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El Senado de Argentina debate este jueves una reforma impositiva por la que trabajadores de ingresos medios quedarán excluidos del pago del tributo a las Ganancias que pesa sobre los salarios.

El proyecto de ley, que el mes pasado ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, es impulsado por el oficialismo, pero cuenta con amplio respaldo de diversos bloques opositores.

Fuente: EFE

El proyecto de ley que exime del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos, junto con una iniciativa para reformar el régimen de Monotributo, serán debatidos este jueves en una sesión especial de la Cámara de Senadores, y se descuenta que serán convertidos en ley ya que ambas iniciativas cuentan con el respaldo del oficialismo y de la oposición.

La convocatoria a la sesión especial, prevista para las 14, fue publicada a pedido del bloque oficialista del Frente de Todos.

Ambos proyectos cuentan, tal como ocurrió en la Cámara baja, con el apoyo de Juntos por el Cambio, por lo que su sanción está prácticamente garantizada.

El proyecto para modificar el alcance del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos mensuales, también se extiende a los jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos.

Los trabajadores que cobren entre 150 mil y 173 mil pagarán el gravamen, pero la AFIP establecerá las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos.

Por otro lado, la reforma del régimen de Monotributo propone actualizar los topes de cada categoría y crea un puente para facilitar el ingreso de contribuyentes al régimen general.

La iniciativa contempla la actualización para las escalas y montos del Monotributo correspondientes al período 2020, que comenzarán a regir cuando la ley sea promulgada por el Poder Ejecutivo.

El Senado de la Nación prorrogó en ese cuerpo las medidas restrictivas anunciadas por el Poder Ejecutivo.

El Senado de la Nación prorrogó en ese cuerpo las medidas restrictivas anunciadas por el Poder Ejecutivo Nacional la semana pasada, con el objetivo de aminorar la expansión de la segunda ola de contagios por coronavirus, que se extenderán, en principio, hasta el viernes próximo.

A través de una Resolución Administrativa firmada por la titular del área, María Luz Alonso, la Cámara alta extenderá hasta el nueve de abril la decisión de mantener «la estricta y prioritaria prestación de servicios mediante la modalidad de trabajo» para los trabajadores del Senado de la Nación.

También se ratificó la continuidad de la modalidad de trabajo remoto para aquellas tareas que, por su naturaleza, puedan ser realizadas de forma domiciliaria.

La resolución excluye al personal requerido en áreas esenciales o de prestación de servicios indispensables a fin de garantizar el normal funcionamiento de las comisiones y el trabajo parlamentario y administrativo del Senado.

De hecho, la Cámara alta mantendrá las reuniones de comisiones previstas para esta semana y está previsto que este jueves se debata en sesión especial los proyectos de Ley sobre Impuesto a las Ganancias y Monotributo.

El proyecto de ley exime a los trabajadores que cobran hasta $ 150.000 brutos y los jubilados hasta ocho haberes mínimos. La reforma beneficiará a alrededor de 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedarán exentos del pago de este tributo el 93% de los actuales contribuyentes de la categoría.

El proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias se encamina a convertirse en ley. Tras ser aprobada el domingo pasado en la Cámara de Diputados, la iniciativa llega este martes al Senado donde comenzará a tratarse en comisiones. El objetivo del oficialismo es lograr la sanción la semana próxima.

Para este mediodía está previsto que -por videoconferencia- el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, exponga sobre la propuesta que beneficiará a 1,2 millones de trabajadores, en el marco de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta. El funcionario del Gabinete Nacional disertará desde las 12.30 junto al secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Mientras que el día miércoles, a partir de las 15, los legisladores de la Comisión de Presupuesto escucharán a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, quien dará precisiones sobre la reforma del régimen de Monotributo, también aprobada por Diputados en la madrugada del domingo.

El objetivo del Frente de Todos es que tanto el proyecto que modifica el mínimo no imponible a las Ganancias, elevando el piso a 150.000 pesos brutos, como el régimen de Monotributo obtengan dictamen antes de los feriados por Semana Santa para que sean debatidos la semana próxima. Según indicaron fuentes parlamentarias, la sesión especial sería el miércoles 7 de abril o el jueves 8, a más tardar.

La sesión del fin de semana pasado se extendió por más de 20 horas. Con 241 votos a favor y 3 abstenciones, la Cámara Baja aprobó la iniciativa de su presidente, Sergio Massa. Se espera que en el Senado el debate sea sensiblemente más corto. Es un hecho que contará con el acompañamiento de la oposición, por lo que estarían los números para lograr su sanción.

“En el Senado no va a tener problemas la ley. Hay una visión y un ánimo positivo, aunque siempre puede haber planteos”, graficaron. Y respecto de posibles pedidos de modificaciones del proyecto, desde el bloque oficialista indicaron que “no hará falta”, dado que fueron “tratando de consensuar con Diputados el proyecto de ley”, explicaron desde la Cámara Alta.

Las principales modificaciones que se introdujeron en Diputados y que se aprobarían en el Senado fueron:

1- Piso de $150.000

El proyecto sobre Ganancias que impulsa el oficialismo modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta $150.000 brutos.

Los trabajadores que cobren entre 150 mil y 173 mil pagarán ganancias, pero la AFIP establecerá las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos. La actualización del piso para estar exento de ganancias se ajustará por el RIPTE (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social), porque se dejó de lado el reclamo de la oposición de que se ajustara por el Índice de Precios al Consumidor (IPC, o inflación minorista) que elabora el Indec.

2- Cantidad de contribuyentes beneficiados

Esta medida -según los cálculos del oficialismo- beneficiará a 1.267.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo.

3- Aguinaldos

La otra modificación surge de la reunión que mantuvo el presidente de la Cámara Baja con una veintena de dirigentes sindicales. El impulsor del proyecto, Sergio Massa, escuchó los planteos de la CGT y, tras estudiar las sugerencias incluyó un cambio sobre el Sueldo Anual Complementario. Con la sanción de la Ley se eximirá del pago del tributo a los aguinaldos con base en sueldos de hasta 150 mil pesos.

4- Devoluciones

Como se trata de un impuesto anual será retroactivo al primero de enero, con lo cual se devolverá el dinero que se ha descontando de los salarios en el primer trimestre y se excluirá del calculo del gravamen el aguinaldo de los que están beneficiados con esta medida.

“Los mencionados beneficios, que fueron incorporados teniendo en cuenta pedidos de la CGT y legisladores tras mantener reuniones con el presidente de la Cámara, ya han sido validados con el Ministerio de Economía y AFIP”, transmitieron desde la Presidencia de Diputados a través de un comunicado. El impacto de la medida podría verse reflejado en los recibos de sueldo de abril.

5- Jubilados

La ley establece que un jubilado, para acceder al beneficio de no pagar Ganancias si gana menos de 8 haberes mínimos ($ 165.000), no puede tener otros ingresos distintos a la de la jubilación. Por caso, si tiene intereses de un plazo fijo pierde el beneficio. Se propone flexibilizar ese punto estableciendo un monto mínimo de ingresos por debajo del cual no se pierde el beneficio.

6- Concubinos

Hoy, la ley permite deducir para el impuesto a las Ganancias solamente al cónyuge. Se ampliará esa deducción al concubino o concubina. Para graficar este impacto, las fuentes mencionaron que en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires se verificaron 1.711 uniones convivenciales (13%) y 11.732 matrimonios (87%).

7- Zona patagónica

El proyecto incorporará un artículo que establezca que se mantiene vigente el beneficio del 22% adicional para la zona patagónica. Esto beneficia a cerca de 83.500 empleados y jubilados que pagarán el impuesto en esta zona, pero con una menor carga tributaria.

El Senado de Paraguay hace un pedido urgente a los gobiernos de Rusia, EE.UU., India, Taiwan y Reino Unido para ingresar más vacunas contra la covid-19. El pedido fue realizado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mientras el país vive una tensión creciente luego de seis días consecutivos de manifestaciones por el manejo que ha tenido el gobierno de la crisis sanitaria.

La comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Paraguay envió cartas de carácter urgente a los gobiernos de Rusia, EE. UU., Reino Unido, India y Taiwán. “Señor Embajador: nos complace enviarles nuestros cordiales saludos y exponer la difícil situación por la que está atravesando nuestro país ante el rápido avance de los contagios de la Covid-19, que ya ha enlutado a miles de familias paraguayas”, señala la carta firmada por los senadores de la comisión.

“Ante esta grave situación, deseamos apelar a la acostumbrada cooperación de su gobierno para la posibilidad de que nos instruyan y orienten en los pasos para la adquisición en carácter de urgencia de lotes de dosis de vacunas contra el COVID-19, e incluso apoyen con partidas que puedan destinar a nuestro país en carácter de asistencia temporal dada la urgencia del momento”, continúa el texto.

Las autoridades de Salud de la capital Asunción advirtieron sobre las “alarmantes estadísticas” por el aumento de casos y la creciente ocupación de camas y terapias. Hasta ahora, Paraguay cuenta con cuatro mil dosis de la Sputnik V (de un total de 1 millón de vacunas adquiridas), destinadas a inocular a dos mil trabajadores de primera línea en la lucha contra la covid-19. El pasado fin de semana también llegaron 20 mil dosis donadas por el gobierno chileno.

La administración del presidente Mario Abdo Benítez actualmente es señalada por el colapso hospitalario que se traduce en falta de medicamentos y suministros para el tratamiento de los pacientes de coronavirus. Ayer, el gobierno comunicó el estado de alerta roja sanitaria a nivel nacional, en base al incremento sostenido de contagios en los últimos días.Desde la oposición impulsan un juicio político contra el mandatario y su vicepresidente por los señalamientos de corrupción y falta de atención a las necesidades básicas de salud.

En la última semana la ciudadanía paraguaya realizó manifestaciones diarias para protestar la gestión sanitaria de la actual administración. También exigen la renuncia de Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado. El mandatario, por su parte, decidió realizar cambios en el gabinete de ministros. Después del primer día manifestaciones, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, presentó su renuncia tras una declaración del Senado que reclamaba su dimisión del cargo. En las jornadas siguientes, Abdo Benítez continuó con los apresurados cambios y reemplazó al ministro de Educación y a la ministra de la Mujer.

La renuncia más reciente vino del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich. El titular del IPS dimitió de su cargo luego de denuncias por presunto desvío de medicamentos mientras el país atraviesa un colapso sanitario por falta de insumos. La gestión de Gubetich entró al radar de la Fiscalía por denuncias de familiares de pacientes en cuidados intensivos internados en hospitales públicos. Los familiares afirmaron haber comprado fármacos costosos del vademécum del IPS, a pesar de que los mismos son de distribución gratuita para los pacientes del sistema de previsión social.
El ministerio de Salud registró más de dos mil contagios, 1.250 hospitalizados en sala y 324 en cuidados intensivos, las cifras más altas de la pandemia desde que en marzo de 2020 se detectara el primer caso.

Fuente: Página 12

El Senado de EE.UU. retomó este viernes poco antes de la medianoche la aprobación del rescate de 1,9 billones de dólares para hacer frente a la devastación económica provocada por la pandemia tras más de 12 horas de bloqueo en la Cámara Alta por negociaciones de última hora en las filas demócratas.

El protagonista de la negociación fue el senador Joe Manchin, el más cercano a los republicanos entre los demócratas, que impugnó la propuesta de subsidios de desempleo que llevaba el proyecto de rescate y pareció alinearse por momentos con la oposición.

La vicepresidenta hará su alegato a las 10:30 horas y será transmitido en directo desde el Senado. Luego de esta instancia, Casación Penal tendrá que decidir si accede al pedido de la defensa de la ex mandataria, que busca desligarse de la causa.

Cristina Kirchner declarará este jueves vía zoom desde el Senado en la causa dólar futuro y lo podrá ver todo el país. La Cámara Federal de Casación Penal autorizó la transmisión en directo de la audiencia pero denegó un reclamo de la vicepresidenta para que se le permita asistir de manera presencial a Tribunales.

Según publica MinutoUno, la causa despertó cuestionamientos desde el primer momento y en agosto pasado, al presentarse la pericia contable del cuerpo de peritos de la Corte, sumó una prueba contundente sobre la inexistencia de delito: el informe pericial establecido que en la operatoria en el mercado de futuros del año 2015 por parte del BCRA nunca hubo perjuicio para el Estado.

Este lunes, Cristina Fernández de Kirchner solicitó estar presente en la audiencia y que la misma fuera transmitida en vivo. Los jueces fueron parcialmente lugar al reclamo de la vicepresidenta, ya que habilitaron la trasmisión en tiempo real, pero no aceptaron que las partes concurran de forma presencial.

La causa por dólar futuro fue la primera que llevó a Cristina Kirchner a indagatoria: se la acusa de haber vendido dólares a un precio de diez pesos, cuando en la realidad cotizaba a 14 o 15.

El caso está en manos del Tribunal Oral Federal 1 , que aún no fijó fecha de audiencia para el juicio y en base a un peritaje las defensas pidieron el sobreseimiento, al considerar que no existió perjuicio ni para el Banco Central ni para el Estado Nacional.

El ministro del Interior destacó que, con la aprobación por parte del Senado del Consenso Fiscal acordado con los gobernadores, las provincias van a «recuperar los fondos necesarios para fortalecer su autonomía y reactivar la economía».

Desde su cuenta de Twitter, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, posteó: “El Senado aprobó el Consenso Fiscal que firmamos con los gobernadores y gobernadoras en diciembre pasado. Con este acuerdo, las provincias recuperan fondos necesarios para fortalecer su autonomía y reactivar la economía, y sentamos las bases para la Reconstrucción Argentina”.

Asimismo, agregó: “El Congreso confirma con fuerza de ley lo que explicamos en numerosas oportunidades: Los recursos que acompañan toda transferencia de servicios no se distribuyen por el régimen de coparticipación federal. Es el caso de los fondos que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el traspaso de la policía”.

Ayer, el Senado aprobó iniciativas giradas por el Poder Ejecutivo que buscan impulsar la reactivación económica y que incluyen el Consenso Fiscal firmado entre el Gobierno nacional y las provincias y una serie de incentivos tributarios para el sector de la construcción.

Serán ratificados en sus cargos la peronista santiagueña Claudia Ledesma de Zamora como Presidenta Provisional; el opositor porteño Martín Lousteau como vicepresidente; el oficialista misionero Maurice Closs como vicepresidente primero; y la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado como vicepresidenta segunda.

El Senado de la Nación llevará a cabo hoy miércoles 24 desde las 14, la sesión preparatoria que se realiza cada año en febrero para elegir a las autoridades de la Cámara alta, según lo establecen los estatutos reglamentarios.

Una hora después, en tanto, los legisladores celebrarán una sesión especial solicitada la semana pasada por el bloque oficialista del Frente de Todos.

La llamada «preparatoria» servirá para ratificar a las actuales autoridades de la Cámara alta: la peronista santiagueña Claudia Ledesma de Zamora como Presidenta Provisional; el opositor porteño Martín Lousteau como vicepresidente; el oficialista misionero Maurice Closs como vicepresidente primero; y la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado como vicepresidenta segunda.

Además, los legisladores votarán por mantener en sus puestos a Marcelo Fuentes como secretario parlamentario, a María Luz Alonso como secretaria administrativa y a Juan Tunessi como prosecretario parlamentario.

A continuación, de acuerdo con el Decreto Presidencial 07/21, los legisladores llevarán la segunda sesión especial del año para debatir una serie de proyectos de ley que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados, así como los acuerdos para designar a embajadores.

Previamente, el oficialismo pretende que se le tome juramento al reemplazante del fallecido senador riojano Carlos Menem: el exministro de Hacienda provincial Ricardo Guerra, luego de que la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López, renunciara a ocupar la banca en el Senado.

Tras la negativa de López, la representación de esa provincia en la Cámara alta quedará a cargo de Guerra, el primer candidato suplente.

Sin embargo, podría abrirse en las próximas horas una controversia legal si la gremialista Ilda Lucero, que en 2017 fue la segunda suplente, reclama ese lugar ante la justicia -tal como adelantó que lo haría- con el argumento de que, al renunciar a tomar la banca la vicegobernadora, correspondería que la ocupe otra mujer.

Más allá de que se le tome o no juramento a Guerra, el Senado aprovechará para rendir un homenaje al expresidente Carlos Menem, quien falleció el 14 de este mes a los 90 años.

Durante la sesión especial, los senadores debatirán proyectos vinculados con incentivos para el sector de la construcción y para la ciencia y la tecnología, el consenso fiscal firmado entre el Gobierno y las provincias, un resarcimiento para los familiares del submarino ARA San Juan y los pliegos con las designaciones de los embajadores de Cuba, Luis Ilarregui; de Bolivia, Ariel Basteiro, y de China, Sabino Vaca Narvaja.

El Senado buscará sancionar la semana próxima el proyecto de ratificación del Consenso Fiscal 2020, que recibió hoy dictamen favorable en comisión y otorga $ 70.000 millones a las provincias para reactivar sus economías, limita el aumento de la deuda púbica y suspende los procesos judiciales por la distribución de la coparticipación federal.

El acuerdo fiscal suscripto por el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales el 4 de diciembre pasado, en un acto que se realizó en la Casa Rosada, será incluido en el temario de convocatoria al período de sesiones extraordinarias, que quedará abierto mañana cuando los senadores debatan una reforma a la Ley de Defensa del Consumidor.

Todas las provincias firmaron el convenio, excepto San Luis y La Pampa, que brindaron su apoyo pero no rubricaron el documento porque tampoco habían adherido al anterior pacto fiscal.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enfrentada con el Gobierno nacional por la reasignación de fondos coparticipables, tampoco adhirió a la norma por decisión del jefe del distrito, Horacio Rodríguez Larreta.

En una videoconferencia que se realizó de la Comisión de Presupuesto, el presidente del cuerpo, Carlos Caserio (Frente de Todos), destacó que «el consenso es una herramienta muy importante en un año que seguirá siendo duro», y resaltó la importancia del fortalecimiento de la interrelación Provincias-Nación.

Caserio también puso de relieve que el acuerdo contempla la posibilidad de que «las alícuotas tengan un máximo» y señaló que «es una limitación a lo que cada provincia puede hacer».

«Hay una serie de normas por las cuales se busca mayor consenso administrativo para ir ajustando la recaudación nacional y provincial», subrayó.

El jefe de la bancada del oficialismo, José Mayans, dijo por su parte que su bloque acompaña la norma porque la meta debe ser lograr «una coordinación entre el gobierno nacional y las provincias».

«Estos pactos fiscales tienden a resolver los problemas fiscales que tiene el país», añadió. Mayans remarcó finalmente que «el tema central es cómo se conseguirá estabilizar las cuentas públicas tanto a nivel nacional como provincial».

Desde el radicalismo, el senador nacional Victor Zimmermann (Chaco) manifestó su «preocupación» porque en el texto, dijo, «no hay ninguna recomendación respecto al comportamiento del gasto».

«Es importante hablar de la calidad del gasto e inclusive hacer algunas recomendaciones para seguir fortaleciendo el sistema sanitario», consideró.

Por su parte, el senador Julio Martínez (UCR La Rioja), dijo que «durante los cuatro años del Gobierno de Cambiemos las provincias tuvieron superávit. Cuando asumimos había 14 provincias que no podían pagar aguinaldos y 17 en déficit, y cuando terminamos el gobierno la mayoría estaba en equilibrio», y cuestionó a las diferentes gestiones por «asfixiar» a los municipios, como la capital riojana.

El acuerdo fiscal establece que en el 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera, respecto de los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.

Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, o con acreedores institucionales siempre que estos últimos otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.

Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

Otro punto central del acuerdo estará vinculado con las demandas judiciales, y establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

La velocidad de esa recuperación dependerá de la normalización de las regulaciones en el mercado de trabajo, así como de incentivos concretos a la inversión, el crédito y una disminución de la presión fiscal al sector formal de la economía.

Fuente: Radio 3.