Caso Prior. El expresidente de SEROS, Alfredo Prior, será investigado por haber gastado $ 10 millones en fondos públicos para mejorar la sede de un gremio al que pertenecía en simultáneo a su función en el ISSyS. El acusado declaró, dijo que la decisión favoreció económicamente a la Provincia y reveló que la cúpula de la obra social conocía la operatoria, aunque ante el fiscal lo hayan negado.
El expresidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Alfredo Prior, será investigado por haber gastado $ 10 millones de fondos públicos en contratos para mejorar la sede edilicia de la Asociación de Empleados Jerárquicos de Comodoro Rivadavia, gremio al que pertenecía en simultáneo a su función en el ISSyS.
La audiencia de apertura de investigación se concretó en la Oficina Judicial de Rawson con la jueza Eve Ponce este jueves por la mañana.
Según Omar Rodríguez, fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, como la sede de SEROS en Comodoro Rivadavia iba a ser refaccionada y se necesitaba un lugar donde mudar al personal, Prior le propuso al Directorio pedirle a su propio gremio un espacio sin costo.
Lo que Prior ocultó, según Fiscalía, es que ese edificio estaba en obra. Lo sabía porque era responsable técnico. Y gestionó contratos por más de $ 10 millones que abonó el ISSyS para refaccionarlo aunque según el trato, el organismo recibiría un lugar en «perfectas condiciones».
De este modo, el ISSyS terminó pagando obras en una entidad privada que le prestaba un espacio, con Prior de ambos lados del mostrador.
Rodríguez recordó que Prior fue secretario general de la Asociación durante 27 años. Luego fue secretario adjunto y el 3 de junio de 2022, asumió como vocal suplente.
El 3 de junio de 2021, asumió como presidente del ISSyS. Ese mismo año surgió la necesidad de buscar un local para mudar la Delegación comodorense –sita en Irigoyen 467- ya que el edificio original de SEROS debía remodelarse.
En los últimos meses de 2021 el propio Prior anunció que había conseguido un lugar: la sede del Sindicato donde era adjunto. El gremio le prestaría al ISSyS la planta baja y el primer piso.
El edificio estaba a medio terminar, sin aberturas en la planta baja y estaba en plena ejecución de obra. Un poco más avanzado estaba el sector del primer piso, que también sería prestado.
Fruto del engaño, el 9 de diciembre de 2021 Sara Gianardo, Jorge Vechio y María Ester Rain, miembros del directorio del ISSyS, autorizaron al presidente a firmar el contrato con la Asociación. Los tres le dijeron al fiscal Rodríguez que desconocían que era una sede sin terminar y que sería necesario arreglarla.
El contrato de comodato se firmó el 30 de diciembre de 2021 entre Prior y Astete, y regiría del 1º de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.
El titular de SEROS –según la acusación- incluyó en el contrato condiciones falsas para aparentar que el edificio de Tierra del Fuego 241 se entregaba en perfecto estado y así debía devolverlo SEROS.
Prior, con la intención de beneficiar económicamente al Sindicato que hace años integraba, puso por encima del interés público su interés particular en las contrataciones que adjudicó.
Esta mañana de viernes Prior pidió declarar y contestó preguntas de la Fiscalía. Aseguró que “es mentira” que el Directorio no supiera que el edificio para mudarse estaba en obra. Dijo que no se movió en soledad: buena parte del ISSyS conocía la operación, incluyendo al gerente general Pablo Aguilera –por quien pasaban todos los contratos- y a Rodrigo San Martín, que en ese tiempo fue director de gestión de SEROS, luego interventor y terminó denunciando a Prior.
El defensor Fabián Gabalachis dijo que entrevistó a Gianardo, Vechio y Rain y que le contaron lo contrario de lo que testimoniaron ante el fiscal. Ante el nuevo dato, Rodríguez adelantó que la pesquisa puede involucrar más nombres que hayan conocido la maniobra y la hayan consentido aunque hayan declarado lo contrario.
Prior aclaró que antes de optar por la sede del gremio –alternativa de la cual se enteró por un afiliado-, se buscaron otros edificios en Comodoro. Ninguno servía. Mudarse era urgente porque la sede de la Delegación tenía fecha fija de demolición. Y explicó que en cualquier lugar que se alquilara se iban a tener que hacer refacciones para garantizar la atención a los 30 mil afiliados.
Según su versión, por esos años alquilar una sede transitoria en la ciudad petrolera hubiese significado pagar hasta $ 600 mil mensuales más los arreglos. Por eso era negocio invertir $ 10 millones de una sola vez para adecuar un espacio cedido sin costo y que se sigue usando.
Prior recordó que el contrato de comodato tuvo varias prórrogas que van para los 40 meses, incluyendo la actual gestión de Sergio Wisky. Y se mostró convencido de que la decisión fue correcta y benefició a la obra social ya que hoy alquilar una sede como la de Jerárquicos sería un gasto de al menos $ 6 millones.
“Estoy totalmente tranquilo. Es más, el perjudicado será el gremio porque no le quedará nada: cuando recupere el edificio para construir su proyecto sindical original tendrá que demoler las refacciones que se hicieron”, graficó.
Sólo admitió un error: el contrato dice que la sede sindical “se entrega” al ISSyS cuando debió decir “se entregará”. El fiscal consideró inaceptable el argumento: “Esto fue mucho más que un error de tipeo”.
Prior será investigado por fraude a la administración pública, falsedad ideológica y negociaciones incompatibles. En la audiencia estuvieron el flamante fiscal Lucas Papini y Cristian Ayala como abogado en representación del Instituto.
