Ante declaraciones formuladas por el Gobernador de la Provincia Mariano Arcioni dirigidas hacia mi persona, siento la imperiosa necesidad y la obligación de efectuar algunas consideraciones para clarificar estas cuestiones a la opinión pública.
Para información del Sr. Gobernador y de toda la comunidad, los fondos depositados a plazo fijo por el Poder Judicial ascienden a 807.777.333,70 pesos. De ese monto, 300 millones se destinan a la construcción de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, conforme lo establece la Ley II 53; alrededor de 200 millones corresponden a fondos de terceros inmovilizados, tal cual lo indica la Ley II 166 y otros 303 millones de pesos se utilizan para la realización de obras, pagos de servicio y compra de bienes, tomando como base la Ley de Presupuesto II 253, en donde queda claramente explicitado que no se puede usar ese dinero para el pago de salarios. Cabe dejar aclarado que los Ministerios Públicos, Fiscal y de la Defensa, son coparticipados.
Para que les quede claro a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia: Ninguna de las fuentes propias del Poder Judicial pueden ser destinadas a lo que el gobernador propone, pues así lo indica la ley.
Los fondos mencionados no son de libre disponibilidad, tal como surgiría de las declaraciones del Sr. Gobernador, sino que están afectados por ley a cuestiones específicas. No se pueden destinar esos dineros a otro fin que no sea el que está contemplado en la disposición legal.
Aunque resulte inverosímil, lo que el Gobernador nos pide es que actuemos al margen de la ley y del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si el Presidente del Superior Tribunal obrara de conformidad con el pedido del Escribano Arcioni, estaría cometiendo un ilícito.
Me causa perplejidad, que como escribano y gobernador haya olvidado las reglas básicas del derecho y de las finanzas públicas.
Puedo entender que el mandatario provincial esté mal asesorado y que se encuentre turbado por los aciagos momentos que nos toca vivir, pero es insólito que la principal figura institucional de la provincia me esté induciendo a vulnerar la ley.
Con referencia a las cuentas del Poder Judicial, las mismas se encuentran a disposición de la ciudadanía. Y aunque el gobierno cuenta con la información, porque es el Ministerio de Economía quien transfiere los fondos para salarios, en la página web institucional encontrarán también los datos de los sueldos de los agentes judiciales, actualizados a diciembre de 2019 (último mes en el que se otorgó aumento salarial).
Espero que, siguiendo este ejemplo de transparencia, el Ministro de Economía de la Provincia, en su visita del próximo 27 de mayo a la Legislatura, actúe del mismo modo y clarifique el estado actual de las cuentas del Estado Provincial.
Con respecto al funcionamiento de la Justicia en Chubut, es necesario recordarle al Sr. Gobernador que en el actual contexto de pandemia, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, mediante el sistema de teleconferencia o de modo presencial, cumplen con su tarea mañana y tarde, tomando audiencias, y dictando resoluciones, sentencias y medidas cautelares en materia de género, lo que ha quedado reflejado en la profusa información judicial que se difunde en los medios periodísticos de nuestra provincia.
Finalmente, le recuerdo una vez más al Sr. Gobernador, que los empleados, funcionarios y magistrados integrantes del Poder Judicial no han percibido aún, en su mayoría, los haberes correspondientes a marzo del corriente año y tampoco saben cuándo los percibirán, por lo que la situación se torna insostenible. Lo insto a que regularice en forma inmediata el pago de dichos salarios.
Dr. Mario L. Vivas
Superior Tribunal de Justicia
Presidente
