Cristina Kirchner fue denunciada en su momento por el delito de traición a la patria por haber firmado un memorándum con Irán, luego ratificado por el Congreso, para que los acusados por el ataque a la sede de la AMIA pudieran ser indagados en Teherán, una forma de destrabar una causa que se encuentra empantanada.
Ahora le tocó el turno a Mauricio Macri. El presidente saliente fue denunciado por el mismo delito por haber firmado un acuerdo con Gran Bretaña, que no fue ratificado por el Congreso, con el antecedente de la guerra por las Islas Malvinas en 1982, que habilita la exploración de la plataforma marítima para buscar hidrocarburos en beneficio de empresas inglesas, el otorgamiento de permisos de explotación ictícola y la autorización de vuelos desde Brasil hacia las islas con una escala prevista en la provincia de Córdoba.
La denuncia había sido realizada por la abogada Valeria Carreras, una de las querellantes en la causa por el hundimiento del submarino ARA San Juan, y este jueves tuvo el dictamen del fiscal Jorge Di Lello, quien impulsó la acción penal contra Macri, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el canciller Jorge Faurie, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, el ex ministro de Energía Juan José Aranguren, entre otros funcionarios imputados.
Objeción al acuerdo
“Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación en los términos antes aludidos”, subrayó Di Lello en su dictamen, presentado ante el juez federal Luis Rodríguez.
“Bajo la inocente habilitación de realizar vuelos desde Brasil hacia Malvinas, se renuncia a los derechos soberanos del espacio aéreo, se renuncia a los derechos de control sobre el transporte aéreo”, había escrito la abogado en la denuncia que presentó a fines de septiembre último, cuando se conoció el decreto firmado por el presidente Macri que autorizaba los vuelos desde Brasil hacia las Malvinas.
El decreto firmado por el presidente saliente fue publicado el 30 de agosto en el Boletín Oficial y autorizó tres rutas entre Brasil y las Islas Malvinas: San Pablo-Islas Malvinas- San Pablo, San Pablo-Córdoba-Islas Malvinas-San Pablo y San Pablo-Islas Malvinas- Córdoba- San Pablo.
Que suspenda los vuelos
Di Lello pidió en su dictamen al juez Rodríguez que ordene su suspensión porque entendió que hay que “adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado Argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional”. Los primeros vuelos están previstos para la semana próxima y serán operados por empresas brasileñas.
Carreras sostuvo en su denuncia que la política de entrega comenzó el 13 de septiembre de 2016, cuando se dio a conocer el Comunicado Foradori-Duncan (por los apellidos de los funcionarios que lo rubricaron), como si tratara de una mera declaración, aunque en rigor se trató de un convenio por el cual se “sienta las bases para que Inglaterra se apropie de recursos naturales ictícolas, avance en mar Argentino con la exploración y explotación de hidrocarburos y se acceda a vuelos a Malvinas”. El convenio debería haber sido ratificado por el Congreso argentino pero esa medida nunca se adoptó.
La denunciante dijo además que “a menos de un mes de la desaparición del Submarino Ara San Juan desde la Secretaróa de Energía y minería de la Nación a cargo en ese momento del Ingeniero Juan José Aranguren, se ofreció a través licitación internacional el área del Atlántico Sur adyacente al lugar donde finalmente encontró el final trágico el último Submarino en funciones de la Argentina, zonas para exploración y explotación de gas , petróleo , hidrocarburos”.
En un escrito posterior, la abogada pidió como mínimo que los funcionarios mencionados sean investigados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque Di Lello, tomó la denuncia inicial de traición a la patria por la entrega de la soberanía, informó Big Bang News.
