Un nuevo y encendido foco de conflicto diplomático sacude al Atlántico Sur. Pese a las duras advertencias dictadas por el gobierno del presidente Javier Milei, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, autorizó formalmente la explotación de petróleo en la zona de las Islas Malvinas.
La decisión aviva las fricciones geopolíticas con la Argentina, que ya alistaba presentaciones ante el Tribunal del Mar para intentar frenar cualquier maniobra extractiva ilegal sobre la plataforma continental nacional.
El yacimiento Sea Lion, la petrolera israelí y 180 mil barriles diarios
La ratificación de los permisos fue difundida por Navitas, la compañía de capitales israelíes que encabeza la megaoperación junto a la firma británica Rockhopper. El proyecto petrolero denominando Sea Lion se encuentra emplazado a unos 240 kilómetros al norte del archipiélago, sobre aguas con una profundidad aproximada de 500 metros.
Las estimaciones técnicas revelan que las actividades extractivas prevén iniciar la producción activa durante el próximo año, proyectando un pico de hasta 180.000 barriles diarios de crudo. Para llevar a cabo semejante operación, Navitas ya comenzó las perforaciones en los primeros meses del año, con el plan firme de desarrollar 23 pozos en el sector norte del yacimiento respaldados por dos imponentes buques de producción encargados del procesamiento y transporte del recurso.
Contradicción británica, leyes de 1994 y la furia de la oposición
El aval otorgado por Miliband desató una fuerte polémica interna en Gran Bretaña por su doble vara ambiental. Mientras que en el Mar del Norte el propio funcionario impulsó el cese de nuevas perforaciones de gas y petróleo bajo su faceta como secretario de Energía, aprobó sin miramientos el megaproyecto extractivo en aguas de Malvinas. Frente a este contrapunto, Andrew Bowie, referente de Energía del Partido Conservador en la oposición, cruzó duramente la medida: «¿Por qué Ed Miliband, el hombre que bloqueó las perforaciones en el Mar del Norte, está dispuesto a permitirlas en el Atlántico Sur, pero no frente a las costas de Escocia?», cuestionó.
Desde el marco legal colonial, la decisión se amparó en la Ordenanza de Minerales Costa Afuera de las Malvinas aprobada en 1994, la cual establece que el gobernador ilegítimo de las islas puede otorgar concesiones de producción y exploración con el explícito consentimiento de la Cancillería británica.