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Por primera vez desde su detención en marzo de 2018, Diego Correa (foto) confesó haber pedido retornos a empresas de la obra pública en Chubut a cambio de destrabar pagos. Y admitió que cumplía órdenes de su jefe directo, el fallecido gobernador Mario Das Neves.

El exsecretario privado no declaró en la Causa Revelación pero hizo este reconocimiento clave este miércoles a través de su defensor Fabián Gabalachis, durante su alegato en la Oficina Judicial de Rawson.

«Correa me hizo saber que su silencio obedece al reconocimiento de que estuvo inmerso en los hechos de la acusación», explicó el penalista ante el tribunal en el juicio oral y público.

«Tuvimos largas charlas para tratar de ensayar alguna respuesta que neutralice la imputación, pero esa respuesta en todos los casos giró sobre la idea, que se corroboró en este juicio, de que obedecía órdenes superiores», añadió.Gabalachis advirtió que aunque tras pensarlo mucho Correa prefirió no prestar testimonio, se debe a que «su voluntad tampoco es hablar de los muertos. Por eso hace su reconocimiento en esta audiencia a través de mis palabras».

En su alegato, el defensor dijo que tanto Correa como el exministro de Economía Pablo Oca «aceptan lisa y llanamente» los episodios de cohecho que les imputa el fiscal Marcos Nápoli.

Pero con un extenso repaso de doctrina y jurisprudencia, pidió a los jueces que declaren inconstitucional la figura de la «asociación ilícita». Para el caso de que la validen, reclamó que Correa sea considerado miembro del grupo criminal y no «organizador».

Según su lógica, si Víctor Cisterna fue el primer organizador del grupo y tras su renuncia el esquema de recaudación ilegal siguió tal cual: «¿cuál es el argumento para decir que Correa pasó automáticamente de ser miembro a organizador?». En este sentido, «en el grupo ya estaba todo organizado y nada varió».

La síntesis dada a conocer hoy por el Ministerio Público Fiscal, dio cuenta de los mismos, brindando un detalle pormenorizado de los hechos declarados bajo juramento en la localidad de Rawson.

La misma fue resumida de la siguiente manera por el citado organismo judicial:

-“Contamos con una prueba fundamental que son los cartulares, es decir los cheques utilizados para pagar los retornos. Ahora bien no es la única prueba que hemos de contar”

– “El testigo Eduardo Loza- empresario de la construcción  propietario de la firma Emecco Loza-, refirió  con lujo de detalles como debió efectuar el pago de retornos a Diego Correa…  agregando que  fueron cinco los cheques que utilizo para el pago de retorno exigido por  el funcionario Publico… Le fueron exhibidos los cartulares 150082744 y 15008247 reconociendo de manera palmaria su firma en dichos instrumentos”.

– “Luthers refirió como anotaba los numerosos cheques narrados, detallando cómo  ese ya famoso porcentaje de 3% y 5 % , siendo esto también coincidente con los declarado  por los empresarios de la construcción Laborda Parasitada etc.”

-“En la pericia informática 593/18, 592/18 en quedó registrado de manera palmaria  la vinculación entre Federico Piccione y Diego correa, teniendo como  meta principal apropiarse del canal 9 de la ciudad de comodoro Rivadavia, no utilizando nada más y nada menos que cheques derivados de la obra pública , los cuales obtenían al exigir los retornos”.

-“El testigo Adrián Muñoz, chofer de la Unidad de Gobernador, dijo en este juicio que se encontraba a cargo de Diego Correa. A preguntas de la fiscalía narró que Diego Luthers le daba cheques para cobrar en la sucursal del Banco de la ciudad de Rawson, reconociendo sin ninguno tipo de dudas el endose realizado en dicho instrumento, comprobándose de esta manera que los choferes de dicha unidad eran usados a los fines de cobrar los cheques que prevenían de la asociación ilícita encabezada por Diego Correa”.

– “Por otro lado el accionar ilícito tanto de Diego Correa como de Martín Bortagaray queda demostrado a través del testimonio de la contadora Sandra Torres, del Instituto Provincial de la Vivienda, refiriendo que en la época que estaba Juan Martin Bortagaray de presidente, las planillas referidas a la obrar publica y en las  cuales de se disponía que pagar y eran enviadas también al secretario diego correa de la unidad del gobernador por encargo de quien era presidente,  no siendo ello para nada normal que desde un instituto autárquico como lo es el IPV se envié a un secretario de un gobernador.

-“La declaración que prestara Diego Luthers en este Juicio oral y público quien refirió que en el IPV se implementaba en mismo sistema de planillas en relación al pago de retorno por parte de empresarios de la construcción. Lo narrado no hace más que poner en evidencia la autoría de Diego Correa y la participación del hecho narrado de Juan Martín Bortagaray quien a ese momento estaba a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda”.

Fuente: El Comodorense

Con la declaración de los testigos aportados por las defensas de los imputados, de los que se destaca la ex ministra Gabriela Dufour concluyó la etapa de producción de pruebas en el juicio oral y público por la denominada Causa Revelación.

Tras varias semanas finalizó la etapa de producción de pruebas del juicio oral y público por la Causa “Revelación”, una investigación penal sobre presuntas maniobras de corrupción que involucran a exfuncionarios provinciales y empresarios del rubro de la construcción.

La causa llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.

Los testimonios 

El comienzo de los relatos testimoniales aportados por las defensas lo marcó Marta Evans, quien se desempañaba como gerenta de la sucursal del Banco del Chubut SA ubicada sobre calle Belgrano -Trelew- en el período investigado y fue aportada por el abogado defensor del imputado Martín Castillo.

Evans informó las funciones que desempañaba la dependiente Bianca Di Martino, oficial de cuenta asignada a la empresa Industrias Bass propiedad de Castillo. Explicó que las gestiones con funcionarios provinciales sobretodo del IPV eran habituales con el fin de cerciorarse que se dispondrían de fondos para pagos de certificaciones de obras realizadas por esta empresa y de esa manera poder girar o adelantar pagos desde el banco antes de los plazos de cierre de las cámaras compensadoras.

Acto seguido y convocada también por el abogado Abdón Manllauix, prestó declaración Gabriela Dufour. Su relato a tenor de las preguntas, se basó en explicar que mientras fue Ministra de Desarrollo Territorial del gobierno del ex gobernador Martín Buzzi se realizó la reparación del muelle Murray Thomas. Informó que en el marco de una emergencia económica, de oportunidad productiva (gran posibilidad de cantidad de capturas de pesca) pero también de la delicada situación edilicia de la estructura del muelle y el riesgo de vida que podría acarrear, se elevó a la autoridad de administración de puertos esta circunstancia para que se autorice la contratación directa de la obra.

La empresa de Castillo se hizo cargo de este trabajo y las alternativas de esta obra las llevaba adelante el Ing. Juan Granada encargado del organismo administrador de puertos que a su vez informaba a la ex Ministra Dufour.

Con posterioridad fue citado como testigo el Dr. Emiliano Chialva, propuesto por la defensa del contador Víctor Cisterna. El abogado particular Emilio Galende le acercó para su lectura dos circulares de comienzos del año 2016 en las cuales les hicieron llegar a todo el gabinete un memorando por el que se ordenaba a todos los ministros, secretarios y presidentes de entes autárquicos que debían informar todo contrato de locación de obra, de bienes y de servicios para que estos sean visados por el secretario privado de entonces. Dichas circulares las firmaba Diego Correa, que era quien debía visar los mismos. A instancias del Dr. Galende, el testigo informó que dichos visados no tenían que ver con pagos, sino que eran actos previos al contrato y con ello a la preparación del expediente de compra o contrato.

Explicó Chialva que estas circulares fueron ordenes internas y que ante el no cumplimiento podrían existir sanciones si no se cumplían. Y en atención a la pregunta del Dr. Mario Romeo de la Oficina Anticorrupción, dijo que “No queda plasmada en ningún lado la voluntad del gobernador, se confía en lo que afirma en el escrito su secretario privado” y aseveró que, si bien no tenía el Secretario Privado más jerarquía que los Ministros, en otras oportunidades vio circulares parecidas firmadas por el propio Gobernador.

Ayer declaró el ex jefe de Gabinete, Alberto Gilardino, quien reconoció cobrar un sobresueldo mensual de 100.000 pesos mensuales que le entrega Diego Correa.

En el marco de la audiencia de debate por la causa Revelación, continuaron en este lunes declarando, en primer lugar, el abogado Alberto Gilardino ex ministro de coordinación de Gabinete del ex gobernador Mario Das Neves, quien reconoció haber aceptado dinero en más de una oportunidad y que el mismo le fue entregado por quien comandaba en principio esta asociación ilícita que era Diego Correa por la suma de 100 mil pesos por mes, indicó

Por otro lado dio cuenta de las funciones que cumplían los secretarios de la Unidad Gobernador, Diego Correa y Gonzalo Carpintero, haciendo referencia que el primero se ocupaba más de la parte administrativa y Carpintero de las cuestiones institucionales del Gobernador.

Gilardino también habló de «la hipocresía que existe en la política» y sobre todo apuntó a los sueldos bajos que percibían los funcionarios públicos en esos momento, indicando que no debería ser así para evitar que ocurran este tipo de situaciones, haciendo referencia a lo que se está ventilando en este juicio oral y público.

A modo de conclusión, Gilardino reconoció haber recibido dinero en primer lugar, pero con respecto a la suma que se expresan en la lista no eran coincidentes. Asimismo refirió al momento de su renuncia al cargo de ministro de coordinación de gabinete, haciendo hincapié sobre todo en la entrega de un sobre por parte de su ex secretaria lo cual motivo dicha decisión. El sobre que se dio a conocer a través de los medios fue reconocido como el sobre “Bomba” que fue entregado en la Legislatura dando inicio a las investigaciones en relación a delitos de corrupción, más específicamente a las causa Embrujo, Revelación y Emergencia Climática entre otras más.

El segundo de los testigos, se trató del arquitecto, Alejandro Bertorini, expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) quien reconoció que durante su gestión no envió planilla alguna de obra pública a Diego Correa, ex secretario de la unidad del gobernador. Bertorini dijo ser arquitecto hace 22 años y conocer a todos los imputados. Asimismo detalló cómo funcionaba el organismo del IPV siendo un ente autárquico. Resaltó que él “envió de planillas sería una acción indebida”

La tercer testigo, fue Sandra Torres, contadora del Instituto Provincial de la Vivienda, quien refirió que durante la gestión de Martin Bortagaray, era cuando se enviaban las planillas con las órdenes de pago tanto a Martin Bortgaray como a Diego Correa, siendo esto llamativo, como un Instituto autárquico envía esas planillas a un secretario del Gobernador, acción totalmente fuera de la ley. Asimismo reconoció los chats que fueron entregados por ella y que eran enviados a Diego Correa. También dio detalles de las planillas con órdenes de pago que eran enviadas a Diego Correa.

De los testimonios recogidos hasta el momento surgió “un detalle no menor, en la época de la gestión al frente del IPV, su presidente Martin Bortagaray, enviaba planillas de órdenes de pago, maniobra que no se volvió a repetir en otras gestiones”.

En su declaración de este lunes, un informático del equipo de investigadores de la causa “Revelación” mostró al tribunal del juicio oral y público el entrecruzamiento de mensajes entre Víctor Cisterna, Pablo Oca y Diego Correa para ejecutar el pago de retornos para que los empresario de la construcción cobren las obras ejecutadas.

Se trata de Guillermo Figueredo, técnico en informática del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETMs) dependiente de la Procuración General del Chubut. Fue el técnico que coordinó todo el entrecruzamiento de datos de los numerosos secuestros de soportes informáticos fruto de los allanamientos realizados antes de que esta causa “Revelación” se desprendiera de la causa “Embrujo”.

Figueredo dio cuenta de los mensajes hallados en el celular de Diego Luters, en un disco duro, y en el celular de Pablo Oca.

En el mismo sentido, en el disco duro de la computadora de Diego Luters surgió todo el entrecruzamiento de mensajes entre Diego Correa y Oca, en donde se indicaba qué certificados pagar y cuáles no. Esos mensajes dan cuenta de la relación constante que había entre Correa y Oca. Correa mantenía informado a Oca y viceversa sobre las órdenes presupuestarias de pago. Asimismo en el celular de Pablo Oca aparecieron varios mensajes con Víctor Cisterna confirmando la teoría de que Cisterna le indicaba a Pablo Oca que órdenes de pago sacar y cuáles no. También se puedo conocer una orden paradigmática entre ellos que decían “bolilla negra para tal empresa”, indicando que no se había portado bien.

Cabe destacar (tribunal) fue integrado por los jueces, Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales.

En el banquillo de los acusados se encuentran Gonzalo Carpintero, Víctor Cisterna, Pablo Oca, Diego Correa, Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; y el empresario Martín Castillo.

El abogado Fabián Gabalachis, defensor de Diego Correa, uno de los ocho imputados en la causa Revelación, se refirió a la estrategia que llevará adelante. El letrado sostuvo que “vamos a explicar el caso y luego, según adelantó ayer un colega, habrá un pedido de nulidad; seguramente el Tribunal pasará a resolver si lo hace en el día de la fecha o lo pasa para el final del debate, pero esa es la cronología de la sucesión del mismo” y, consultado sobre la exposición del fiscal, planteó que “es una formalidad que la oralice y no hubo ninguna clase de sorpresa”.

“Es una continuidad”

Asimismo, ironizó que “esta película ya la vi, van a seguir las ‘asociaciones ilícitas’ y no sé en cuántas puede participar (Diego) Correa o si es solamente una; será materia de discusión en el debate” y, respecto de la situación de dicho imputado, reconoció que “tiene (prevista) una condena alta y, en este caso, a mi criterio, es una continuidad del resto así que trataremos de explicar esa situación”.

Pidieron 8 años de prisión

Preguntado sobre la posibilidad de que se unifiquen ambas condenas, aquella por la causa Embrujo y una eventual sentencia por la causa Revelación, Gabalachis ratificó que “así va a ser en caso de que sea condenado en esta causa”, precisando que “al momento de presentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal estimó 8 años, pero conforme a la prueba que se produzca puede haber alguna variación”.

Rafael Correa advirtió que si le dejaban volvería a la política en Ecuador y este martes anunció oficialmente su candidatura a vicepresidente para los comicios de 2021, junto al economista Andrés Arauz, cuando el tablero electoral no ha terminado de conformarse y el actual Gobierno está en sus horas más bajas.

En una medida presentación virtual ante medios y seguidores, el exmandatario que gobernó el país entre 2007 y 2017, introdujo al que, de resultar victorioso en tándem, será -en la teoría- su jefe inmediato, como a uno de «los jóvenes más brillantes» que conoce.

Aseveran que Diego Correa tiene comprada a la policía.

Grave denuncia de los detenidos de la alcaidía policial Trelew denuncian que Correa y la policía de Massoni les roban la comida y los elementos de limpieza.

Presos de la alcaidía denuncian que Correa y la policía le roban la comidaUno de los internos envió un audio a Cholila Online manifestando:

“Correa está afuera, Correa vendría hacer un policía más porque está ahi en el patio, cocina para los internos que somos nosotros, bueno tiene comprada la policía por el poder que tiene. Anda como un policia más, anda con toda la población de afuera, que son policías, violadores tienen un beneficio terribles”.

Un segundo detenido envió otro audio donde expresa:

“Adonde se encuentra Correa y donde se encuentran todos estos delincuentes nefastos que son todos políticos, policías, violadores, son los que se roban toda la comida que nos manda el estado”

“Nosotros decimos que es un estado ausente pero de ahí adelante (Correa y la policía) se están robando todo. Cada 15 días nos están pasando una fluido para las garrapatas para que podamos higienizar el baño, estamos usando un solo inodoro para 16 personas y una sola ducha para 16 personas. No nos pasan lavandina, no nos pasan detergente, no nos pasan procenex, no nos pasan nada para que podamos higienizar el pabellón, hay un problema mundial de pandemia ya estamos al tanto de lo que pasa en el mundo y en Argentina pero no están haciendo nada”.

Presos de la alcaidía denuncian que Correa y la policía le roban la comidaCorrea delegaría en Diego Lutter realizar el listado de las provisiones para cocinar. Apartarían los alimentos y artículos de limpieza que ser robarían anotándolos en otro listado.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró este martes culpable de corrupción al ex presidente Rafael Correa​ y lo sentenció a ocho años de prisión.

El juez Iván León leyó la sentencia y dijo que la víctima del delito es el Estado y que la «fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción».

El ex mandatario actualmente vive en Bélgica junto a su familia desde mayo de 2017, luego de traspasar el poder a su amigo y sucesor Lenín Moreno, con quien se distanció poco después en medio de acusaciones mutuas.

Desde Twitter Correa aseguró que la condena es «un show y ya estaba preparado».

«Les dije que todo era un show y ya estaba preparado. Con filtración de ayer solo cambiaron tipo de autoría mediata por ‘dominio de organización, a autoría mediata por ‘infracción del deber’, y pusieron agravantes porque están furiosos con la filtración. Me duelen mis compañeros», escribió Correa en la red social. Sus compañeros son los otros funcionarios condenados.

Y agregó en otro tuit: «Bueno, esto era lo que buscaban: manejando la justicia lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años. De tu voto depende que esta pesadilla acabe», informó el Clarín.

La audiencia de revisión será el próximo lunes a las 9 de la mañana.

El exfuncionario provincial Diego Correa, condenado a 10 años de prisión por asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta, pidió quedar en libertad y que le devuelvan los bienes y el dinero secuestrado.

Los abogados defensores del exsecretario privado del entonces gobernador Mario Das Neves, presentaron la impugnación a la condena impuesta por el tribunal en el juicio oral y público, y solicitan la absolución de sus patrocinados. La audiencia de revisión será el próximo lunes a las 9 ante los camaristas Adrián Barrios, Alejandro Defranco y Rafael Lucchelli.

En sus escritos, los abogados defensores solicitan que se declare nulo el juicio y se dicte la absolución de sus patrocinados. La condena de juicio había sido dictada el pasado 18 de octubre por los jueces Ricardo Rolón, Marcela Pérez y Alejandro Soñis.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, en cambio, piden que se ratifique la condena y las penas impuestas. “Las acciones delictivas provocaron un daño al Estado provincial en aproximadamente 100 millones de pesos” afirmaron.

Correa fue condenado a 10 años de prisión, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y recibió una multa de $ 22.294.000, por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe, enriquecimiento ilícito, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con negociaciones incompatible y auto lavado de activos.