El debate sobre los límites entre la libre opinión y la desinformación digital encendió una dura batalla política en el norte argentino.
Mientras avanza en la Legislatura tucumana una iniciativa destinada a frenar los contenidos manipulados en tiempos de votación, los referentes libertarios salieron con los tapones de punta a denunciar un intento de mordaza judicial, desatando una inmediata y filosa réplica desde el peronismo.
La Libertad Avanza de Tucumán expresó su “profunda preocupación” y se declaró en “estado de alerta” frente al proyecto impulsado por la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse para sancionar la difusión de información falsa en campañas electorales.
«No nos van a callar»: la dura denuncia de La Libertad Avanza
A través de un comunicado titulado “La libertad no se negocia. No nos van a callar”, el espacio libertario advirtió por el avance de la iniciativa —que ya obtuvo dictamen de comisión— al señalar que «pretende establecer mecanismos judiciales para intimar a ciudadanos a eliminar publicaciones, opiniones o videos de las redes sociales».
Para la fuerza política, la propuesta «representa una grave amenaza contra la libertad de expresión y de prensa, y un preocupante avance sobre los derechos y garantías constitucionales de todos los tucumanos».
En ese pronunciamiento, consideraron «inadmisible que sea el mismo Gobierno Provincial, mediante un juez, quien pueda determinar qué se puede decir y qué no de manera completamente arbitraria», sosteniendo que esa postura «va en contra de toda Ley ya establecida y vulnera un derecho primario de cada persona que habita no sólo el suelo tucumano, sino el suelo argentino».
Tras recordar que «en la República Argentina, la división de poderes es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático» y que cualquier ciudadano afectado ya dispone de vías judiciales ordinarias, remarcaron que «no resulta necesario crear nuevos mecanismos que puedan convertirse en instrumentos de censura o intimidación; y sobretodo un artilugio para ejercer la censura de manera elegante», concluyendo que condicionar la palabra desde el Legislativo «constituye un hecho de enorme gravedad institucional».
La réplica de Vargas Aignasse: inteligencia artificial y parodia a salvo
Frente a las críticas, Carolina Vargas Aignasse salió al cruce desde su cuenta en la red social X y marcó una tajante diferencia conceptual: «La libertad de expresión es un derecho constitucional. La mentira deliberada para manipular a los ciudadanos con inteligencia artificial no puede confundirse con ese derecho».
La parlamentaria apuntó directamente contra el espacio libertario: «Resulta llamativo que La Libertad Avanza denuncie censura cuando existen antecedentes documentados de circulación de noticias falsas, videos manipulados y operaciones de desinformación electoral en redes sociales, incluso desde espacios vinculados a su propio sector político».
Además,aclaró que el texto «no busca perseguir opiniones ni silenciar críticas. Busca sancionar la difusión intencional de contenidos falsos o manipulados que puedan engañar a los ciudadanos y alterar el desarrollo de una elección»,precisando que tanto la libertad de expresión como la sátira y la parodia política quedan expresamente resguardadas en el articulado, y sentenció: «La democracia necesita libertad de expresión, pero también ciudadanos que puedan decidir sin ser engañados».
