La causa judicial que sacudió al poder político tras el escándalo del lujoso viaje en el Mediterráneo sumó un capítulo clave en los tribunales federales.
Cuando parecía que los peritos iban a poner la lupa sobre las comprometedoras grabaciones donde aparecen pilas de billetes estadounidenses ocultos en una residencia privada, una resolución judicial puso en pausa el análisis técnico a la espera de una definición superior.
El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte resolvió frenar el peritaje de los videos de Jésica Cirio con fajos de dólares en el expediente contra su expareja Martín Insaurralde, haciendo lugar a un planteo de la defensa del exintendente mientras la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata define si esas imágenes tienen validez legal como prueba.
La disputa judicial por los billetes ocultos en San Vicente
El expediente, que investiga los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, atraviesa un fuerte tironeo procesal. Tanto los abogados de Insaurralde como los de la modelo reclamaron que los registros fílmicos sean excluidos de la causa, pero el fiscal Sergio Mola rechazó ese pedido.
Frente a esa negativa, la defensa de Cirio apeló ante la Cámara platense, que todavía no emitió un fallo definitivo; recién si los camaristas los declaran aptos como evidencia,se reanudará el estudio para calcular cuánto dinero había en escena.
Las grabaciones, que habían tomado estado público a través de distintos medios, muestran a Cirio dentro de la mansión que compartió con el exjefe de Gabinete bonaerense en el country Fincas de San Vicente, recorriendo un sector tipo vestidor donde se observan fajos de dólares escondidos debajo de la ropa.
Posteriormente, la Fundación Apolo acercó el material a la Justicia en un pendrive, lo que llevó a que en septiembre de este año Rodríguez Ponte ordenara una pericia destinada a verificar la autenticidad de los archivos, su fecha de creación y si sufrieron algún tipo de edición o manipulación.
La ofensiva de Fundación Apolo y Poder Ciudadano
Mientras se aguarda la palabra de la Cámara Federal de La Plata, las entidades que impulsan la pesquisa redoblaron la presión para que las imágenes no queden afuera de un eventual juicio oral.
La Fundación Apolo se presentó bajo la figura de amicus curiae (amigos del tribunal) y remarcó que el material es “particularmente relevante” para acreditar los hechos investigados: “La pertinencia probatoria no depende de la cantidad de registros audiovisuales aportados, sino de su capacidad para acreditar o refutar hechos relevantes para la investigación”, subrayaron.
En sintonía, la organización Poder Ciudadano, que interviene como querellante en el expediente, respaldó la admisión del material invocando el “principio de amplitud probatoria”.
Desde esa entidad explicaron que, aun cuando la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) señaló en su informe que técnicamente no es posible determinar el origen de las filmaciones, existen otras pruebas complementarias capaces de aportar claridad sobre los fondos que habría manejado el exfuncionario.
