En los últimos días de este mes se vence el plazo de seis meses que Mariel Suárez, jueza penal de Comodoro Rivadavia otorgara para investigar a la Jefa de Fiscales de la ciudad petrolera, Dra. Camila Banfi Saavedra, en la causa que involucra al ex Delegado del Instituto de la vivienda y a media docena de agentes por presuntas irregularidades.
A Abel Reyna se lo imputó en base al delito de asociación ilícita en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, a su segundo en la delegación, como organizador y a los restantes trabajadores como partícipes.
La fiscalía dijo en la apertura de la investigación, realizada en el mes de mayo pasado, que los involucrados se encargaban de seleccionar personas por sus ingresos económicos, a quienes se les cobraba entre 80 y 100 mil pesos que se desembolsaban en el IPV.
Mencionó que hubo casas que salieron a la venta a través de una inmobiliaria, y agregó la fiscal que entre las irregularidades figuran también favores sexuales a cambio de una vivienda.
Este lamentable caso se espera que sea una bisagra para la historia de la institución. Lo que habría ocurrido en Comodoro Rivadavia, es una muestra más de los múltiples actos de corrupción, de inmoralidad, que se comentan desde hace muchos años en Chubut. Nuestra provincia no cumple con la ley que dio creación al IPV. Hay un marco regulatorio que es vulnerado sistemáticamente y es de esperar que desde ahora en más el IPV se apegue a derecho.
La Ley XXV N° 5 dice por ejemplo en uno de sus artículos que: «en caso de que varias familias se encuentren en igualdad de condiciones la adjudicación se realizará mediante Sorteo Público.»
Esto está ratificado en las Resoluciones 1044/91 y la Resolución N° 791/90, que hace 26 años estableció: «Para el caso de existir paridad en los Puntajes y en la Antigûedad en la inscripción en el Registro Permanente de Aspirantes a Viviendas de Este Instituto, en anteriores Proyectos, se dará prioridad para la adjudicación, a aquellos Postulantes que tengan mayor Residencia en el Ejido Municipal de la localidad donde se encuentra construido el Barrio a adjudicar; en caso de que varias familias se encuentren en igualdad de condiciones la adjudicación se realizará mediante Sorteo Público.»
Si el IPV Chubut cumpliera con las leyes, decretos y resoluciones tendría la transparencia que nunca tuvo. Es un mal hábito incumplir la legislación y en el caso del IPV Chubut hay actores con nombre y apellido que son los responsables de estas situaciones.
Por Luis Dupuy
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