El Frente de Todos está diseñando un plan general de programas sociales que –en caso de llegar al gobierno-, se implementará de manera complementaria al plan Argentina Contra el Hambre con el objetivo de reinsertar a los beneficiarios en el mercado de trabajo. A la cabeza del diagnóstico y la diagramación de los distintos programas está el diputado Daniel Arroyo. Red de tutores, régimen de “convivencia entre el trabajo en blanco y el plan” y un sistema de “créditos no bancarios” destinados a los pequeños productores.
Según el paper al que accedió Tiempo Argentino, elaborado por los equipos técnicos que trabajan bajo la conducción de Arroyo, el programa se dividiría en tres, según el tipo de población, y se aplicarán políticas públicas diferenciadas para cada uno de ellos.
Para estos especialistas “el mercado de trabajo está totalmente trabado producto de la crisis”. “Hay un universo de 700.000 personas en distintos programas sociales, muchos de los cuales realizan también actividades en el sector informal. El gran problema es que desaparecieron las changas, solo les quedó el plan social que les alcanza cada vez menos”, sostienen.
La investigación muestra que “las personas que reciben planes sociales se pueden dividir en tres situaciones: está el grupo de los que, si la economía arranca, entran a trabajar; hay un segundo sector que, aunque la economía vuele, tiene problemas de capacitación; y hay un tercer sector que está con problemas de adicciones, de salud, que es más difícil de insertar en el mercado laboral”.
Según explican, para esos tres grupos de beneficiarios de programas sociales se trabaja sobre un esquema de traspaso de planes sociales a trabajo que tendrá tres dimensiones. La primera consiste en armar una red de 20.000 tutores, entre lo que se pueden contar al cura o pastor del barrio o la maestra, con el objetivo de “generar el vínculo entre escuela y trabajo, entre planes sociales y trabajo”. “Hay que hacer una red, acompañar y construir un mecanismo para ayudar en la capacitación. Las áreas de la industria en las que estas personas se pueden insertar en el mercado del trabajo son los sectores masivos como construcción, textil, comercio, metalmecánica, frigoríficos, entre otras”, detallaron.
La segunda dimensión del plan supone que “puedan convivir el plan social y el trabajo en blanco”. “Si una persona consigue un trabajo en blanco, queremos que pueda mantenerse 24 meses en el plan, hacer un empalme entre ambos, un esquema conjunto. Lo estatal es seguro, y si uno toma un trabajo formal tiene el riesgo de quedarse sin las dos. Entonces la persona que consigue trabajo continúa en el plan durante 24 meses y se va quitando progresivamente. Es un proceso importante de acompañamiento y seguimiento”, especificaron los especialistas.
La tercera dimensión consiste en generar un gran sistema de créditos no bancarios “con una tasa muy baja, de 2% o 3% anual” destinado a la compra de herramientas y máquinas. “Gran parte de la gente genera su propio trabajo. Esta pata del plan apunta a artesanos, a pequeños emprendedores y a empresas recuperadas”, sostuvieron. “Los créditos tienen una doble lógica: capitalizar, pero también desendeudar, porque muchos tomaron deuda a 200% anual en la financiera de la esquina. Esto permite que la gente saque la cabeza afuera del agua y vuelva a respirar. Esa parte le demandaría al Estado alrededor de $20.000 millones que, sumado al programa de tutores, implicaría sumar otro gasto a un presupuesto que ya funciona con déficit fiscal en el marco de una recesión que no cede”, puntualizaron.
“Todas las dimensiones del plan forman un sistema que tiene el objetivo de vincular a las personas que tienen planes sociales con el trabajo asociado al mercado interno”, diagnosticaron desde el área de trabajo de desarrollo social del Frente de Todos.