La mesa política del Poder Ejecutivo nacional volverá a sesionar este martes a las 11 en la Casa Rosada con el propósito de ordenar la estrategia parlamentaria frente a una jornada legislativa decisiva.
La reunión estará conducida por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contará con la participación confirmada de Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, cuya presencia adquiere especial relevancia en medio de las versiones que circulan sobre su futuro político dentro del espacio oficialista.
El encuentro en Balcarce 50 se desarrollará apenas unas horas antes de que la Cámara alta inicie el debate formal en comisión del proyecto de Reforma Electoral. De acuerdo con el cronograma legislativo, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá desde las 15 en el Salón Arturo Illia para avanzar con la firma del dictamen de la iniciativa que ingresó al Congreso el pasado 22 de abril, paso indispensable para que el oficialismo logre llevar la propuesta al recinto antes de finalizar el año.
El rol de la Unión Cívica Radical y el debate por las colectoras
El oficialismo arriba a esta instancia tras semanas de negociaciones reservadas con los bloques dialoguistas y los mandatarios provinciales, una tarea que estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para reunir las adhesiones necesarias. No obstante, aún persisten diferencias técnicas y políticas en torno a diversos artículos del borrador que circula entre los despachos de los senadores.
Uno de los factores determinantes de la jornada será la postura que adopte la Unión Cívica Radical (UCR), cuyos representantes en la Cámara alta mantendrán una reunión interna una hora antes del comienzo de la comisión para definir si acompañan el despacho impulsado por el Ejecutivo. Entre las modificaciones bajo análisis figura la posibilidad de habilitar hasta dos listas legislativas de distintas agrupaciones políticas adheridas a una misma fórmula presidencial dentro de la Boleta Única de Papel (BUP), una modalidad anteriormente conocida como sistema de colectoras que permitiría sumar respaldos partidarios múltiples a una misma candidatura nacional.
Diferencias en torno al alcance de Ficha Limpia
Otro de los capítulos que genera debate entre el oficialismo y los sectores aliados es la incorporación de la cláusula de Ficha Limpia. La redacción actual del proyecto establece la prohibición de competir en elecciones nacionales para aquellas personas que cuenten con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior a la realización de los comicios.
Si bien existe consenso general sobre el espíritu de la norma, distintos bloques aliados manifestaron su intención de mantener abierta la discusión sobre los alcances y plazos de este apartado. De hecho, varios legisladores plantearon la posibilidad de continuar negociando eventuales modificaciones al texto incluso después de que la iniciativa obtenga el dictamen de mayoría y quede habilitada para su tratamiento en el recinto.
Suspensión de las PASO, financiamiento partidario y Parlasur
Más allá de las negociaciones puntuales, el eje central del proyecto oficialista consiste en la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para el calendario electoral de 2027. Con esta medida, el Gobierno busca eliminar la instancia de selección previa obligatoria y reconfigurar las reglas de competencia entre las fuerzas políticas.
En paralelo, la reforma introduce cambios sustanciales en el régimen económico de los partidos al modificar la distribución del Fondo Partidario Permanente, proponiendo que el 20% de los recursos se reparta en partes iguales entre las agrupaciones y el 80% restante se asigne de forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección. Asimismo, el texto amplía las restricciones vigentes sobre las donaciones y los aportes privados a las campañas, y altera el mecanismo de designación de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur), quienes dejarían de ser elegidos mediante el voto popular directo para pasar a ser nombrados entre los propios legisladores nacionales.
