Una fuerte controversia política e institucional se desató en la región tras las contundentes declaraciones del gobierno santacruceño respecto a la reciente entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional.
Pese a cuestionar la falta de discusión previa en el ámbito legislativo, las autoridades de la provincia vecina afirmaron la necesidad ineludible de coordinar esfuerzos entre los tres poderes del Estado para implementar la norma y prevenir el delito en la juventud.
Fuerte postura oficial: falta de debate y pedido de articulación real
El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, Sebastián Georgion, fue categórico al fijar postura sobre la legislación nacional. «Es una ley a la cual le faltó debate y que, lamentablemente, fue aprobada. Si me preguntan si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo; pero, así como fue aprobada, tiene que llegar y debe ser implementada en cada provincia», sostuvo. En ese sentido, remarcó que el verdadero reto radica en construir un trabajo articulado entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, diferenciando su mirada personal de la responsabilidad gubernamental.
Esta apertura institucional tuvo un hito clave durante el Consejo Provincial de Niñez llevado a cabo en Gobernador Gregores, donde referentes del ámbito judicial debatieron junto a las áreas sociales. Al respecto, el funcionario valoró el cambio de paradigma al señalar que en el pasado la Justicia se limitaba a juzgar sin entender que integra el Estado, enfatizando la importancia de anticipar y abordar de forma preventiva las problemáticas infanto-juveniles.
Las claves de la Ley 27.801 y la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años
La nueva normativa (Ley N.º 27.801) establece un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos. Esta norma deroga de manera definitiva a la antigua Ley N.º 22.278 sancionada en 1980 durante la última dictadura militar, la cual sostuvo durante más de 40 años un modelo tutelar superado por los estándares constitucionales e internacionales vigentes.
La nueva ley busca garantizar una respuesta especializada que respete el debido proceso y la Convención sobre los Derechos del Niño, promoviendo la resocialización, la educación y la reparación del daño. Entre sus pilares se destacan la fijación de la responsabilidad penal a partir de los 14 años, la creación de fueros y operadores capacitados, y la aplicación prioritarias de medidas alternativas a la cárcel, tales como prestaciones comunitarias, reglas de conducta y monitoreo electrónico.