El Ministerio Público Fiscal logró la elevación a juicio de la causa contra el efectivo policial B.R., imputado por abuso sexual agravado. Los jueces rechazaron los planteos de la defensa que cuestionaban la legalidad de una pericia genética clave.
La Justicia de Chubut resolvió abrir la instancia de juicio por jurados contra un efectivo policial identificado por sus iniciales como B.R., quien se encuentra acusado por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal en perjuicio de una adolescente de 14 años. La decisión se adoptó tras el rechazo definitivo de las impugnaciones presentadas por la defensa particular del imputado.
El trámite procesal y la acusación formal estuvieron liderados por los fiscales Janet Davies y Leonardo Cheuqueman, quienes reunieron los elementos de convicción necesarios para elevar el expediente a la etapa de debate oral y público ante un jurado popular.
La hipótesis fiscal y el hecho investigado
Según la reconstrucción efectuada por la fiscalía, el hecho ocurrió en enero de 2025 en la ciudad de Rawson, en momentos en que el imputado trasladaba a la menor de edad a bordo de su vehículo particular.
A partir de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal inició un abordaje probatorio que incluyó pericias biológicas, testimoniales y diligencias técnicas sobre los elementos secuestrados en el marco de la causa.
Pericias genéticas y controversia por la validez de la prueba
Uno de los ejes centrales del debate preliminar se concentró en la validez legal de las evidencias físicas. Entre las medidas de prueba de mayor peso figuran las pericias genéticas sobre un buzo atribuido al acusado, prenda que había sido retirada del automóvil por la madre de la víctima.
La defensa particular de B.R., ejercida por la abogada Gladys Olavarría, objetó en reiteradas oportunidades:
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La legalidad del registro del vehículo de donde se extrajo la prenda.
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La cadena de custodia y validez de las muestras biológicas obtenidas.
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Los plazos y pedidos de prórroga vinculados con los análisis de ADN.
Sin embargo, los magistrados intervinientes desestimaron los planteos de la defensa y confirmaron la plena validez de los peritajes de ADN, dejando expedita la causa para la conformación del jurado popular que determinará la responsabilidad penal del efectivo policial.