Con el objetivo de destrabar dudas operativas y acelerar la llegada de capitales de gran escala, el Gobierno Nacional introdujo modificaciones sustanciales en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
A través del Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo redefinió qué compañías califican como proveedores locales, ordenó los plazos de inversión y flexibilizó las reglas para reorganizaciones societarias e ingreso de divisas.
El cambio más resonante apunta directamente al entramado productivo: a partir de ahora, cualquier empresa de capitales extranjeros que esté constituida y tenga domicilio legal en la Argentina podrá ser considerada formalmente como proveedora local dentro de los proyectos adheridos al régimen.
Nuevo criterio para proveedores locales y plazos de inversión
Con datos de Noticias Argentinas y Runrun Energético, la nueva norma establece que, en el caso de las personas jurídicas, el carácter de proveedor local dependerá exclusivamente de su constitución y domicilio en territorio argentino, dejando de lado la nacionalidad o residencia de sus accionistas y la composición de su capital social. De este modo, se busca agilizar la integración de firmas radicadas en el país, aunque se mantiene intacta la exigencia de que los bienes suministrados cumplan con las reglas de origen nacional del MERCOSUR.

En paralelo, para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, el decreto sustituye el inciso i) del artículo 47 y fija una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global en activos computables exigido al proyecto único. Esta precisión permite diferenciar el cumplimiento de la inversión global respecto de los compromisos previstos para cada etapa individual, eliminando superposiciones normativas entre los hitos parciales y la meta final.
Fusiones, cesión de acciones y reglas del Banco Central para divisas
La reglamentación también ordena los movimientos societarios dentro de los Vehículos de Proyecto Único (VPU). Por un lado, aclara que la compra de acciones o cuotas de un VPU por parte de terceros no modifica los beneficios adquiridos bajo el régimen, pero tampoco podrá computarse como inversión en activos computables para alcanzar los pisos mínimos exigidos.
A su vez, se habilita la cesión de participaciones o la incorporación de nuevos integrantes: la operación deberá notificarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción, mientras que el organismo dispondrá de 30 días corridos para presentar eventuales observaciones. También se autoriza la reorganización empresarial mediante la transferencia integral de activos y obligaciones hacia una Sociedad Anónima (SA) o una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), operación que conservará la fecha de adhesión original y todos sus derechos sin tramitarse como un ingreso nuevo al RIGI.
Por último, el decreto adecua las disposiciones del Banco Central (BCRA) vinculadas al acceso al mercado de cambios. Desde ahora, podrán computarse como divisas liquidadas no solo las ingresadas directamente por el VPU, sino también aquellas originadas en aportes de no residentes o endeudamientos externos liquidados por accionistas o socios, siempre que los recursos se apliquen de manera efectiva al Proyecto Único y cuenten con respaldos contables que aseguren su plena trazabilidad.
