Argentina está por dar un paso histórico en la conquista de derechos. Por primera vez un presidente enviará un proyecto de ley que garantice el derecho al aborto a todas las personas gestantes. Será de redacción propia y, se espera, tenga prioridad en el tratamiento legislativo. Después del papelón antiderechos del gobierno saliente, el futuro oficialismo se prepara para desembarcar en el rejerarquizado Ministerio de Salud.
El exministro de salud Ginés González García adelantó que apenas asuma el Frente de Todos se encarará la elaboración de un protocolo nacional que cubra las deficiencias de la implementación efectiva de las interrupciones legales del embarazo (ILE) y suplirá el que acaba de derogar la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a pedido del presidente Mauricio Macri. El exministro de Néstor Kirchner elaboró durante su gestión una guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, que luego se actualizó en 2010 y 2015, ya como un protocolo que determinaba cómo llevar a cabo la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.
Por lo pronto, uno de sus alumnos, el diputado tucumano Pablo Yedlin, podría quedar al frente de la cartera de Salud. Yedlin votó a favor del derecho al aborto en la maratónica sesión de la madrugada del 14 de junio de 2018, cuando se obtuvo la media sanción. Fue, junto a su mentor, una de las voces críticas de la anulación de la actualización del protocolo que había querido dejar implementada Adolfo Rubinstein antes de dejar la secretaría.
González García, coordinador de los equipos técnicos del PJ, tendrá un rol clave en el futuro gobierno en el área de salud. Cuenta con el mérito de haberse pronunciado a favor del aborto legal ya en 2005 y es uno de los cuadros político sanitarios a los que recurre Alberto Fernández en materia de derechos de salud pública, en particular, sexual y reproductiva.
Mientras el entonces obispo castrense, Antonio Baseotto, le deseó públicamente la muerte a González García ,allá en 2005, esta semana monseñor Héctor Aguer ya avisó que dictará la excomunión «al presidente que legalice el aborto». Al margen de las amenazas, el anuncio del envío de un proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso para legislar sobre el derecho al aborto abrió un camino de esperanza. El texto más reciente que todavía tiene vigencia parlamentaria es el que se presentó en 2019, con las modificaciones que se introdujeron producto del debate legislativo del año anterior. Si bien está girado a las mismas cuatro comisiones que en 2018, no tuvo tratamiento en ninguna por falta de funcionamiento legislativo durante el año electoral. Sin embargo, desde el FdT evalúan mandar uno de firma propia en lugar de impulsar el existente.
