Según su alegato en el juicio oral y público por El Embrujo, Fiscalía de Estado consideró que “tal era la impunidad” del grupo que encabezó Diego Correa, que “con el correr del tiempo se transformó en un accionar torpe e ingenuo”.
El fiscal Christian Martínez, junto con Javier Stampone, ejemplificaron que cuando comenzó la investigación “se registraron vastas comunicaciones entre los imputados que no dejaron más que exponer que tenían pleno conocimiento de lo que hacían”.
Recordaron un audio para Natalia Mc Leod de Daniela Souza: “No hay prueba para vincular la situación, para que se compruebe”. Su amiga contesta: “Lo que pasa es que esa información más allá de que tengan datos erróneos se filtran de algún lado. Alguien dijo algo para que asocien la empresa a nombre de él”.
Según el pronunciamiento, expuesto en una audiencia en Rawson la semana pasada, “Correa es el que organiza, da instrucciones y toma las decisiones. Es quien maneja el dinero y paga a los empleados muchas veces él mismo y otras a través de los restantes miembros de la organización. Tenía las riendas de los hechos. Decidía el qué, el cuándo, dónde y cómo”, sintetizaron.
Según Fiscalía de Estado, el exsecretario privado del gobernador Mario Das Neves “armó un plan para no ser detectado. Se escondió detrás de personas interpósitas, físicas y jurídicas”.
En este escenario, el alegato consideró que “no puede haber argumento alguno para creer y sostener que la operatoria no era la de una banda que actuaba en los extremos que el Código Penal asigna al delito de asociación ilícita”.
El grupo de imputados “en lugar de actuar en interés de la Administración Pública tal como debía, lo hizo en interés y beneficio propio, toda vez que las erogaciones dinerarias del Estado en esas contrataciones tenían como destino final su propio bolsillo”. En todos los expedientes que son prueba “no se eligió la oferta más conveniente a los intereses del Estado sino la más conveniente a los intereses personales de Correa, de manera tal que el interés y la necesidad pública que motivó la contratación de ninguna manera fue satisfecha”, así lo informó Diario Jornada.
Fiscalía graficó que los funcionarios imputados “se aprovecharon del traje de subsecretario, secretario o director para aparentar la voluntad estatal cuando en realidad era la voluntad personal de todos ellos. No era el Estado quien hablaba en esas contrataciones sino ellos mismos”.
“La verdadera voluntad estatal nunca se hubiera expresado en el sentido de contratar con Sepat o Dual Core. Ergo, de no haber hecho los funcionarios públicos imputados abuso de sus facultades legales, el Estado jamás hubiera realizado las erogaciones dinerarias a dichas empresas”.
“La voluntad estatal de contratar con esas empresas era meramente aparente, lo que determina la ilegitimidad de todos los pagos realizados, en desmedro del erario”, concluyó el alegato.
