Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 el apartamiento de Sergio Felipe Pejkovic, el perito tasador designado por la expresidenta Cristina Kirchner para intervenir en el proceso de decomiso de bienes de la causa Vialidad.
De acuerdo con la presentación del Ministerio Público Fiscal, el pedido se sustenta en la detección de presuntos vínculos comerciales entre el profesional y el empresario Lázaro Báez, también condenado en el expediente.
Según lo expuesto por los fiscales, Pejkovic es titular de una inmobiliaria en Río Gallegos y su nombre apareció en una escucha telefónica incorporada en otra causa judicial que investiga si Báez continúa administrando y explotando su patrimonio desde la cárcel. De acuerdo con los elementos reunidos en esa pesquisa e intercambiados entre ambas fiscalías, el tasador habría administrado propiedades del empresario y mantendría contacto con uno de sus principales hombres de confianza.
Ante este escenario, Luciani y Mola requirieron al tribunal que Pejkovic informe qué relación mantiene con Báez, su familia, sus empresas y su entorno, y solicitaron que, de manera preventiva, sea excluido de las inspecciones y valuaciones de los inmuebles vinculados al empresario. «La cuestión aquí no radica en que Pejkovic sostenga la posición de la condenada que lo designó, sino en que presentaría un interés propio y vínculos con un tercero —el condenado Báez— cuyos bienes son precisamente los que deberá tasar», argumentaron los representantes del Ministerio Público, quienes ya habían advertido previamente sobre un eventual conflicto de intereses capaz de incidir en el alcance de la ejecución patrimonial.
Demora en el decomiso por casi $685.000 millones
En paralelo al pedido de recusación, los fiscales solicitaron que el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema informe el estado de avance de las valuaciones ordenadas hace un año por el Tribunal Oral Federal 2, órgano a cargo de ejecutar la condena y el decomiso.
De la finalización de esas tasaciones depende la ejecución patrimonial cuyo monto actualizado asciende a casi $685.000 millones, suma por la cual Cristina Kirchner y Lázaro Báez deben responder de manera solidaria según lo dispuesto en el expediente.
Los inmuebles y empresas alcanzados en Santa Cruz
Según el detalle que obra en el proceso de decomiso, los bienes bajo análisis incluyen activos de alto valor en El Calafate y Río Gallegos, además de sociedades vinculadas a los condenados:
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Predios y hoteles en El Calafate: Figura un terreno de 6.001,64 metros cuadrados sobre la avenida 17 de Octubre al 800 (departamento Lago Argentino) adquirido en 2007, junto con otros lotes incorporados ese mismo año de 44.106 y 87.046 metros cuadrados, y parcelas adquiridas entre fines de 2007 y febrero de 2008. También integra el listado el complejo hotel Los Sauces Casa Patagónica —emplazado sobre un terreno de Los Sauces SA, donde se ubica la «Casona», y los predios 42-C 5-j y quinta 10A, en condominio entre Máximo y Florencia Kirchner—, así como un lote de 16.189 metros cuadrados comprado en 2008 donde luego se edificó el hotel Las Dunas.
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Propiedades y departamentos en Río Gallegos: Se incluyen once unidades en Mitre 535 adquiridas por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007 mediante un fideicomiso, otros diez departamentos sobre Mitre al 500 cedidos posteriormente a Máximo y Florencia Kirchner, un inmueble en 25 de Mayo 255 comprado el 6 de septiembre de 2010 y otro en avenida Presidente Néstor Kirchner 490, incorporado el 22 de septiembre de 2006.
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Sociedades comerciales: El fallo alcanza además bienes de empresas vinculadas a Báez —como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Los Calzo y Del Curto— y de otros condenados, ejecutables de manera subsidiaria si los activos principales no cubren el monto fijado.
