El presidente Alberto Fernández se reunió este martes al mediodía con todos los gobernadores del país, a excepción del de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Fue con el fin de firmar una “suspensión” provisional de la aplicación del Pacto Fiscal, que se había rubricado en noviembre de 2017 con 19 mandatarios provinciales para reducir impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, tal como había anticipado ADNSUR.
El acuerdo contempla la suspensión por un año, hasta el 31 de diciembre de 2020, la vigencia de algunos puntos del consenso alcanzado hace dos años y su modificatorio.
Según se indicó, la decisión se adoptó a raíz de la grave crisis económica que impacta especialmente en los estratos más bajos de la sociedad.
Esto tiene que ver, por ejemplo, con las demandas de los estados al gobierno de Macri por ver afectados sus ingresos por coparticipación causa del decreto 561, que en el caso de Chubut le generaron pérdidas en ingresos estimados en 500 millones, pero hasta el momento sólo hubo un reintegro por poco más de 80 millones de pesos. De llevarse adelante, las provincias deberían dejar en suspenso sus demandas en la justicia ante el Estado Nacional.
Según se establece en el documento, el plazo será prorrogable sucesivamente por períodos de la misma extensión. Y dentro de los treinta días de la suscripción, los poderes ejecutivos de las provincias, de la CABA y del Estado Nacional elevarán a sus poderes Legislativos, proyectos de ley para aprobar el presente acuerdo “modificar las leyes necesarias para cumplirlo, y autorizar a los respectivos poderes ejecutivos para dictar normas a tal fin”, se señala en el borrador al que accedió esta agencia de noticias.