Un exhaustivo reporte financiero reveló la radiografía detallada del gasto público en la Argentina durante el mes de septiembre.
La ejecución del gasto primario devengado del Estado nacional alcanzó los $13,9 billones, lo que representó un incremento interanual del 4,6% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, al analizar el acumulado entre enero y septiembre, la contracción acumulada escala al 3,1% real con un total ejecutado de $111,2 billones, confirmando que la política de recorte fiscal se mantiene implacable.
Tregua temporal en el gasto y suba en rubros específicos
El incremento mensual de $0,6 billones a valores constantes en comparación con septiembre pasado respondió a dinámicas contables muy puntuales. Las pensiones no contributivas avanzaron $0,4 billones para recuperar la baja del mes anterior, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas mostraron una leve alza de $0,2 billones. En tanto, las erogaciones en bienes y servicios treparon un 37,1% interanual (+$0,2 billones), explicado en un 50% por la adquisición de vacunas y la reestructuración del programa médico para pensiones no contributivas —que pasó a ejecutarse mediante compra directa de medicamentos—, sumado a contrataciones de servicios técnicos, vigilancia y alquileres.
Este repunte ocasional «no parece ser un cambio de tendencia de la dinámica del gasto público, sino más bien una leve tregua al ajuste por recuperación de partidas específicas».
Desplome de la obra pública, tijeretazo a provincias y deuda acumulada
A pesar del leve repunte mensual de ciertas partidas, la tijera del Gobierno cayó con extrema dureza sobre sectores clave. Durante septiembre, la obra pública encabezó la nómina de desplomes con un hundimiento del 27,1% real por el freno a los desarrollos directos de Nación. Le siguieron las transferencias discrecionales a las provincias con una caída del 24,3%, los subsidios económicos con un recorte del 16,7% (repartido entre energía y transporte) y el combo de asignaciones familiares con la AUH, que cayó un 12,9%. Asimismo, los gastos en personal estatal cayeron un 5,2% y los programas sociales retrocedieron un 4,9%.
En la suma acumulada de los primeros nueve meses del año, el mayor peso de la «motosierra» afectó de forma dramática a las transferencias provinciales (-61,4% real), los programas sociales (-23,1%) y la obra pública (-17,1%). Por contrapartida, el único rubro con avance real considerable fue el de subsidios económicos (+5,7%), impulsado de forma exclusiva por la energía (+19,3%), mientras que transporte cayó 22,2%. Con este panorama, la deuda flotante acumulada de la Administración Nacional cerró en $3,1 billones, representando cerca del 0,3% del PBI.