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La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, acusó a los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro de ser cómplices del narcotráfico que ha penetrado el país en los últimos años, al tiempo de señalar a Maduro de brindar apoyo a la Narcotalia.

Asimismo, criticó la carta que la administración madurista envió a las Naciones Unidas para que investiguen a Colombia por los enfrentamientos armados ocurridos en Apure.

«La carta presentada por la dictadura de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se investigue la violencia en la frontera con Colombia no es otra cosa que otra cínica cortina de humo de la narcodictadura de Venezuela», sentenció.

En ese contexto, enfatizó que Jorge Arreaza solicita investigar la violencia en Colombia desconociendo «que precisamente Colombia, cuando aún había democracia en Venezuela, siempre solicitó que se reuniera la Comisión Binacional de Fronteras para desarrollar con una cooperación militar, policial y judicial esas actividades del narcotráfico y los grupos terroristas. Pero el gobierno de Chávez resolvió desde entonces darle amparo a las guerrillas y a sus socios del narcotráfico en lugar de cooperar».

Fuente: Albertonews

En declaraciones a teleSUR, Maduro subrayó que todos los estudios a nivel mundial sostienen que Sputnik V «es una vacuna de gran poder para generar inmunidad».

Asimismo, enfatizó que tiene «mucha fe en la combinación de la vacuna rusa, china y cubana».

El Plan Nacional de Vacunación
El presidente también recordó que el país caribeño ya ha aplicado un 60 % de las 100.000 dosis de la vacuna rusa que arribaron a Venezuela a mediados de febrero, mientras que a partir del próximo lunes procederán con los fármacos chinos.

El primer medio millón de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica china Sinopharm llegó a Venezuela la noche del pasado lunes. Se espera que con este cargamento se inicie la vacunación del personal docente, debido a que está previsto que las clases presenciales se reanuden en abril próximo, después de más de un año de educación a distancia.

Mientras tanto, este sábado llegó al país el segundo lote de 100.000 dosis de Sputnik V. El Gobierno venezolano tiene firmado un acuerdo con Moscú para adquirir un total de 10 millones de dosis de Sputnik V en un año.

El Plan Nacional de Vacunación arancó en el país bolivariano el pasado 18 de febrero con la inmunización del personal sanitario y de los sectores vulnerables. La iniciativa prevé el suministro gratuito de las vacunas a los cerca de 31 millones de habitantes de Venezuela, incluidos los extranjeros que viven en el país.

Sputnik V, la segunda vacuna que más países aprobaron
Sputnik V se ha convertido esta semana en la segunda vacuna anticovid que más países han aprobado oficialmente tras adelantar a la de Pfizer. Un total de 45 naciones han autorizado el uso en sus territorios del preparado desarrollado por el Centro de Investigación Gamaleya de Moscú.

El mayor número de aprobaciones de una vacuna a nivel internacional lo mantiene AstraZeneca (49), mientras que el cuarto lugar, después de Pfizer (43), lo ocupa Moderna (19), seguida por la china Sinopharm (18).

Entretanto, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha comenzado el procedimiento de revisión continua (rolling review) del fármaco ruso, en el marco del cual evaluará el antídoto para comprobar que se ajusta a los estándares de la UE en cuanto a eficacia, seguridad y calidad.

La vacuna Sputnik V utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad26 y Ad5, que se aplican en dos inyecciones, a administrar con una separación de 21 días entre una y otra. Esta solución no contiene adenovirus humanos vivos, sino vectores adenovirales, que no se multiplican y resultan completamente seguros para la salud.
A principios de febrero, la prestigiosa revista médica The Lancet publicó los resultados preliminares de los ensayos de la tercera fase del fármaco ruso, que muestran que tiene una eficacia del 91,6 %, es apto para todos los grupos de edad y no tiene efectos secundarios graves.

El Gobierno de Venezuela pone bajo revisión «toda la relación» con España tras la visita de la ministra de Asuntos Exteriores del país europeo, Arancha González Laya, este sábado, a la ciudad colombiana de Cúcuta, para comprobar la situación en la que llegan miles de migrantes venezolanos, algo que el Ejecutivo consideró una «agresión».

El anunció lo hizo el propio mandatario venezolano, Nicolás Maduro, horas después de que González Laya llegara a Cúcuta, principal puerto de entrada a Colombia para las decenas de miles de venezolanos que dejan su país huyendo de una crisis política y económica que ya supera el lustro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su país halló un antiviral que “neutraliza al 100%” el coronavirus, informó la prensa internacional.

“Puedo presentar la medicina que neutraliza al 100% el coronavirus: el Carvativir”, dijo Maduro en un mensaje emitido por la televisora estatal VTV.

Explicó que realizaba el anuncio “habiéndose establecido la patente nacional e internacional, habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país”, según recogió la agencia de noticias Europa Press.

El mandatario calificó el medicamento como “goticas milagrosas” con las que en los últimos nueve meses se hicieron “experimentos masivos” con enfermos de coronavirus, con “buenos resultados”.

“Este antiviral ha sido utilizado como parte de los tratamientos aplicados en Venezuela a pacientes afectados con Covid-19, dando buenos resultados; el Carvativir es un poderoso antiviral de Venezuela, aquí pensamos en la humanidad”, sostuvo.

Maduro aseguró que esta semana tendrá “una reunión con los líderes de salud del país para establecer el sistema de distribución directa por miles a los centros de salud del país”.

Subrayó que el Carvativir “se incorporará al kit de medicinas contra el coronavirus” que están usándose en Venezuela.

El 25 de octubre pasado, Maduro informó que un organismo de investigación científica de su gobierno había encontrado una molécula que elimina completamente el coronavirus.

“Venezuela ha conseguido una medicina que anula al 100% el coronavirus, una vez demostrados los estudios por seis meses de nuestro Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (ICIV)”, dijo entonces el mandatario.

Aquel día, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, explicó que el ICIV había iniciado seis meses atrás el estudio de la actividad biológica de células afectadas por Covid-19 y sometidas a diferentes concentraciones del principio activo identificado.

“Es un derivado de ácido ursólico y esta molécula presenta 100% de inhibición de la replicación del virus in vitro”, dijo la funcionaria.

Jiménez agregó que “después fue evaluado en personas sanas sin mostrar toxicidad en las dosis en las que fue enfrentada en presencia del virus”.

Maduro y Jiménez subrayaron entonces que esperaban que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ratificara los resultados obtenidos por el IVIC, de modo de poder encarar, mediante alianzas internacionales, la producción masiva de esa molécula.

Venezuela acumulaba desde el comienzo de la pandemia 123.709 casos confirmados de coronavirus y 1.148 muertes por la enfermedad, informó hoy la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Cinco años después que la oposición le arrebató el control de la Asamblea Nacional por primera vez en dos décadas de gobiernos socialistas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se aseguró el control de la última institución independiente del país al alcanzar la alianza oficialista el 67,6% de votos en las elecciones legislativas.

Con un Maduro que se siente ratificado en el poder, la oposición liderada por Juan Guaidó arranca este lunes una consulta popular -que durará toda la semana- con la que pretende demostrar el apoyo de la ciudadanía a su proyecto de echar al «usurpador» y llamar a elecciones limpias y democráticas, en un último intento por no desaparecer.

Los comicios fueron boicoteados por los principales partidos de oposición, que alegaron que no existían condiciones para unas elecciones libres y democráticas. Los críticos de Maduro sostienen que se trató de un proceso fraudulento que tendría esencialmente el objetivo aniquilar a la oposición y fungió como una «elección interna» del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) «para dirimir conflictos a lo interno del régimen».

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, indicó en un primer boletín preliminar, con el 82,35% de los votos escrutados, que la participación había rondado el 31% de los 20 millones de venezolanos inscritos en el padrón electoral.

La alianza oficialista, de acuerdo con cifras preliminares, sumaba 3,558.320 del total de 5,2 millones de votos escrutados, mientras la alianza de partidos opositores minoritarios -El Cambio, Avanzada Progresista, el partido socialcristiano COPEI, Acción Democrática, Cambiemos- contabilizaba 944.665 boletas, o el 17,95%.

En los comicios legislativos de 2015, en las que participaron todos los partidos políticos, la abstención fue del 25,75%. En 2005, cuando la oposición se abstuvo mayoritariamente, la abstención fue de 74,74%.

Poco después, Maduro celebró el resultado, afirmando que se logró «una tremenda y gigantesca victoria electoral».

«Hemos cumplido con la Constitución, tenemos una nueva Asamblea Nacional producto del voto popular», añadió.

El gobernante expresó su alivio porque sus adversarios perdieran el control de la Asamblea tras cinco años, afirmando que la oposición usó como tribuna el legislativo para promover «golpes de Estado, conspiraciones, llamados a intervención, sanciones criminales y crueles en contra de la economía de la familia y el país».

A partir del 5 de enero, fecha establecida en la constitución para la instalación de una nueva Asamblea Nacional, Maduro tendrá el control de todos los poderes públicos.

«El fraude ha sido consumado»

Basado en reportes del Observatorio contra el Fraude de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, Guaidó expresó en su cuenta de Twitter que más del 82% de los venezolanos se abstuvo de salir a votar.

«El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente», dijo la noche del domingo el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en un mensaje que difundió en la redes sociales, al asegurar que la mayoría de los venezolanos expresaron su rechazo a Maduro al no salir a votar.

«La Asamblea Nacional seguirá en funciones para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres», anunció el presidente del Congreso, y agregó que la mayoría opositor se mantendrá en sus funciones basada en el «principio de continuidad constitucional»

«El cambio no lo podrán parar. Esto es insostenible», dijo Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, e invitó a los venezolanos a salir el 12 de diciembre para participar en la »consulta popular» promovida por la oposición y organizaciones civiles. Hasta entonces, se votará de manera virtual a partir de este lunes.

Al perder el Congreso, la oposición quedará sin ningún piso institucional y muy limitada para ejercer alguna presión contra el gobierno, lo que según algunos analistas acelerará el final de los últimos vestigios de la democracia venezolana.

La legitimidad del mandato de Maduro nunca estuvo en juego en el proceso electoral del domingo, según coincidieron el presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, y Oscar Vallés, analista político y profesor de la Universidad Metropolitana en Caracas.

«Dudo que los 60 países que desconocen a Maduro por la elección de mayo 2018, reconocerán a Maduro por el hecho de las elecciones. Obviamente no», dijo Vallés a Associated Press. «Esta miopía de la oposición restó una mirada estratégica» sobre lo que significaba la elección legislativa.

El gobierno de Maduro ejecutó el domingo «la última fase de la tarea ardua de desplazar a la oposición, sin recurrir a la violencia sistemática y selectiva sobre el liderazgo político opositor», acotó Vallés.

Ahora «podemos decir que la oposición ya no ocupa ninguna relevancia en las instituciones» del Estado venezolano, agregó.

Sin embargo, la recuperación del legislativo por parte del oficialismo tiene un sabor amargo para el mandatario izquierdista, puesto que los comicios son rechazados por Estados Unidos, la Unión Europea y buena parte de los países de la región, que no veían las condiciones para un proceso electoral transparente y democrático.

La postura crítica de la comunidad internacional hace prever que no habrá cambios en las presiones y sanciones hacia el gobierno de Maduro, quien deberá seguir sorteando la compleja crisis sólo con el apoyo de Rusia, China, Irán, Cuba y Turquía, que en los últimos años se han convertido en sus incondicionales aliados.

El boicot impulsado por Guaidó no fue acatado por un grupo de organizaciones opositoras minoritarias que mantiene diálogos con el oficialismo, ni tampoco por congresistas y políticos disidentes a quienes el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, les entregó la dirección, símbolos, colores y tarjetas de los partidos Primero Justicia, Acción Democráticas y Voluntad Popular, tres de los grandes partidos opositores.

La presidenta del CNE indicó que los resultados preliminares sólo permitían confirmar por el momento los ganadores de 26 de los 277 escaños, de los que 21 correspondían a la alianza oficialista y otros cinco a opositores, cuatro de ellos disidentes de los partidos que boicotearon los comicios.

Entre los parlamentarios ya confirmados destacaban la primera dama, Cilia Flores, y y Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y considerado el segundo hombre más poderoso del oficialismo luego de Maduro.

El lunes se celebrará una votación en 10 de los 23 estados del país para elegir a tres diputados indígenas, señaló Clarín.

Aun sin vacunas confirmadas a nivel mundial para detener la pandemia de coronavirus, ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que investigadores de un organismo de su gobierno habían encontrado una molécula que elimina completamente el nuevo coronavirus.

«Venezuela ha conseguido una medicina que anula al 100% el coronavirus «, indicó el bolivariano a través de la televisora estatal VTV y repitió que se trata de «la cura».

Asimismo el mandatario explicó que el proyecto fue iniciativa de Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, quien hace 10 años le presentó a las autoridades los científicos que tenían la molécula, llamada DR-10 y encontrada en Puerto Cabello. Según lo publicado por el diario El Nacional, esa misma molécula también se implementó para combatir la hepatitis C, el VPH, el ébola y otras enfermedades, de acuerdo con los dichos del chavista.

«Lo hace sin ningún tipo de toxicidad. Venezuela ha conseguido una medicina que aniquila 100% el coronavirus», insistió el presidente, que un mes atrás anunció que Venezuela probará las vacunas de Rusia y Cuba y que meses atrás, sin investigaciones concretas, había asegurado que el interferón curaba el brote.

Al hacer el anuncio, Maduro indicó que esperaba ahora que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ratificara los resultados obtenidos con el objetivo de encarar, mediante alianzas internacionales, la producción masiva de esa molécula.

Tras sus dichos la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, explicó que el ICIV inició hace seis meses el estudio de la actividad biológica de células afectadas por Covid-19 y sometidas a diferentes concentraciones del principio activo identificado.

«Es un derivado de ácido ursólico y esta molécula presenta 100% de inhibición de la replicación del virus in vitro», aseguró y agregó que «después fue evaluado en personas sanas sin mostrar toxicidad en las dosis en las que fue enfrentada en presencia del virus».

Sobre Evo

Ayer también Maduro confirmó que tuvo un encuentro con Evo Morales durante una fugaz visita del exmandatario boliviano a Caracas, de la que previamente no se había informado de manera oficial. En la transmisión por la televisión estatal, dijo que Morales, refugiado en la Argentina desde diciembre del año pasado, tras renunciar a su cargo luego de las denuncias de fraude en los comicios de hace un año atrás, le regaló un libro.

«Aquí está el regalo que me trajo Evo Morales, Evo me trajo este regalo, este libro, me lo leí en la madrugada, lo leí en seis horas», dijo el venezolano durante un acto desde una playa del estado La Guaira, a unos 40 minutos por tierra de Caracas.

Maduro aseguró que el texto, titulado «Evo Morales. Volveremos y seremos millones», cuenta «los detalles del golpe de Estado» en Bolivia y el exilio del expresidente. «Gracias Evo por este libro que me regalaste personalmente, muchas gracias», exclamó el mandatario chavista.

Evo viajó a Caracas tras la contundente victoria de su delfín, el economista de izquierda Luis Arce, en las elecciones presidenciales de Bolivia del domingo 18 de octubre, mientras que Venezuela se alista para unas cuestionadas elecciones parlamentarias, señaló Télam.

En medio de la creciente propagación del coronavirus en Venezuela, Amnistía Internacional (AI) emitió una grave denuncia contra Nicolás Maduro, a la que acusó de “reprimir y no proteger a los trabajadores sanitarios” que a diario deben hacer frente al Covid-19. Asimismo, el organismo que vela por los derechos humanos advirtió que las autoridades chavistas “están encarcelando a quienes denuncian sus pésimas condiciones laborales”.

“Las autoridades venezolanas o bien niegan el número de trabajadores de la salud que han muerto a causa de Covid-19, o bien no disponen de información precisa sobre las precarias condiciones de los hospitales y la necesidad imperiosa de una mejor protección tanto del personal como de los pacientes. En cualquier caso, el gobierno está siendo totalmente irresponsable”, apuntó Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

“Mientras el gobierno de Nicolás Maduro ha pedido a la población que aplauda a las y los trabajadores de la salud en las últimas semanas, lo que realmente necesitan no son aplausos, sino medidas gubernamentales concretas para conseguir los recursos que necesitan para trabajar con seguridad y permitir que sus voces se escuchen sin represalias”, agregó.

La organización Médicos Unidos de Venezuela reportó que 71 trabajadores sanitarios murieron entre el 1 de julio y el 16 de agosto. De esas muertes, 37 se produjeron en la primera quincena de agosto. Este balance representa casi el 30% del total de muertes por coronavirus en el país que reporta el régimen de Maduro, que son 288 -hasta el martes 18 de agosto, día que se emitió el comunicado de Amnistía Internacional-.

Sin embargo, las autoridades no están desglosando las muertes por sector, por lo que la gente no conoce en detalle la cantidad de trabajadores sanitarios fallecidos por coronavirus.

Amnistía Internacional también se hizo eco de las sospechas que existen respecto a las cifras que compartió hasta el momento la dictadura de Maduro. El organismo para los derechos humanos indicó que el 16 de agosto había 691 pacientes hospitalizados por síntomas de Covid-19 “sólo en los principales hospitales de la ciudad de Caracas”. Es decir, el doble de la cifra de la semana anterior. “Esto plantea dudas sobre la veracidad de las cifras oficiales diarias de casos en todo el país, ya que el gobierno informó de sólo 1.148 nuevos casos de Covid-19 en todo el país el mismo 16 de agosto”, señaló AI.

El grave informe de Amnistía Internacional sostuvo que Venezuela “es un claro ejemplo de represalias del Estado contra personal de salud”. “Desde que Amnistía Internacional comenzó a monitorear la situación de las personas trabajadoras de la salud en todo el continente americano a principios de abril, Venezuela es el único país que ha llegado a encarcelar a quienes se han expresado públicamente sobre los riesgos para su seguridad y la de los pacientes”, agregó.

“Aunque en muchos países de la región se han producido represalias contra las personas trabajadoras de la salud que actúan como denunciantes, según la información de que dispone Amnistía Internacional, Venezuela es el único país de la región que ha detenido a trabajadores de la salud y los ha llevado ante tribunales militares y civiles”, añadió el organismo.

AI denunció que, hasta la fecha, recibió información “sobre al menos 12 trabajadores de la salud que han sido detenidos y detenidas durante la pandemia”. “Amnistía Internacional ha informado desde hace años sobre la política de represión aplicada por el gobierno de Maduro para silenciar y controlar a la población, que incluye detenciones arbitrarias y tortura dirigidas a un amplio conjunto de personas que alzaron sus voces”.

La Federación Médica Venezolana (FMV) indicó que en los últimos años cerca del 50% de los médicos venezolanos dejaron el país, lo que dificulta la lucha contra el coronavirus. “Las personas trabajadoras de la salud que se quedaron en Venezuela ganan entre 4 y 18 dólares americanos al mes, y muchos han tenido que caminar para ir a trabajar, a veces más de 10 km, ya que no pueden pagar el transporte. Según el grupo de la sociedad civil Monitor Salud, el 68% de 296 trabajadores sanitarios de la ciudad de Caracas encuestados de marzo a junio llegaron al trabajo sin comida en el estómago para empezar con un su turno arduo. El promedio de gastos de subsistencia de comestibles y servicios básicos por mes para cada venezolano se estima en 513 dólares, según la organización nacional de investigación CENDAS”.

Amnistía Internacional recordó que la legislación venezolana “establece que los trabajadores deben ser protegidos de los riesgos en el trabajo”. No obstante, la ONG Provea advirtió que “los trabajadores están siendo dejados completamente expuestos sin equipo de protección personal (EPP)”. “En los casos en los que se suministra EPP a los trabajadores, se les está obligando a reutilizar los cubrebocas durante períodos prolongados de tiempo, lo que los hace ineficaces”.

El martes Venezuela registró 1.047 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que supone el séptimo día seguido con más de mil contagios diarios.

El presidente Donald Trump anunció el miércoles (01.04.2020) que Estados Unidos está enviando buques de la Armada hacia Venezuela para reforzar sus operaciones antinarcóticos en el Caribe, luego de presentar cargos por narcotráfico contra el presidente Nicolás Maduro.

«Hoy Estados Unidos está fortaleciendo sus operaciones contra las drogas en Latinoamérica para proteger al pueblo estadounidense del azote mortal de las drogas. No dejaremos que los carteles del narcotráfico se aprovechen de esta pandemia para amenazar la vida de los estadounidenses», anunció Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Se trata de una de las mayores acciones militares de Washington en la región desde la invasión de Panamá en 1989 para derrocar al general Manuel Antonio Noriega y llevarlo a Estados Unidos para que enfrentara cargos por drogas.

En la misión participan buques de guerra de la Armada, aeronaves de vigilancia y equipos de fuerzas especiales rara vez vistos anteriormente en la zona. Detalló que las operaciones militares ya han comenzado, y que cuentan con el apoyo de otras 22 naciones, que aportaran efectivos castrenses e información de inteligencia.

«Estamos desplegando destructores navales, barcos de combate, helicópteros, aviones de la fuerza aérea para labores de vigilancia y patrullas de la Guardia Costera, duplicando nuestras capacidades en la región», afirmó Trump, que compareció flanqueado por los militares de su Gobierno.

Objetivo: Maduro y los cárteles

El objetivo de la operación serán los cárteles mexicanos y el círculo cercano al presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra el que la Justicia de Washington presentó cargos la semana pasada por narcotráfico y por el que ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dolares por cualquier información que lleve a su captura.

«El pueblo venezolano sigue sufriendo tremendamente debido a Maduro y su control criminal sobre el país, y los narcotraficantes están aprovechando esta anarquía”, dijo el secretario de Defensa Mark Esper tras el anuncio presidencial.

«El régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela confía en los beneficios que le llegan de la venta de droga para mantener su poder opresor», agregó Sper.

Los miembros del gobierno explicaron que, en los últimos días, la inteligencia estadounidense detectó que grupos de narcotraficantes planeaban aprovecharse de la crisis generada por la pandemia del coronavirus para introducir más droga dentro del país.

Preguntado sobre por qué ha decidido lanzar ahora esta operación, Trump aludió esos informes de inteligencia.

Justo este martes, las autoridades estadounidenses anunciaron que habían descubierto un túnel de 600 metros en la frontera entre México y el estado de California (EE.UU.) y en el que había un cargamento de drogas valorado en 30 millones de dólares.

Duplicarán fuerza militar de EE.UU. en la región

El objetivo es el de casi duplicar la capacidad antinarcoticos de Estados Unidos en el hemisferio occidental, con fuerzas operando tanto en el Caribe como en el este del Pacífico.

“Mientras los gobiernos y naciones se enfocan en el coronavirus, existe una creciente amenaza de que los cárteles, delincuentes, terroristas y otras organizaciones criminales intentarán aprovechar la situación para su beneficio”, comentó Trump. “No podemos dejar que suceda eso”.

Maduro ha fustigado la decisión del gobierno de Trump de ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por su arresto, diciendo que es obra de un “vaquero racista” que busca dar a Estados Unidos control de las vastas reservas petroleras de Venezuela, las más grandes del mundo.

El gobierno de Trump ha insistido desde hace tiempo que todas las opciones para sacar a Maduro del poder están sobre la mesa, incluyendo las militares. Aun así, no hubo ni hay indicios de que se esté planeando una invasión.

En una primera reacción del gobierno venezolano, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez dijo que Maduro estaría «dispuesto a colaborar» con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico «si es un intento serio».

En una intervención televisada, Rodríguez señaló que «Venezuela saluda que, por primera vez en décadas, las autoridades de Estados Unidos tomen medidas para salvaguardar sus fronteras, históricamente permeables ante las miles de toneladas de drogas que ingresan a ese país provenientes de su aliado y socio, Colombia».

Fuente: Deutsche Welle

El gobierno de Donald Trump acusó el jueves al líder venezolano Nicolas Naduro de narcoterrorismo por coordinar actividades con la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante dos décadas y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

El General William Barr anunció cuatro imputaciones contra Maduro y otros de sus funcionarios durante una conferencia de prensa que ofreció en su despacho. Barr dijo que los cargos anunciados el jueves elevan a 15 los funcionarios de Maduro imputados por la justicia estadounidense por narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico.

Maduro reaccionó en Twitter calificando la medida como una conspiración para generar violencia.

El anuncio de Barr no implica designar a Venezuela como estado patrocinante de terrorismo, una lista en la que están Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria, como habían informado erróneamente varios medios la mañana del jueves.

«Es un paso a la vez, no tengo nada que decir sobre eso ahora mismo. Obviamente habrá consideraciones de política exterior, pero no es el caso aquí», dijo el fiscal Barr cuando se le preguntó si estaba en los planes del gobierno incluir a Caracas en esa lista.

El canciller venezolano Jorge Arreaza acusó en Twitter al gobierno de Trump de arrementer contra el pueblo venezolano, usando una «nueva modalidad de golpe» sobre acusaciones

Miserables, vulgares e infundadas». Agregó que «ofrecer recompensas al estilo de los vaqueros racistas del Lejano Oeste demuestra el desespero de la élite supremacista de Washington».

«El régimen de Maduro está inundado de corrupción y criminalidad», dijo Barr, quien aseguró que el gobierno de Maduro «traicionó al pueblo venezolano y corrompió sus instituciones. Mientras el pueblo venezolano sufre, esta camarilla se llenó los bolsillos. Esto ha llegado a su fin».

«El régimen de Maduro deliberadamente se ha concentrado en Estados Unidos con FARC con la finalidad de traficar cocaína a Estados Unidos. No estamos actuando como policía para el planeta sino como policía para nosotros mismos, estamos protegiendo al pueblo estadounidense», dijo al rechazar que Washington esté actuando como un policía global.

Barr dio a conocer una imputación de cuatro cargos en el distrito sur de Nueva York contra Maduro, el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón; el ex jefe de inteligencia militar, general Hugo Carvajal Barrios; y el excomandante de la cuarta división blindada del Ejército, general Clíver Alcalá Cordones.

Alcalá publicó horas después un video en Twitter donde asegura que no piensa huir.

«Desde hace 48 horas le informé al gobierno colombiano que estoy en mi casa. No estoy huyendo. Dejo en evidencia acá que no voy a huir, no tengo por qué huir porque tengo la defensa de que mi trabajo era por la defensa del pueblo venezolano», dice mirando a la cámara en lo que parece ser el interior de su vivienda en Colombia.

Barr se refirió a este grupo como el «Cartel de los Soles», en referencia a la insignia de un sol que portan los altos oficiales de las fuerzas armadas venezolanas, y dijo que coordinó con las FARC el tráfico de toneladas de cocaína, suninistró de armamento a las FARC, coordinó con Honduras y otros países ese tráfico de drogas, y solicitó que las FARC brindara entrenamiento a una milicia privada.

El Departamento de Estado ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que permita el arresto de Maduro y de 10 millones de dólares por la captura de los otros funcionarios.

La segunda imputación dada a conocer el jueves acusa en el Distrito de Columbia al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, de asociación ilícita para distribuir cocaína a bordo de aeronaves resgistradas en Estados Unidos.

La tercera acusación penal anunciada el jueves está radicada en el distrito sur de Florida contra el presidente de la Corte Suprema Maikel Moreno por asociación ilícita para lavar dinero, y lavado de dinero de fondos millonarios obtenidos por sobornos para alterar docenas de casos civiles y penales en Venezuela.

Una cuarta imputación presentada el jueves acusa en el distrito sur de Nueva York al vicepresidente económico Tareck El Aissami, al superintendente de criptomonedas (Sunacrip) Joselit Ramírez, y al empresario Samark López de varios crímenes para evadir sanciones contra ellos impuestas por el Departamento del Tesoro.

Al preguntarle si Estados Unidos planea enviar un contingente militar a Venezuela o coordinar con policías extranjeras para practicar los arrestos, Barr rehusó entrar en detalles.

«Hay muchas opciones que podemos intentar. Esperamos que el pueblo venezolano esté pronto en una posición en la que puedan entregarnos a estas personas», indicó Barr.

La fiscal federal para el sur de Florida, Ariana Fajardo, quien partici´pó en el anuncio vía conexión de video dijo que la evidencia de corrupción en Venezuela estaba a plena vista en el sur de Florida, como en la compra de condominios y yates de lujo. «Todo esto se ha convertido en parte de nuestra sociedad. Esta fiesta está llegando a su fin».

«Maduro no es jefe de Estado»

La acusación de un jefe de Estado en funcionamiento es muy inusual, pero como indicó Barr en la rueda de prensa, «Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela».

Estados Unidos y otros 60 países no reconocen a Maduro como presidente de Venezuela por considerar fraudulenta su reelección en 2018 y ven al líder opositor Juan Guaidó como el líder interino de la nación sudamericana.

Pero el desconomiento a Maduro no es la postura mayoritaria entre los cerca de 200 países que integran la Organización de Naciones Unidas. Naciones de gran influencia como China y Rusia no reconocen a Guaidó, lo cual ha impedido a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a adoptar esa postura formalmente.

Los cuerpos de seguridad venezolanos permanecen leales a Maduro, por lo que ha logrado conservar el control sobre el territorio venezolano y sus fronteras.

Un precedente similar en la región fue cuando en 1988 los fiscales federales de Miami acusaron al general panameño Manuel Noriega por cargos de narcotráfico. No era jefe de estado, aunque manejaba el poder desde la Comandancia de las Fuerzas Armadas. Noriega fue capturado en enero de 1990 durante la invasión militar de Panamá y luego fue declarado culpable al final de un juicio. Falleció en Miami en 2017.

El año pasado Estados Unidos congeló los bienes venezolanos en Estados Unidos y anunció sanciones a la empresa estatal de petróleo PDVSA. La administración Trump retiró el reconocimiento oficial a Maduro como presidente de Venezuela y respaldó formalmente al líder de la oposición, Juan Guaidó, como gobernante legítimo de la nación.

La economía de Venezuela se ha derrumbado durante el mandato de Maduro, provocando el éxodo de al menos cinco millones de venezolanos.

El Departamento de Justicia ya ha presentado varios casos de corrupción contra altos funcionarios del gobierno venezolano, incluido el ex Tesorero Nacional, Alejandro Andrade; ejecutivos de PDVSA y empresarios, algunos con propreidades lujosas en Estados Unidos.

La crisis del coronavirus

Cuando se le preguntó sobre la oportunidad del anuncio, dado el brote de covid-19, Barr dijo que la acusación había estado «en proceso durante mucho tiempo. Podríamos haber ido un poco antes». Agregó: «Es hora de denunciar a este régimen por lo que es».

Barr fue más allá y dijo que pensaba que «este es un buen momento porque el pueblo de Venezuela está sufriendo … La mejor manera en que podemos ayudar al país en este momento es librar al país de esta camarilla corrupta».

Algunos funcionarios extranjeros y grupos de derechos humanos han pedido a la administración Trump que alivie las sanciones económicas por considerar que podrían contribuir a la pandemia de coronavirus.

La idea ha ganado el apoyo de destacados izquierdistas en los Estados Unidos, incluido el candidato presidencial demócrata Bernie Sanders.

«Es absolutamente desmesurado mantener las sanciones en este momento», dijo a AP Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia. «La única cosa moral, sensata y legal que se puede hacer es detener la locura que está paralizando los sistemas de salud de otros países», agregó.

Las compañías estadounidenses enfrentan desde hace casi dos años una prohibición de hacer negocios con Venezuela después de que la administración Trump lanzó una campaña para destituir a Maduro por corrupción pública masiva y acusaciones de fraude en su reelección de 2018.

Las autoridades estadounidenses han hecho a un lado las críticas, diciendo que las sanciones permiten la entrega de alimentos y medicinas. Pero la mayoría de los expertos dicen que las sanciones tienen el efecto de crear gran desconfianza en las empresas occidentales para continuar haciendo negocios el gobierno de Maduro.

AFP

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció este jueves la presentación de cargos criminales por narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En rueda de prensa, Barr añadió que la denuncia incluye cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas.

Además de contra Maduro, que ya contaba con sanciones individuales, Barr también presentó cargos contra otros miembros y exmiembros del Estado venezolano.

La medida supone profundizar la presión de Washington para forzar la salida del poder de Maduro, al que califica como gobernante «ilegítimo» y «dictador» y al que ahora considera también como líder de un cartel de drogas en colaboración con la guerrilla colombiana de las FARC.

Según reporta la agencia Reuters , el ministro de Industria de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami, también fue acusado este jueves de evadir las sanciones impuestas en febrero de 2017 al contratar empresas estadounidenses para reservar vuelos privados y de violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

Cada cargo conlleva una pena máxima de 30 años de prisión, señaló BBC.