El Gobierno mantiene firme su política de reducir el plantel de empleados de la administración pública.
Con el objetivo de reducir el gasto público durante el año fueron desvinculados unos 5000 trabajadores del Estado, de los cuales 1800 decidieron renunciar porque no cumplían con sus horarios de trabajo.
En el Congreso, donde se instalaron molinetes y aparatos biométricos de control, unos 500 empleados de ambas cámaras renunciaron o bien están bajo apercibimiento de las autoridades porque no cumplían con el horario estipulado, informó La Nación.
La política de reducción de personal incluye también planes de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. En el Poder Ejecutivo, que instrumentó esta medida en abril pasado, se acogieron unos 1900 empleados, indicaron fuentes oficiales.
En el Senado se desvincularon unos 400 trabajadores, entre quienes renunciaron al cargo y los que aceptaron un retiro anticipado.
En la Cámara baja, en tanto, el sistema biométrico de asistencia provocó la renuncia de 138 agentes que no cumplían el horario, mientras que otros 155 fueron sumariados por sus repetidas inasistencias.
“El control de asistencia verificó que mucha gente venía a trabajar menos horas que las estipuladas o no venía todos los días. En algunos casos porque tenía otro empleo. Obligados a elegir, decidieron renunciar”, explicaron a La Nación fuentes legislativas.
Todos estos movimientos de personal en la administración pública están reflejados en el proyecto de ley de presupuesto 2019 . Según un informe que realizó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la cantidad de cargos disminuye en un 1,8% respecto del año previo. “La mayor disminución porcentual se registra en el Poder Legislativo (-7,5%), con una variación absoluta de 1320 cargos menos respecto de 2018”, indica el documento.
“En el Poder Ejecutivo, que representa el 85% del total de cargos de la administración nacional, la cantidad de cargos financiados en 2019 baja un 1,6% (-5075 cargos)”, añade.
El ranking de retiros por áreas “En el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, se observan 1047 cargos financiados menos para la Anses, y en el Ministerio de Producción y Trabajo, 874 cargos menos para el INTA, y 430 cargos menos para el Senasa”, señala el informe de la OPC.
Lo cierto es que al día de hoy la dotación de empleados públicos en la administración pública central y descentralizada (sin incluir los poderes Legislativo ni Judicial, como tampoco universidades ni empresas públicas) cuenta con un total de 207.510 empleados.
Así lo detalló el jefe de Gabinete en su último informe por escrito que remitió a la Cámara de Diputados, hace una semana.
“En diciembre de 2015, según datos del Ministerio de Modernización, la administración pública nacional central y descentralizada contaba con un total de 239.608 personas. En la actualidad, la variación de esta dotación es de menos 32.098 personas”, se destacó.
El Gobierno no reemplazará las vacantes creadas: en julio pasado, el presidente Mauricio Macri , a través de la firma del decreto 632/2018, congeló la incorporación de nuevo personal en el Estado nacional hasta diciembre de 2019.
La medida excluye de la disposición a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al Servicio Penitenciario, a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a las universidades nacionales y a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El objetivo: reducir el gasto en $20.408 millones.
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