A contrarreloj y al borde de que todo lo avanzado en el Congreso quede en la nada, la Cámara Alta fijó fecha límite para definir una de las normativas más sensibles y debatidas de los últimos tiempos.
Con la mirada puesta en frenar el avance de las apuestas virtuales entre los más jóvenes, el recinto se prepara para un choque de posturas entre quienes exigen restricciones inmediatas y quienes cuestionan el alcance federal de la iniciativa.
El Senado de la Nación aprobó una moción de preferencia para debatir el próximo jueves 26 de noviembre la Ley de Ludopatía, proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados y que el 30 de noviembre perdería estado parlamentario si no recibe sanción definitiva.
La jugada parlamentaria de José Mayans y la postura de Patricia Bullrich
La definición en el recinto surgió a partir de una maniobra impulsada por el jefe del interbloque peronista, José Mayans,quien pretendía tratar la iniciativa sobre tablas sin pasar por el filtro previo de las comisiones.
Si bien la titular de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, asumió el compromiso de habilitar el debate en comisiones la próxima semana —aunque advirtiendo reparos sobre el texto proveniente de la Cámara baja—, la moción aprobada dejó en claro que el proyecto será tratado en el recinto con o sin dictamen antes de que caduque su validez parlamentaria.
El proyecto aprobado en Diputados (por 134 votos contra 32 en su artículo clave) impone severas limitaciones a las firmas de ciberapuestas mediante el artículo 8, prohibiendo la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea en plataformas digitales, redes sociales, medios gráficos, radiales, televisivos, cartelería en la vía pública,espacios privados de uso público, espectáculos masivos e indumentaria y camisetas de fútbol, además del emplazamiento de producto en cualquier formato tecnológico actual o futuro.
La difusión quedará restringida exclusivamente al interior de casinos, bingos, hipódromos y agencias oficiales de lotería.
Penas de prisión, el choque por autonomías provinciales y cifras alarmantes
Más allá del freno publicitario, la iniciativa veda el acceso de menores y jóvenes a las plataformas digitales y establece penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de apuestas sin la correspondiente autorización jurisdiccional.
Mientras en la Cámara Alta persisten discusiones jurídicas sobre si el Congreso nacional invade competencias propias de las provincias al regular esta actividad, quienes promovieron la ley en Diputados sostienen que la intervención legislativa resulta plenamente legítima por tratarse de una grave problemática de salud pública.
Distintos relevamientos advierten que 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes accedieron o conocen a alguien que ingresó a sitios o aplicaciones de apuestas online en el último año, y que un preocupante 37% de ellos utiliza estas plataformas con alta frecuencia o de manera diaria.
