Un duro revés judicial sacudió los cimientos de la conducción del fútbol argentino en una causa sensible por presunto lavado de activos.
Lejos de quedar concentrada en los tribunales bonaerenses como pretendía la defensa de los dirigentes involucrados, la pesquisa por una lujosa propiedad millonaria volverá al fuero federal porteño tras una contundente intervención del máximo tribunal del país.
La Corte Suprema de Justicia resolvió quitarle al juzgado federal de Campana el expediente por la Mansión de Pilar vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ordenó que regrese a los tribunales de Comodoro Py, quedando a cargo del Juzgado Federal N° 3 del juez Daniel Rafecas.
El fallo de los supremos y la trama por US$ 20 millones
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al recurso de queja presentado por Mario Alberto Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, quien había objetado que la competencia quedara en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay.
Villar había sufrido un revés previo en octubre de este año, cuando la Sala I de Casación declaró inadmisible su planteo para trasladar el expediente,pero finalmente logró revertirlo ante el máximo tribunal.
El caso investiga un presunto lavado de dinero detrás de la adquisición de una fastuosa propiedad en Villa Rosa, Pilar,valuada en más de US$ 20 millones y con una extensión de 105.000 metros cuadrados. El inmueble figura a nombre del monotributista Luciano Pantano y de su madre, la jubilada Ana Conte, señalados como supuestos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, dado que sus ingresos declarados no guardan relación con semejante patrimonio.
La resolución significa un duro golpe para la estrategia de la entidad encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, que buscaba unificar en Campana los distintos expedientes que lo involucran.
Duras críticas al trámite y los vínculos con territorio porteño
En su resolución, los jueces de la Corte explicaron que intervinieron para “encauzar el litigio y corregir los excesos deformantes de su trámite” y lanzaron una severa advertencia institucional: “La garantía de juez natural se ha visto afectada de modo severo e inequívoco a través de una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable”.
Aunque el envío a Campana se había fundamentado en la ubicación física de la finca, el tribunal remarcó que existen “elementos objetivos suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,recordando que Real Central SRL —la firma mediante la cual se habría comprado la propiedad— tiene domicilio porteño, que allí se firmó la escritura y que la propia AFA tenía su sede en la capital al momento de los hechos.
Asimismo,calificaron el caso como una pesquisa compleja sobre un “presunto entramado societario y financiero” que excede ampliamente el inmueble en sí, y reprocharon a Casación haber pasado por alto los planteos del Ministerio Público Fiscal sobre la competencia territorial porteña.
