La sanción unánime en el Senado de una normativa permanente para proteger prestaciones y pensiones abrió un nuevo foco de tensión dentro del oficialismo.
Mientras el Ejecutivo evita confirmar cuándo firmará el decreto reglamentario, los antecedentes recientes de leyes congeladas por falta de partidas reavivan las sospechas de un choque interno con el año electoral en el horizonte.
La aprobación por unanimidad de la Ley Permanente de Discapacidad —que sostiene los beneficios de la emergencia del sector— tiene una contracara decisiva:su reglamentación. La eventual demora del decreto o el diseño de su letra chica representan una ventana de oportunidad para el ala más dura del Gobierno, encabezada por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, con el objetivo de frenar su aplicación efectiva.
Antecedentes de 2025 y el pulso interno con Patricia Bullrich
Por el momento, en la administración libertaria no brindan precisiones sobre cuándo verá la luz el decreto que pondrá en marcha la norma.
Sin embargo, existen antecedentes cercanos de leyes sancionadas por el Congreso que, por su impacto fiscal, quedaron paralizadas en la instancia reglamentaria: en 2025, el presidente Javier Milei promulgó las normas de emergencia pediátrica, financiamiento universitario y emergencia en Discapacidad —antecedente directo del texto votado el jueves en la Cámara alta— pero sin asignarles partidas presupuestarias, argumentando en aquel momento que los legisladores no habían establecido fuentes de financiamiento ni contemplado los recursos en el Presupuesto Nacional.
Detrás de esa postura fiscalista aparece nuevamente la figura de “Toto” Caputo, férreo defensor del superávit y señalado dentro del propio oficialismo como el principal impulsor de los recortes en el área de discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.
Esas modificaciones despertaron el rechazo de la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich, quien promovió en respuesta una iniciativa que recuperó los beneficios de aquella emergencia resistida por la Casa Rosada. Con el calendario electoral cada vez más próximo, cualquier demora o recorte en la reglamentación promete abrir otro frente de disputa para la senadora frente al Ejecutivo.
Pensiones, empleo, auditorías y el plazo de 30 días que establece la ley
El proyecto cosechó un amplio respaldo en la Cámara alta, donde el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, justificó la creación de una norma permanente en lugar de extender la emergencia por un año más como reclamaban las organizaciones del sector: «La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo».
Entre los puntos centrales de la normativa sancionada se destacan:
-
Compatibilidad laboral: permite cobrar una pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— junto con un trabajo registrado o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles, alcanzando a quienes posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
-
Aranceles y cobertura médica: mantiene el principio de nomenclador único, asegura la actualización automática y periódica de los aranceles según la movilidad jubilatoria vinculada al IPC y garantiza la cobertura básica del programa federal Incluir Salud para los beneficiarios de la pensión.
-
Resguardo presupuestario: dispone que los fondos asignados al Ministerio de Salud no puedan ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio fiscal previo.
-
Controles y deudas a prestadores: instaura auditorías periódicas mediante el cruce de datos entre ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) bajo el debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria con un cronograma para saldar compensaciones adeudadas a prestadores, fijando un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo dicte la reglamentación.
De este modo, el reloj de los 30 días ya corre para la Casa Rosada, donde la definición del decreto reglamentario pondrá a prueba el equilibrio entre el ajuste fiscal que defiende Caputo y el compromiso político asumido en el Senado.
