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Después de casi 20 horas de debate y con la media sanción del proyecto de emergencia económica aprobado, el Congreso de la Nación vivió esta mañana una situación insólita cuando sonó la marcha nupcial para felicitar a un diputado por su casamiento.

Luciano Laspina, del PRO, solicitó a las 8:30 una cuestión de privilegio atípica. «Quiero pedir un aplauso para el diputado Suárez Lastra que está en su noche de bodas y ha venido aquí a votar», dijo y de repente comenzaron a sonar las trompetas de la tradición canción de fiestas de casamiento.

No hubo grieta ni rechazo al pedido y enseguida, por unanimidad, los diputados comenzaron a aplaudir al histórico dirigente radical. Una postal de la maratónica sesión en diputados. (Rolando Andrade Stracuzzi)

«No sabía nada», se escucha que le dice un diputado (obviamente que no figuró en la lista de invitados del festejo), mientras varios de sus compañeros de la bancada de Juntos por el Cambio desfilaban para abrazarlo.

El momento de distensión cerró el cuarto intermedio al que se había llamado para que los diputados pudieran ir al baño.

«Habiendo terminado el pequeño recreo en que todos pudieron cumplir con necesidades y obligaciones, invito al diputado Heller a que use la palabra», dijo Massa. para que se continúe el debate artículo por artículo del megaproyecto de Alberto Fernández.

En su debut como presidente de la Cámara baja, Massa combinó sonrisas y gestos adustos cuando los diputados se excedían en el tiempo en sus discursos. Mantuvo una sesión ordenada y no tuvo que enfrentar situaciones difíciles en el recinto. Tuvo un papel clave en la negociación de los cambios que se incorporaron al dictamen; mantuvo contacto permanente con la Casa Rosada y con el Interbloque Federal, sus interlocutores de la oposición.

Mario Negri

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio debió enfrentar tensiones internas en su espacio a la hora de definir la estrategia a seguir ante este megaproyecto de emergencia. Finalmente, logró mantener a su bancada unida y coordinar una postura común: no dar quorum en la sesión y rechazar en general la iniciativa del Frente de Todos. Ante esta intransigencia, el oficialismo lo marginó de las negociaciones que mantenía con otros opositores para incluir cambios al proyecto.

Máximo Kirchner

Participó activamente, con funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas y opositores, en el diseño del dictamen del proyecto. Mostró su perfil moderado y negociador al mantener el contacto con Negri y Ritondo.

Alfredo Cornejo
El jefe de la UCR debutó como diputado con un fuerte discurso. Advirtió que el proyecto contempla once delegaciones de facultades al Gobierno. Destacó, además, que la suba impositiva castigará a la clase media.

Elisa Carrió
Afectada por la muerte del extitular de la AGN Leandro Despouy, anticipó que no iba a dar un discurso en el recinto. Igualmente, antes de ingresar al hemiciclo, sentenció: «Este proyecto autoriza la dictadura».

Carlos Heller
Recién asumido como diputado en reemplazo de Juan Cabandié, Heller arrancó el debate como futuro presidente de la Comisión de Presupuesto. «La realidad es dramática y no es una descripción exagerada», enfatizó.

El sacerdote argentino Eduardo Lorenzo empuñó una pistola y se disparó en la cabeza. Su cuerpo fue hallado unas horas después, el lunes por la noche, en las dependencias de Cáritas en La Plata, donde le alojaba el arzobispado. Lorenzo estaba a punto de ser detenido y encarcelado por corrupción de menores y abusos sexuales sobre al menos cinco muchachos. El arzobispo de La Plata dijo el martes que el sacerdote “se quitó la vida después de largos meses de tensión y sufrimiento” y pidió oraciones por él. Las víctimas declararon que la muerte de Lorenzo “no repara el daño” y criticaron la lentitud de la justicia.

Eduardo Lorenzo cometió los presuntos abusos entre 1990 y 2001. La primera denuncia contra él fue presentada en 2008, pero la fiscal platense Ana Medina decidió que no existían “elementos suficientes que permitieran acreditar la existencia del hecho ilícito” y ordenó el archivo de la causa. El asunto quedó semiolvidado, pero no cerrado, y en febrero de este año el abogado del sacerdote, Alfredo Gascón, pidió que el sumario fuera sobreseído. En julio, sin embargo, se presentaron dos nuevas denuncias por parte de dos hombres que dieron detalles sobre los “juegos sexuales” que Lorenzo organizaba con monaguillos de entre 13 y 16 años.

Una de las víctimas, Julián, ofreció una conferencia de prensa en la que explicó que durante 20 años había guardado para sí los abusos sufridos y que la lectura en la prensa de lo ocurrido a otra víctima, León, el primer denunciante, le había sumido en una crisis. Por fin, decidió hablar. “Quiero que mis hijos puedan ver cómo su padre lidió con dos años y medio de abuso”, declaró. Julián, antiguo “boy-scout”, dio detalles sobre cómo el sacerdote le recibía desnudo y le atraía hacia su cama. “Casi todos los viernes organizaba cenas con muchachos”, dijo.

Otras dos víctimas presentaron denuncias. La causa fue reabierta y la fiscal Ana Medina pidió a la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, que ordenara la detención de Eduardo Lorenzo. Unas semanas atrás, la jueza pidió que se realizara un peritaje psicológico al sacerdote. Los expertos concluyeron que Lorenzo poseía “una personalidad con características de manipulación, elevado autocentramiento y egocentrismo, con escasa autocrítica y autoobservación impregnada de rasgos narcisísticos”. Intentó dominar a los psicólogos alzando continuamente la voz. “Me hice cura para dar una mano, no quiero que vean ahora cómo me derrumbo”, les comentó.

La semana pasada, la jueza decidió ordenar la prisión provisional. El suicidio ocurrió cuando aún no se había emitido la orden.

Los presuntos abusos, que ya nunca serán juzgados, fueron cometidos cuando Lorenzo trabajaba en la iglesia San José Obrero de Berisso y en la parroquia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet, dos localidades cercanas a La Plata. Durante los últimos años fue capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense y trabó amistad con el sacerdote Julio César Grassi, que cumplía una condena de 15 años de prisión por corrupción de menores y abusos sexuales.

El arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, emitió un comunicado en el que hablaba del sufrimiento de Eduardo Lorenzo, pedía oraciones por él y decía: “El mismo Señor nos ayudará a comprender algo en medio de este misterio oscuro, y nos enseñará algo aún a través de este dolor”.

Las palabras del arzobispo indignaron a los denunciantes, agrupados en la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina. “La muerte no repara el daño, lo único que repara el daño causado a las víctimas es la justicia. La muerte del cura Eduardo Lorenzo confirma que los sobrevivientes dijeron y dicen siempre la verdad”, declararon en una nota. Añadieron que todo lo ocurrido fue posible “por una intolerable dilación de la justicia”.

El nombre del bar donde se presenta el libro es Rabia, pero es una contingencia. Esta tarde, el colectivo de intelectuales «albertistas» Agenda Argentina se reúne en la esquina de Palermo donde se conformaron como tales hace un año, para exhibir por primera vez Hablemos de ideas, un compilado de artículos sobre los principales temas de la agenda pública del país, con prólogo del presidente, Alberto Fernández y escritos de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y algunos de sus ministros. El eje es la construcción del «acuerdo social» que predica el nuevo gobierno.

La cita es a las 18 en el bar donde las agrupaciones que integran el colectivo de intelectuales que apoyaron la candidatura del exjefe de Gabinete se reúnen desde diciembre de 2018.

En el prólogo, Fernández habla de un «amplio debate de ideas», una «gran inteligencia colectiva» y del rol de los intelectuales. «Nunca creí en la obediencia. Obedecer no es la forma propia de la política», lanza el líder del Frente de Todos (FDT) en dos páginas al comienzo. Cafiero escribe sobre el «acuerdo social», junto al referente de Agenda Argentina, Nahuel Sosa.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Darío Martínez (Frente de Todos), anunció hoy que se eliminará el artículo 85 del proyecto de ley de emergencia pública que le otorgaba amplias facultades al Gobierno para reorganizar el Estado nacional.

Al comenzar el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, previo al informe de los ministros del Gobierno, Martínez dijo que «en acuerdo con el Poder Ejecutivo Nacional se elimina el artículo 85».

El polémico artículo le permitía a Alberto Fernández intervenir más de 60 organismos descentralizados que tienen atribuciones sensibles.

«Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar el rediseño organizacional de la administración pública nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias», indicaba el artículo 85º del título XII del proyecto de emergencia económica que el Presidente envió ayer al Congreso.

Frente a las críticas de la oposición, la Casa Rosada argumentó que se trataba de una cláusula por el «reordenamiento general» que implicaría la aplicación las nuevas medidas económicas.

Referentes y diputados de la oposición alertaron que ese artículo otorgaba a Fernández facultades para «hacer una reforma del Estado».

«No solo es inconstitucional porque es una delegación sin bases, ni plazos. Es un superpoder para que Alberto Fernández pueda intervenir o cerrar organismos de control o de regulación de actividades de la vida de todos los argentinos», afirmó el diputado y dirigente de la CC-ARI, Juan Manuel López (Juntos por el Cambio).

Entre los organismos descentralizados que hubieran quedado al alcance de la intervención de Fernández estaban los entes reguladores de la electricidad y el gas, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

La noche del viernes 13 fue la más larga en la Casa Rosada desde que asumió Alberto Fernández. Hasta pasada la medianoche, ministros y secretarios de Estado recorrieron el trayecto que separa el despacho presidencial, en el primer piso, y la oficina de la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, en la planta baja. Esa madrugada intensa, cuando terminó de gestarse el decreto de necesidad y urgencia que reimpuso la doble indemnización, la primera medida fuerte del Presidente, marcó el verdadero inicio del nuevo gobierno.

Desde esa noche, en la Casa Rosada se vivieron horas frenéticas, en las que Fernández intercaló reuniones con gobernadores e intendentes, encuentros con futuros funcionarios, entrevistas periodísticas, una charla con Diego Maradona, un cara a cara con Claudia Villafañe y la definición del proyecto de ley que señala el camino por el que avanzará el Gobierno en sus primeros meses de gestión.

El despacho del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pegado al de Fernández, se convirtió el lunes a la tarde en la sala de situación donde se pulió la estrategia para la batalla que empieza hoy en el Congreso. Reacio a las reuniones de gabinete, el Presidente juntó ahí durante dos horas a las espadas económicas del Gobierno. Además de Cafiero, al que define como su alter ego, estuvieron el ministro de Economía, Martín Guzmán; el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca

El Presidente y sus funcionarios saben que el tema más sensible del proyecto es la reforma del índice de movilidad jubilatoria. Facultar al Poder Ejecutivo para definir una nueva fórmula es una manera de sacar la discusión del ámbito del Congreso. En la Casa Rosada no descartan el inicio de juicios por los aumentos en montos fijos que se darán por decreto. La prioridad es resolver la urgencia. Para ponerles caras y nombres a las medidas, Fernández recibirá hoy a jubilados de distintos centros de Hurlingham. Lo acordó con el intendente Juan Zabaleta, que lo visitó ayer en su despacho.

En la agitada tarde del lunes, el equipo económico usó la mesa de reuniones que dejó en el despacho de la Jefatura de Gabinete Marcos Peña. Cafiero se sorprendió de que en la oficina no hubiera un escritorio, pero todavía no hizo tiempo para cambiar la disposición de los muebles. Tampoco renovó los cuadros, todos de arte abstracto. También hicieron sus aportes el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y Vilma Ibarra.

La secretaria legal y técnica había ido a trabajar el domingo. No solo le preocupaba el proyecto de emergencia. También debía definir la arquitectura de la nueva gestión. El organigrama de cada uno de los ministerios recién se va a publicar hoy.

El presidente Alberto Fernández se reunió este martes al mediodía con todos los gobernadores del país, a excepción del de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Fue con el fin de firmar una “suspensión” provisional de la aplicación del Pacto Fiscal, que se había rubricado en noviembre de 2017 con 19 mandatarios provinciales para reducir impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, tal como había anticipado ADNSUR.

El acuerdo contempla la suspensión por un año, hasta el 31 de diciembre de 2020, la vigencia de algunos puntos del consenso alcanzado hace dos años y su modificatorio.

Según se indicó, la decisión se adoptó a raíz de la grave crisis económica que impacta especialmente en los estratos más bajos de la sociedad.

Esto tiene que ver, por ejemplo, con las demandas de los estados al gobierno de Macri por ver afectados sus ingresos por coparticipación causa del decreto 561, que en el caso de Chubut le generaron pérdidas en ingresos estimados en 500 millones, pero hasta el momento sólo hubo un reintegro por poco más de 80 millones de pesos. De llevarse adelante, las provincias deberían dejar en suspenso sus demandas en la justicia ante el Estado Nacional.

Según se establece en el documento, el plazo será prorrogable sucesivamente por períodos de la misma extensión. Y dentro de los treinta días de la suscripción, los poderes ejecutivos de las provincias, de la CABA y del Estado Nacional elevarán a sus poderes Legislativos, proyectos de ley para aprobar el presente acuerdo “modificar las leyes necesarias para cumplirlo, y autorizar a los respectivos poderes ejecutivos para dictar normas a tal fin”, se señala en el borrador al que accedió esta agencia de noticias.

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Alejandro Panizzi, sostuvo que la Justicia Provincial no está en condiciones ni cuenta con los recursos para hacerse cargo de las causas relacionadas con el narcotráfico o narcomenudeo.

La opinión del alto funcionario judicial es coincidente con las declaraciones formuladas recientemente por el Procurador General, Jorge Miquelarena.

Panizzi enfatizó que “la asignación de la competencia a la Justicia Provincial no puede ser el resultado de la improvisación” y agregó que “se requiere una planificación muy ordenada porque estamos hablando de asuntos muy complejos”.

El ministro de la Corte Provincial indicó que “hoy por hoy, el Ministerio Público Fiscal está atiborrado de trabajo y me parece que en lugar de darle más oxígeno, se intenta asignarle una gran cantidad de causas, lo que me parece un gran desatino”.

El Presidente de la Sala Penal del STJ, afirmó que “si no se hace una previsión presupuestaria de cuánto dinero se necesita para que la justicia ordinaria empiece a investigar las causas relacionadas con el narcotráfico estamos empezando mal”. Agregó que “hoy la criminalidad funciona como un sistema de mercados y resulta muy oneroso para el Estado hacer frente a bandas criminales que cuentan con alta tecnología y con importantes recursos económicos”.

Panizzi consignó que estas cuestiones hay que preveerlas y subrayó que “es necesario sentar a todas las partes involucradas en una mesa de concertación para planificar seriamente una política a largo plazo, porque avanzar con medidas tomadas a tontas y locas, no tiene ningún sentido

Reunido en la histórica sede radical de Alsina 1786 de esta capital, el plenario inició el encuentro en el que respaldará una nueva gestión de Cornejo como titular de la UCR, luego de un acuerdo alcanzado entre las diferentes líneas internas y con la mirada puesta en el rol opositor que jugará el partido en el nuevo escenario político.

Sin embargo, el inicio se vio empañado por una trifulca entre militantes de distintas facciones, que terminó con un grupo disidente -crítico de la alianza entre la UCR y el PRO- imposibilitado de ingresar al salón donde se debate.

La reunión arrancó con un informe de gestión dado por Cornejo sobre los dos años de gestión al frente del partido (2017-2019).

Según fuentes partidarias, tras el plenario el radicalismo emitirá un documento final que, entre otras cosas, ratificará la pertenencia del partido a Juntos por el Cambio y la posibilidad de incorporar nuevos socios a la ahora alianza opositora.

Otro punto fundamental a definirse será quiénes secundarán a Cornejo como vicepresidentes y en la secretaría general, lo que aún no fue acordado, pero fuentes partidarias señalaron que esos cargos podrían ser ocupados por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales o por el dirigente porteño Enrique «Coti» Nosiglia.

La nueva conducción también tendrá que definir quién será el nuevo titular de la Auditoría, ya que mientras el ex presidente Mauricio Macri proponía a su ex candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, en la UCR proponían que ese lugar lo ocupe el actual auditor y ex ministro Jesús Rodríguez.

Alberto Fernández convocará a las entidades del campo a discutir una suba de las retenciones a la soja y al trigo. Fijó, el fin de semana, la «actualización» de las mismas para ubicarlas en el mismo nivel que cuando las reinstaló Mauricio Macri pero quiere, ahora, un aumento extra.

La intención del presidente es iniciar, en enero próximo, una mesa de diálogo con la Mesa de Enlace para negociar un aumento en las retenciones que propone que sea de 3 puntos y cuyo destino sería financiar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSeS.

Sin embargo, no estará dentro del paquete que se enviará al Congreso sino que específicamente, la intención de Fernández es que se discuta una vez que ya esté vigente la ley de Emergencia Económica, es decir en enero de 2020.

El detalle se conocerá este martes a media mañana cuando Guzmán brinde una conferencia de prensa en el ministro de Economía y haga un detalle de las iniciativas del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica, que enviará al Congreso.

El ministro tiene previsto, luego, trasladarse a Diputados y participar de una reunión del plenario de comisiones.

Dio un argumento. «El Fondo de Garantía de Sustentabilidad que son los recursos con los que hay que pagarles a los jubilados, está absolutamente excedido de papeles del Estado. El gobierno anterior se financió con títulos: sacaba dinero y ponía un título. Hoy el 64% del fondo es eso».

Según el informe que hizo el gobierno, casi dos tercios de los fondos del FGS son «papelitos».

Es un movimiento táctico. Parece sacar de la discusión la actualización que dispuso en estos días y poner a las entidades rurales a la defensiva para que no se venga, en dos semanas, una nueva suba en las retenciones.

«Quizá, al final, no son 3 y es un punto. Lo vamos a charlar y a discutir» dijeron, la noche del lunes, en Casa Rosada.

Fernández estuvo todo el día en Casa de Gobierno y prepara para esta semana una serie de actividades: este martes estará en un encuentro en la SMATA, donde también habrá dirigentes de la UOM, y para el miércoles prepara un encuentro con empresarios.

En las próximas horas definirá, además, una cumbre con obispos y dará el cierre final para el encuentro del Consejo contra el Hambre.