El fiscal penal de La Plata, Alvaro Garganta, pidió este viernes que se prohíba salir del país al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y que se lo inhiba por 180 millones de pesos, en la causa en la que se lo investiga por irregularidades en la contratación de obras públicas para la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA), informó a Télam una fuente judicial.
Ahora, será la jueza de Garantías Marcela Garmendia quien definirá si da curso o desestima los planteos de Garganta.
La Justicia provincial trata de establecer un presunto negociado entre el ex gobernador con contratos de obra pública por 117 millones de pesos a la empresa Miller Building, que alquilaba un predio en Villa La Ñata, la quinta en el Tigre donde habita Scioli, y le garantizaba ingresos millonarios.
Este jueves, el ex candidato presidencial del kirchnerismo presentó un escrito de descargo en el que aseguró que «nunca he recibido dádivas, ni de ese proveedor ni de ninguna otra persona».
“Nunca influí a ningún funcionario, y menos aún para que adjudicara indebidamente obras públicas”, agregó en su presentación de 54 páginas. Y destacó: “Ninguna contratación fue irregular y contaron con la expresa conformidad y ratificación de la Fiscalía de Estado, la Asesoría General de Gobierno y la Contaduría General de la Provincia”.
Garganta lleva adelanta una megacausa que investiga las supuestas «cajas negras» durante la gestión sciolista que se inició tras una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió.
Según el fiscal, Scioli y Ricardo Miller, dueño de Miller Building, tenían un vínculo cercano que habría facilitado la maniobra delictiva. “Scioli mantenía una relación personal y comercial con Ricardo Miller antes, durante y aun después que el empresario fue beneficiado irregularmente con el otorgamiento de las obras públicas”, sostuvo.
La relación comercial entre Scioli y el empresario se remonta a julio de 2013 cuando Miller le alquiló un terreno de 41.000 metros cuadrados en Villa La Ñata a Capanone SA (la sociedad de la que Scioli posee el 99% de las acciones) para montar un supuesto emprendimiento hotelero. Por administrarlo y gerenciarlo le pagó $4.464.960 en 60 cuotas mensuales. Finalmente, en enero de 2017 Miller le compró el inmueble en US$ 3.850.000.
En paralelo, la compañía constructora del empresario, se quedaba con contratos millonarios para la construcción de las UPA en la Provincia.
En su indagatoria, el ex mandatario provincial no negó la relación que tenía con Miller, pero le restó importancia: “Es absurdo e infundado calificar de ‘especial’ el conocimiento que tenía con el mencionado empresario, vinculación que era similar a la que tenía con decenas de otros empresarios y proveedores de la Provincia”. Y añadió: “La empresa tuvo menos del 1% de las contrataciones, lo que desmiente todo favoritismo”.
Fuente: Clarín.