El organismo internacional citó a las partes para el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo tras la presentación urgente de Cancillería. El Gobierno busca suspender la explotación hidrocarburífera unilateral del Reino Unido en el Atlántico Sur hasta que se resuelva el arbitraje internacional.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó audiencias públicas para los próximos 10 y 11 de noviembre con el fin de evaluar la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para paralizar el proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas. La convocatoria fue establecida mediante una providencia dictada este 20 de octubre por el presidente del tribunal, el juez Maurice K. Kamga.
Las sesiones se desarrollarán en la sede principal del organismo judicial con sede en Hamburgo, Alemania, y serán abiertas al público, con transmisión en directo a través de su plataforma oficial. La presentación argentina se concretó el pasado 13 de octubre en el marco del artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que habilita al tribunal a disponer medidas cautelares urgentes previo a la constitución del tribunal arbitral que tratará el fondo de la disputa.
Los argumentos del reclamo argentino y el alcance del proyecto
La iniciativa de la Cancillería argentina busca suspender de manera inmediata todo avance sobre los recursos naturales en la zona disputada mientras se tramita el arbitraje iniciado bajo el Anexo VII de la CONVEMAR. Entre los fundamentos centrales expuestos ante el organismo internacional, el Estado argentino sostiene que:
-
Unilateralidad: El Reino Unido no puede avanzar unilateralmente en la exploración y explotación de recursos no renovables en un área donde existe una controversia de soberanía reconocida internacionalmente.
-
Riesgo ambiental: El desarrollo del proyecto petrolero genera potenciales riesgos y perjuicios ambientales para el ecosistema del Atlántico sudoccidental.
El desarrollo hidrocarburífero Sea Lion es operado por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Según consta en la presentación argentina, los planes de las compañías contemplaban iniciar las tareas de perforación de la Fase 1 en 2027 para comenzar la producción formal de crudo en 2028.
La postura británica y los límites jurídicos del tribunal
Desde el ITLOS remarcaron que la fijación de la audiencia no implica una decisión tomada sobre la suspensión de las obras, sino la apertura del ámbito procesal para que ambos Estados expongan sus alegatos y documentación. Asimismo, el caso no abordará el fondo de la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas, sino que se circunscribe a la legalidad de las actividades hidrocarburíferas y la necesidad de aplicar medidas precautorias.
Por su parte, el Gobierno del Reino Unido confirmó que participará del procedimiento en Alemania, aunque rechazó de plano la presentación argentina. Las autoridades británicas sostuvieron que la acción legal ante la CONVEMAR no modifica las licencias otorgadas ni obliga a detener las actividades en el archipiélago.
Ambas posturas diplomáticas se cruzarán formalmente ante los jueces del Tribunal del Mar durante las dos jornadas de exposición programadas para noviembre.