El reloj parlamentario entra en su etapa más decisiva y los pasillos del Congreso arden con negociaciones de último momento.
Sin margen reglamentario para más dilaciones, el Gobierno nacional acelera a fondo las gestiones políticas con bloques aliados y gobernadores para asegurar las firmas necesarias que permitan destrabar la hoja de ruta económica del próximo año y llegar al recinto sin sobresaltos.
La comisión de Presupuesto y Hacienda —presidida por el diputado Bertie Benegas Lynch— abrirá sus puertas este martes a las 16 horas con el objetivo expreso de firmar el dictamen del proyecto de Presupuesto 2027, preparando el escenario para sesionar en la Cámara Baja el próximo miércoles 25.
Acuerdos clave con el PRO, la UCR y la pulseada por discapacidad
La urgencia oficialista responde al artículo 106 del reglamento interno, que fija como fecha límite el 20 de noviembre para dictaminar dentro del período ordinario. Con una base de consensos que le permitiría obtener el despacho de mayoría con holgura, el Ejecutivo acercó posiciones con el PRO tras acordar la prórroga de las leyes de autopartismo con beneficios fiscales para firmas nacionales.
Asimismo, el jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, celebró el aval al endeudamiento del Gobierno porteño con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y los avances por la deuda de coparticipación de la Ciudad.
En paralelo, estaría garantizado el financiamiento para la nueva ley de discapacidad —cuya sanción definitiva aguarda en el Senado—, un punto sensible donde el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, resiste casi en soledad dentro del Gabinete ante el temor oficial de que cualquier modificación haga caer toda la iniciativa.
Por su parte, la UCR acompaña las líneas generales del texto, aunque insiste en elevar el presupuesto universitario: el Gobierno asignó 7,3 billones de pesos, una cifra distante de los 11 billones reclamados por los rectores. En tanto, el titular de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, firmará el dictamen oficialista con disidencias parciales, mientras que la postura de los dos diputados de Provincias Unidas —que rara vez votan en bloque— cobrará real peso recién al momento de definir la votación en el recinto.
El reclamo de los gobernadores: combustibles, cajas y biocombustibles
La rosca política con las provincias mantiene abiertos varios frentes de negociación paralelos. Los mandatarios provinciales presionan para reducir el impuesto a los combustibles líquidos, argumentando que la Nación no destina esa recaudación al mantenimiento de rutas para el cual fue creado.
A su vez, el ministro del Interior, Diego Santilli, negocia con el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio una rebaja en el impuesto al huevo y sus derivados impulsada por el PRO,sumándose al paquete de discusión la reactivación de obras públicas y el pago de deudas para cubrir los déficits de las cajas jubilatorias de 13 provincias.
Finalmente, un grupo de gobernadores integrado por Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir(Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) exige destrabar el debate de la Ley de Biocombustibles.
El proyecto permanece frenado en la Cámara Baja debido a las objeciones de legisladores de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, quienes buscan proteger a las pymes locales frente al peso de las grandes productoras santafesinas y cordobesas.
