Una nueva batalla legal y política sacude los cimientos del régimen de propiedad en la Argentina.
Frente al avance de posibles operaciones inmobiliarias internacionales en áreas clave del territorio nacional, los diputados nacionales del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, interpusieron una medida cautelar urgente ante la Justicia. El objetivo central de la acción es frenar de inmediato la aplicación del artículo 154 del DNU 70/23 para evitar que ciudadanos o corporaciones extranjeras consoliden compras de hectáreas rurales mientras se resuelve la vigencia definitiva de la norma.
Esta movida en los tribunales se desencadenó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara un fallo previo que declaraba inconstitucional el mencionado artículo. Cabe destacar que dicha disposición del Poder Ejecutivo derogó por completo las restricciones históricas fijadas por la Ley de Tierras (Ley 26.737), la cual establecía límites estrictos a la titularidad y concentración de inmuebles rurales en manos extranjeras.
La estrategia de Pichetto y Massot para blindar los recursos clave
El trasfondo de esta ofensiva judicial busca neutralizar la creación de «derechos adquiridos» que resulten irreversibles para el Estado argentino. En el escrito presentado ante los jueces, los legisladores advirtieron que si durante este período de desregulación se perfeccionan transacciones, estas podrían quedar legalmente blindadas, aun cuando la Cámara de Diputados logre rechazar el decreto o sesione para reinstaurar las limitaciones por vía legislativa.
Al argumentar la ilegalidad del mecanismo, los referentes de Encuentro Federal sostuvieron de forma categórica que la eliminación de la normativa por decreto «no reunió las circunstancias excepcionales que exige la Constitución Nacional para el dictado de un DNU». Asimismo, fundamentaron que tanto los campos como los cuerpos de agua representan recursos naturales estratégicos, escasos y totalmente no renovables, cuya regulación y disposición soberana corresponden de manera exclusiva al Congreso de la Nación.
Presión parlamentaria y el pedido para proteger el Registro Nacional
La acción judicial corre en paralelo con una fuerte embestida en el ámbito legislativo. Tanto Pichetto como Massot firmaron la solicitud de sesión especial convocada por bloques opositores para el próximo 15 de octubre, fecha en la que la Cámara baja deberá definir si logra reunir el quórum necesario para derogar definitivamente el DNU 70/23.
Como parte de los requerimientos de la medida cautelar, los diputados exigieron la adopción inmediata de decisiones destinadas a preservar la estructura del Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener actualizada la información sobre todas las adquisiciones realizadas por firmas o personas extranjeras y garantizar la máxima publicidad sobre la existencia de este proceso judicial en curso.