El testimonio dado en cámara gessel por una menor de 16 años, donde contó lo sucedido en Paso de Indios durante los días 20 y 21 de septiembre, permitió al Ministerio Público Fiscal, representado por la funcionaria de fiscalía Julieta Gamarra, solicitar la audiencia de apertura de investigación en la que el Juez Fabio Monti resolvió la medida de coerción para el imputado de 19 años.
El evento tuvo lugar en la sala de la oficina judicial ubicada en el tercer piso de los tribunales, y allí la doctora Gamarra aludió a lo relatado por la menor que da cuenta de los padecimientos a los que fue sometida desde el día 20 de septiembre aproximadamente a las 18, cuando fue interceptada frente a la cooperativa de aquella localidad por quien resultara agresor, luego de haber participado en una estudiantina. A partir de allí, se desatan una serie de hechos en los que se resalta la aplicación de amenazas, violencia a través de golpes y con la utilización de un cuchillo, y el abuso sexual a que fue sometida a menos en dos oportunidades y en diferentes lugares, como un descampado y dos domicilios adonde la llevó. Todo fue expuesto con una coherencia de tiempo, modo y lugar, habiendo permanecido privada de la libertad, ya que finalmente la mantuvo encerrada en una vivienda, y además le produjo lesiones mediante golpes de puño, patadas y la utilización de un cuchillo que produjo diferentes cortes, todo constatado por certificaciones médicas.
La víctima, quien en todo momento estuvo amenazada y bajo el temor que imponía la violencia del imputado, recién pudo liberarse cerca de las cuatro de la mañana del día 21 de septiembre, cuando aquel se quedó dormido, en parte producto de haber bebido en demasía.
Calificación y medidas
Se informó desde la fiscalía que la calificación es la de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y amenazas, abuso sexual agravado por ser con acceso carnal, lesiones leves doblemente agravadas al efectuarse contra una persona con la que había mantenido una relación de pareja y mediante violencia de género y daño, todo en concurso real, de acuerdo a los artículos 142 inciso 2do., 119, 89, 91, 80, 183, 45 y 55 del código penal. A cargo de la investigación queda la fiscal general Silvia Pereira y para la funcionaria de fiscalía se dan por acreditados los requisitos procesales acerca de la probabilidad de autoría, al quedar en claro que se trata de quien llevó adelante los hechos denunciados oportunamente reafirmado esto con un claro y concreto testimonio.
El peligro de fuga está argumentado en la gravedad de todo lo sucedido con la privación de la libertad, la violencia ejercida, las lesiones constatadas y la utilización de un arma. Explicó que la expectativa de pena marca un mínimo de seis años y un máximo superior a los veinte años de prisión efectiva y remarcó que podría haber entorpecimiento al tratarse de una localidad tan chica. Pidió la doctora Gamarra la prisión preventiva por el plazo que dure la investigación.
Defensa
La defensa fue ejercida por Javier Allende, quien no puso objeciones en cuanto a los hechos relatados. De todas maneras opuso argumentación respecto al entorpecimiento que no ve acreditado debido a que se llevaron adelante medidas adecuadas y no hay previstas otras similares y propuso la posibilidad del arresto domiciliario, ofreciendo un lugar para la permanencia de su cliente.
Asesoría
El asesor de menores Pablo Rey indicó que se pusieron al tanto de toda la situación y actúan en coordinación con el servicio de protección de derechos de Paso de Indios, reafirmando que todo se dio en un contexto de violencia de género y puso énfasis en la vulnerabilidad de la menor afectada. Manifestó que desde la asesoría se acompañará a la familia perjudicada durante el proceso y acordó con la fiscalía sobre las medidas solicitadas.
Resolución
De esta forma, el Juez Fabio Monti dispuso la apertura de investigación de acuerdo a los hechos relatados y la calificación fiscal esgrimida, y valoró las evidencias expuestas habiendo presenciado además la cámara gessel, por lo que tuvo en cuenta los dichos de la víctima y las certificaciones presentadas. Si bien señaló en su resolución que no hubo mayores precisiones en lo que respecta al peligro de entorpecimiento, reafirmó el peligro de fuga al considerarlo un hecho muy grave con una expectativa de pena alta, además de resaltar los detalles brindados durante el testimonio.
Así, determinó la prisión preventiva para el imputado en principio por el término de tres meses, al estimar que con las pruebas existentes es posible la elevación de la acusación en ese lapso, lo que de ser posible hará que se extienda la medida de coerción hasta la audiencia preliminar.