En el marco de la discusión legislativa para asegurar los respaldos necesarios en el Senado, el Gobierno Nacional resolvió incorporar la habilitación de listas colectoras dentro del proyecto de reforma electoral, con el objetivo de reunir los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) antes de que finalice el mes.
El debate legislativo tendrá su instancia clave este martes a las 15:00 horas, cuando se reúna la comisión de Asuntos Constitucionales bajo la presidencia del senador Agustín Coto. A pedido de la Casa Rosada, el oficialismo buscará alcanzar el quórum y conseguir las 10 firmas indispensables para emitir dictamen sobre un borrador modificado que introduce cambios en las condiciones de competencia electoral.
Boleta Única con listas de adhesión y una Ficha Limpia ampliada
Según el texto preliminar elaborado por el oficialismo, el esquema propone permitir de manera excepcional exclusivamente para los próximos comicios la utilización de listas de adhesión o colectoras. De esta forma, en la Boleta Única Papel, una candidatura presidencial podrá llevar asociadas dos columnas para cargos legislativos nacionales: una correspondiente a la propia fuerza partidaria y otra perteneciente a una agrupación de distrito de distinto signo político que no respalde a otro postulante presidencial. Cada espacio presentará sus propias nóminas y los votos se computarán por separado.
Asimismo, el proyecto incorpora una versión modificada de Ficha Limpia. A diferencia de la propuesta impulsada por bloques dialoguistas como la UCR, el PRO y Provincias Unidas que buscaban insistir con el texto rechazado en el Senado en 2025 enfocado en delitos de corrupción, la iniciativa oficialista amplía la inhabilitación a cualquier persona con condena firme por delitos dolosos.
La normativa establece que no podrán postularse quienes registren una condena confirmada en segunda instancia dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, incluso si el fallo modifica la pena original. Si la confirmación judicial ocurriera a partir del 1° de enero del año electoral, la restricción se aplicará a partir de la finalización de dichos comicios.
Negociaciones parlamentarias y mapa de apoyos en el Senado
La redacción del borrador y las gestiones políticas estuvieron a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, luego de que la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, decidiera no participar de las tratativas.
Para obtener el dictamen en comisión, el oficialismo apunta a asegurar las 10 firmas necesarias contando inicialmente con ocho respaldos confirmados: seis senadores propios, el radical Eduardo Vischi y la cordobesa Alejandra Vigo. Para completar las firmas, busca sumar al radical mendocino Rodolfo Suárez y al correntino Carlos Espínola, mientras sectores como el radical catamarqueño Flavio Fama y Carolina Moisés analizan su postura definitiva a la espera de acuerdos con gobernadores provinciales.
Con la meta de alcanzar los 37 votos necesarios en el recinto para la sanción de la ley, el Ejecutivo confía en el entendimiento con mandatarios provinciales como Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Sáenz (Salta), además de gestionar el respaldo del gobernador misionero Hugo Passalacqua.
