Paralelamente, Guaidó admitió por primera vez que, bajo ciertas condiciones, puede resultarle aceptable que se realicen elecciones presidenciales sin que el presidente Nicolás Maduro haya salido antes del gobierno.
El diputado Ismael León afirmó en conferencia de prensa la existencia de una supuesta “operación Alacrán”, destinada a impedir que Guaidó -a quien la AN designó mandatario interino de la república tras desconocer el mandato actual de Maduro- sea reelecto al frente del parlamento.
Según León, dicha operación tiene dos etapas y en la primera de ellas, denominada “Plata”, funcionarios chavistas buscaron “comprar la conciencia de los legítimos diputados para que dieran la espalda al mandatario interino”.
La segunda etapa, llamada “Plomo”, incluye la “persecución judicial a los diputados” y “los allanamientos a la inmunidad parlamentaria a otros legisladores”, informó el partido Voluntad Popular (VP), del cual forman parte León y Guaidó.
“Buscan comprar la conciencia de todos los diputados, o de 30 mínimo, para poder sacar del juego al presidente; hay diputados que viven en condiciones económicas muy difíciles, pero están firmes y saben que 500.000 o un millón de dólares no vale más que la libertad del país”, sostuvo León.
El legislador apuntó directamente a su colega Luis Parra: “Que deje de ser cobarde, salga a la calle y diga que él ha estado llamando a los diputados (supuestamente para intentar sobornarlos); tengo las pruebas”, dijo León, según el diario caraqueño El Nacional.
Parra es uno de los nueve diputados antichavistas señalados por haber emitido “cartas de buena conducta” a favor de empresarios sancionados por Estados Unidos que tienen negocios con el gobierno de Maduro, según una denuncia periodística publicada a principios de este mes.
Las sospechas de corrupción en el antichavismo también salpicaron a Guaidó luego de que este relevara a fines del mes pasado a su representante diplomático en Colombia, Humberto Calderón Berti, quien meses atrás había denunciado a dos colaboradores del presidente interino por el presunto desvío de un fondo de ayuda a militares venezolanos exiliados.
Por otra parte, Guaidó reconoció implícitamente la posibilidad de que se realicen elecciones presidenciales sin que Maduro haya salido antes del gobierno, en una entrevista publicada hoy por el diario madrileño El País.
El jefe del parlamento afirmó que lleva meses “pensando” en la eventualidad de que se celebren elecciones libres sin que antes se hayan cumplido los dos requisitos que él exige desde hace casi un año, el “cese de la usurpación” y el establecimiento de un “gobierno de transición”.
“El gran dilema es: ¿es posible poder tener la reinstitucionalización y la garantía de una elección presidencial con Maduro en Miraflores?”, se preguntó Guaidó.
“Eso es un debate en curso; hoy creo que no” pero “eso puede cambiar a partir del 5 de enero, con un CNE (Consejo Nacional Electoral) electo por el parlamento, un parlamento en plenas funciones”, agregó.
Maduro se manifestó ayer “totalmente de acuerdo” en que la “mesa de diálogo nacional” que el chavismo mantiene con una fracción minoritaria de la oposición alcance con la AN “una fórmula de consenso para un nuevo CNE”.
Sin embargo, en declaraciones anteriores, Maduro no ha aceptado la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales -su mandato, no reconocido por la oposición y por 56 países, vence en 2025- sino solo las parlamentarias que corresponde efectuar a fines de 2020.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, controlado por el chavismo) aprobó, aun sin que se realizara el antejuicio de mérito que establece la Constitución, el desafuero de cuatro diputados opositores a los que acusó de traición a la patria y otros seis delitos por su supuesta participación en el frustrado alzamiento del 30 de abril pasado.
El procedimiento -que será refrendado por la Asamblea Nacional Constituyente integrada solo por chavistas y autoproclamada plenipotenciaria- es similar al que el chavismo impuso a otros 19 legisladores en los meses previos, señaló Télam.
