Con una actividad fabril que acumula 22 meses consecutivos de caída del empleo y empresas que reclaman alivio frente a los productos importados, la reducción de la carga tributaria se perfila como uno de los principales debates económicos de 2027, aunque el margen fiscal de los gobernadores condiciona el alcance de cualquier entendimiento.
La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó el 3 de noviembre, durante la 32ª Conferencia Industrial, un Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial a seis años que apunta a reducir gradualmente hasta eliminar Ingresos Brutos y los regímenes de retenciones y percepciones sobre la manufactura. Sin embargo, economistas de IARAF, Idesa y IERAL advierten que la caída real del 4% al 5% en la recaudación provincial de ese tributo y los menores giros nacionales dejan poco espacio para rebajas generalizadas el próximo año.
Qué propone el pacto fiscal de la UIA y cuál es el diagnóstico del sector
El jefe del Departamento Tributario de la entidad, Carlos Abeledo, explicó que la estrategia actual pasa por articular con las uniones industriales provinciales ante los gobernadores antes de la sanción de las leyes impositivas de diciembre —además de haber acercado el plan al secretario de Hacienda, Carlos Guberman— en un escenario donde la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026 alcanzó el 438% contra un 156% en los precios mayoristas industriales, y donde los rubros textil y metalmecánico concentraron más de la mitad de los puestos perdidos desde agosto de 2023.
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Ingresos Brutos y tasas municipales: reducción progresiva hasta la exención industrial o compensación con IVA, y vinculación de las tasas locales con los servicios efectivamente prestados.
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Impuestos nacionales: cómputo del 95% de las contribuciones patronales como crédito fiscal de IVA, baja de Ganancias para sociedades del 35% al 25%, descuento gradual del Impuesto al Cheque hasta su eliminación, amortización acelerada y Cuenta Única Tributaria.
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Debate técnico sobre el efecto cascada: mientras Nadin Argañaraz (IARAF) estima que en 2027 las provincias apenas actualizarán escalas de facturación, Jorge Colina (Idesa) sostuvo que rebajas parciales no corrigen el «efecto cascada» de Ingresos Brutos ni el encarecimiento del crédito, y Marcelo Capello (IERAL) propuso reemplazarlo a futuro por un impuesto a las ventas finales y eliminar cobros anticipados que generan saldos a favor, como ocurrió en Misiones.
El mapa provincial y la oferta de Luis Caputo por el impuesto de Sellos
Mientras Catamarca, Neuquén, San Juan y Santa Fe comprometieron o evalúan medidas de alivio, Santa Fe (gestión de Maximiliano Pullaro) destacó exenciones vigentes por $80.000 millones —con descuentos de hasta el 30% de la energía eléctrica y deducción de nuevos salarios industriales, vinculados a 9.000 empleos— aunque aclaró que en 2027 mantendrá el esquema sin nuevas bajas; en paralelo, Córdoba otorga exenciones del 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario por diez años (quince en parques industriales) a unas 4.000 de sus 6.000 industrias y proyecta bajar la alícuota general de comercio y servicios del 4,75% al 3,5% con un costo de $64.886 millones.
En el plano nacional, el ministro Luis Caputo anunció facilidades de pago, suspensión temporal de embargos a pymes y compensaciones aduaneras, y presentó formalmente este viernes ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI) en San Juan —a través de Carlos Guberman y Gustavo Coria— una propuesta para eliminar el impuesto de Sellos (que recauda entre $4 billones y $5 billones anuales, equivalentes al 0,4% o 0,5% del PBI), mediante la cual la Nación compensaría el 50% de los recursos resignados a las provincias adheridas al RIGI y al REOR, iniciativa que aún espera la aceptación de los mandatarios provinciales.
