Ojeda debe continuar en principio hasta el próximo 6 de mayo, fecha fijada para el inicio del juicio oral y público. No obstante, esa fecha puede verse afectada por la situación sanitaria que se atraviesa.

La Justicia del país latinoamericano decretó la medida contra el célebre exfutbolista y su hermano Roberto, quienes fueron detenidos el 6 de marzo.

La estrella del fútbol brasileño fue detenida junto con su hermano por ingresar en Paraguay usando unos pasaportes falsificados. Según explicó la magistrada Clara Ruiz Díaz, quien decretó la prisión preventiva para el exfutbolista, se trata de «un hecho punible grave, porque atentó contra los intereses de la República, contra el Estado paraguayo».

De acuerdo con la magistrada, se optó por esta medida porque «hay peligro de fuga y obstrucción», ya que Ronaldinho «no tiene arraigo» en este país latinoamericano. La Policía dió con los pasaportes falsificados tras efectuar un registro de la habitación del hotel donde se hospedaban los hermanos después de que se conociera que utilizaron pasaportes falsificados para entrar en Paraguay.
Ronaldinho y su hermano Roberto salieron de Sao Paulo usando sus documentos brasileños, pero ingresaron en el aeropuerto internacional de Asunción usando documentos ilícitos, informó el fiscal Federico Delfino, a cargo de la causa contra la exestrella del FC Barcelona y su hermano. Estos, a su vez, declararon ante las autoridades e informaron de que fue el empresario Wilmondes Sous Lira el que les proporcionó los documentos falsificados. Sous Lira también fue detenido por la Policía.

Cuando la fama no te salva: la detención de Ronaldinho en Paraguay

Lo definieron los jueces este jueves pasado el mediodía. La audiencia de cesura de pena, en tanto, fue fijada para el jueves que viene.

 Los jueces finalmente resolvieron que Oscar «Chito» Alarcón -declarado culpable por enriquecimiento ilícito- quede en prisión preventiva, tal como habían solicitado los fiscales. La audiencia de cesura de pena, en tanto, fue fijada para el jueves que viene.

En fallo dividido, los jueces Mirta Moreno y Sergio Piñeda resolvieron la prisión preventiva para Alarcón por el riesgo de fuga, según pudo saber ADNSUR. El juez Marcelo Nieto Di Biase, en cambio, había propuesto la libertad y prohibición de salir del país.

Tal como estaba previsto, este mediodía se llevó a cabo en la oficina judicial de Rawson, la lectura del veredicto en la causa contra Oscar “Chito” Alarcón. Los jueces Marcelo Nieto Di Biase, Mirta Moreno y Sergio Piñeda hallaron  al ex funcionario culpable por el delito de enriquecimiento ilícito.

Tras el fallo, los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams mostraron satisfacción y adelantaron que en la audiencia de cesura de pena del jueves pedirán prisión efectiva para los casos más comprometidos. Para Diego Correa van a solicitar una pena mayor a los 10 años.

Rodríguez aseguró que los jueces “explicaron acabadamente cómo funcionó este grupo”.

Reconoció que hubo bienes adquiridos por Correa que quedaron fuera de la imputación de enriquecimiento ilícito ya que los compró cuando no era funcionario público. “Tenemos que analizar cuáles son los bienes que quedaron dentro para decomisarlos; los otros veremos su situación jurídica”. Los bienes decomisados serán administrados por el Superior Tribunal de Justicia “Una vez que se ordene el decomiso, irán a un destino específico que decidirá el Poder Judicial”.

Por su parte, Williams destacó que no conoce antecedentes en la Argentina de condenas por lavado de activos provenientes del erario. “Estamos muy satisfechos porque el veredicto abarca a todas las hipótesis de investigación que trajimos al juicio, salvo cuestiones menores no centrales”.

Respecto del delito de lavado de dinero, advirtió que “desde el punto de vista institucional, el fallo es muy importante para el Poder Judicial. El dinero espurio del erario fue investigado por la misma Justicia provincial, con esta condena”.

Según el parte de prensa de Fiscalía, la investigación de El Embrujo se inició a fines de 2017 en medio de duras restricciones presupuestarias para el Poder Judicial no obstante reclamos y gestiones. El fiscal dijo que “el veredicto debe marcar un punto de inflexión. La falta de recursos fue una dificultad para la investigación. La temática de la corrupción ya está instalada y bienvenido que exista una oficina especializada”, dijo en relación a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.

“Los recursos fueron muy escasos y a pesar de esas dificultades se logró una condena. Los recursos humanos están y los recursos materiales han sido nulos. Hay que mejorar lo material y ampliar el recurso humano. Si la expectativa de la gente va a depender sólo de dos personas, no vamos a tener los resultados que demandan”.

En cuanto a las penas que se debatirán el jueves a las 8, “a la luz de lo que pasó en el debate, la expectativa de pena que vamos a pedir va a ser superior a los mínimos que fijamos. Pediremos penas de efectivo cumplimiento porque no son todos los delitos iguales, tienen particularidades y además todos los delitos son defraudaciones al Estado”.

Jorge Miquelarena, procurador general, dijo que “estamos satisfechos pero no alegres porque no le causa eso a nadie que se condene a una persona a prisión. No me causa alegría sobre todo cuando se trata de gente que uno conoce”.

Dijo que el fallo del Tribunal “meritua muy bien cada cuestión. Hicieron un límite temporal desde diciembre de 2015”.

Subrayó que los jueces Alejandro Soñís, Marcela Pérez y Ricardo Rolón “tuvieron una tarea digna de elogios y sin escatimar esfuerzo, viniendo cada uno de su jurisdicción para el debate más importante de la historia judicial de la provincia en corrupción”.

El procurador adelantó que para debatir las pena “vamos a analizar los tipos penales por los cuales se atribuyó responsabilidad a cada uno; no es lo mismo un concurso real o ideal”. También se revisarán los agravantes. Por ejemplo, para el contador Federico Gatica, se eliminaron ambos.

Miquelarena también deslizó que “sin dudas hay que fortalecer” la Unidad Anticorrupción. “Nos manejamos como pudimos, con lo que pudimos y por eso resalto el terrible trabajo de horas hombre de fiscales y colaboradores. Pero debe ir acompañado necesariamente de tecnología, espacios y medios de movilidad adecuados”.

“Esta Unidad nació para quedarse. Pero lamentablemente si hacemos un chequeo de las causas que ya tienen apertura y las que están por tener, se da cuenta que tendrá que continuar, lamentablemente para todos”.

El procurador también consideró “inédita” la condena por lavado de dinero proveniente de la corrupción. “Conozco pocos fallos por lavado pero por dinero del narcotráfico o el tráfico de armas. Es el primer precedente del país de este tipo”.

El cantante de cumbia Rubén Darío «El Pepo» Castiñeiras seguirá detenido y deberá ser trasladado a una unidad penitenciaria por decisión de la justicia bonaerense, que confirmó la prisión preventiva.

Según informaron fuentes judiciales, la decisión fue adoptada ayer por el juez de garantías 2 de Dolores, subrogado por el magistrado Cristian Gasquet, tras el pedido de la fiscal Verónica Raggio, titular de la UFI N° 1 de Dolores.

Gasquet basó su resolución en los resultados de las pericias que indicaron que la noche del accidente el cantante estaba bajo la influencia de drogas,así lo reseña Télam.

El Juzgado de Garantías número 2 de Dolores aceptó el pedido de la fiscal Verónica Raggio y dictó la prisión preventiva para el cantante.

Actualmente, «El Pepo» está detenido en una comisaría de Chascomús, acusado de los homicidios culposos agravados de su asistente Ignacio Abosalleh y el trompetista Marcelo Nicolás Carabajal, ocurridos el 20 de julio pasado cuando volcó la camioneta en la que viajaban, en el kilómetro 8,5 de la ruta 63, a la altura de Dolores.Será llevado a una unidad penal.

Los fundamentos para que la fiscal pida la preventiva se basaron en que el cantante intentó entorpecer la investigación al negarse a aportar muestras de orina y sangre para que le realicen los estudios toxicológicos y de alcoholemia.

Asimismo, Raggio tuvo en cuenta la declaración de un testigo que llegó a la habitación del cantante en el hospital San Roque de Dolores y observó que el acusado habría realizado maniobras para eliminar los restos de droga y alcohol de su organismo, con el objetivo de no agravar su situación procesal, así lo informó Diario Jornada.

El análisis técnico de la mecánica del accidente determinó que «El Pepo» conducía su camioneta por encima del límite de velocidad.

En ese sentido, se determinó que el vuelco se produjo cuando el vehículo circulaba a 139 kilómetros por hora.

Los exámenes toxicológicos también resultaron pruebas del estado psicofísico del Pepo en el momento del accidente: estaba bajo los efectos de cocaína, marihuana y alcohol.