Correa y Luthers seguirán en la cárcel. Cisterna, Oca, Pagani, Carpintero, Piccione y Bastida continuarán con arresto domiciliario. El único beneficiado fue el exministro de Infraestructura, que podrá viajar a La Plata para el egreso de su hijo.
Ayer se cumplieron seis meses de las detenciones a exfuncionarios y empresarios en la causa que investiga los presuntos retornos de la obra pública y que sacudió el tablero político y económico en la provincia del Chubut. En este marco, se realizó la audiencia para revisar todas las medidas de coerción de los imputados que aún mantenían prisiones preventivas o domiciliarias.
El juez de Garantías Sergio Piñeda mantuvo todas las medidas que recaían sobre los imputados hasta antes de la audiencia.
Diego Correa y Diego Luthers, protagonistas estelares de la conformación de la asociación ilícita, según la hipótesis de los fiscales, continuarán presos.
En tanto que los exministros Víctor Cisterna (Jefe de Gabinete), Pablo Oca (Economía) y Alejandro Pagani; el exsecretario privado, Gonzalo Carpintero; y los empresarios Federico Piccione y Pablo Bastida, mantendrán el arresto domiciliario.
Correa presentó un escrito solicitando su continuidad en la cárcel. Los fiscales adhirieron a esta petición y Piñeda lo ratificó en la resolución dictada.
En el caso de Luthers, su abogado Lisandro Benítez había solicitado una visita semanal a la familia desde las 13 a las 17, aunque el juez otorgó solamente una salida.
Pagani fue autorizado a viajar a La Plata para asistir al egreso de su hijo en diciembre y también podrá visitar a su madre dos veces a la semana, con la condición de avisar a la Comisaría más cercana cuando llegue a su domicilio.
El juez rechazó el pedido de libertad para Cisterna y también la ampliación de salidas laborales, argumentando que el exministro de Coordinación de Gabinete es una de las piezas clave de este entramado que investiga el Ministerio Público Fiscal.
En el caso de Oca y Bastida, Gabalachis no requirió nuevos pedidos, con lo cual continuarán con el régimen que mantenían.
El empresario Piccione sufrió un revés judicial en torno al pedido delineado por su abogado Marcos Salt, para flexibilizar las salidas laborales del comodorense. Los fiscales alegaron que el requerimiento fue «muy general» y «sin precisiones» y el juez rechazó la solicitud.
Despejando cuestionamientos de los abogados defensores sobre las decisiones adoptadas por Piñeda, el juez dejó en claro que «pareciera que soy la persona que si dice blanco es blanco. No señores, hay instancias que controlan mis decisiones y que la evalúan dos jueces de revisión. Si me equivoco, existen dos jueces que revisan mis resoluciones».