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El legislador nacional remarcó que desde el Bloque del Frente de Todos se propone ‘consagrar el concepto de Peligro Abstracto’ y señaló que ‘hay coincidencias’ para avanzar en la media sanción de la ley.

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo sostuvo que el proyecto que presentó en la Cámara Alta para incorporar dentro del Código Penal a los delitos contra el Ambiente establece «una Política de Estado en materia de protección de nuestro patrimonio natural».

En ese sentido, expresó que «queremos que cambiar el paradigma en el uso del patrimonio natural y que no siga en este esquema más bien extractivista, donde algunos maximizan ganancias en detrimento de los intereses de la gente, del interés común» y que por el contrario «queremos consagrar como lo ha explicitado también el Presidente de la Nación, que el desarrollo integral de la Argentina tiene en el uso sostenible del medio ambiente una pata fundamental para resguardar el derecho de las generaciones futuras también».

Luenzo recordó que «es una ley por la que venimos dando la pelea desde 2018, es una ley que trabajamos con Pino Solanas» y subrayó que «no puede esperar esperar más». «Es ahora. Que haya ley», continuó.

Asimismo y tras un Plenario de las Comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Justicia y Asuntos Penales analizara la iniciativa junto a especialistas y funcionarios judiciales de todo el país, Luenzo se mostró «convencido en que tendremos acuerdo y podremos avanzar con la media sanción». Al respecto detalló que «tenemos grandes coincidencias en el Senado para terminar con este vacío legal».

No obstante, el legislador nacional dejó en claro que «la intención del Bloque del Frente de Todos en la cámara alta para incorporar el concepto de Peligro Abstracto dentro de nuestro ordenamiento como una tipificación específica» y fue enfático al señalar que «la ley que queremos votar tiene que tener este instrumento también justamente para establecer una política de Estado integral».

Luenzo remarcó que «tenemos en la Comarca Andina 550 familias que perdieron todo y 20 mil hectáreas quemadas». «Por eso, queremos que la justicia investigue con celeridad, y desde el Senado queremos darle todos los instrumentos para que vaya a fondo», agregó.

En el cierre de la jornada del Plenario de Comisiones los especialista en derecho ambiental, Luenzo agradeció «especialmente al Dr. Enrique Viale, fundador y Presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas por su extraordinario aporte que enriquecerá al proyecto».

El diputado nacional Ignacio Torres retomó el proyecto de Reactivación Productiva para la Patagonia, de su autoría, y que se nutre de la voz de las distintas cámaras de comercio nucleadas en la Federación Empresaria del Chubut.

El proyecto busca generar nuevas posibilidades de empleo y desarrollo para las pymes, micro y medianas empresas, y cuenta ya cuenta con el acompañamiento de distintos bloques en el Congreso Nacional.

Asimismo Torres adelantó, que se reunirá con las cámaras de comercio de cada localidad de la provincia, para sumar voluntades en un proyecto que «Lejos de implicar un costo fiscal relevante en términos presupuestarios a nivel nacional, genera un efecto multiplicador para poder tener más densidad de empresas, escalar en la cadena de valor, fomentar el consumo, y en definitiva generar más trabajo«.

En ese contexto, el Legislador Nacional agregó que «El camino del desarrollo va de la mano de un Estado que entienda la necesidad de quitarle el pie de encima a quienes emprenden, a quienes invierten, porque la prioridad en cualquier agenda en el marco de la post pandemia tiene que ser la generación de empleo«.

Finalmente, Torres dijo que «Necesitamos armar una agenda de desarrollo inteligente que mire a la Patagonia, que es esencialmente extractiva, que tiene una sobre concentración productiva, pero que le da muchísimo a la Argentina«, y aseguró que «Si hay consenso y estamos todos de acuerdo, por qué no avanzar en este sentido, y que no sea la ley de un partido u otro, sino la Ley del Desarrollo de la Patagonia«.

La Ley Nacional 27.573 sobre vacunas destinadas a generar inmunidad contra la Covid 19, que fue objetada en los últimos días por diferentes referentes de la oposición, recibió el apoyo mayoritario de las bancadas que integran los interbloques de Juntos por el Cambio en Diputados y fue respaldada por varios senadores de esa coalición.

El objeto de la norma era declarar de «interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria», según se sostiene en los considerandos de la norma

La ley, promulgada por el Poder Ejecutivo el 6 de noviembre de 2020 exime del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud.

En el Congreso

En la votación tras el debate de la iniciativa que se celebró en la Cámara baja durante el 7 de octubre, el proyecto recibió 230 votos positivos, 8 negativos, y 11 abstenciones, en tanto que cuatro legisladores no votaron y hubo la misma cantidad de ausentes.

En el Frente de Todos, la iniciativa se respaldó con 116 votos y apenas se verificaron dos ausencias en la bancada oficialista que encabeza el diputado nacional Máximo Kirchner.

El bloque del PRO se registraron 44 voluntades afirmativos, tres votos negativos, cuatro abstenciones y hubo dos ausencias.

En la bancada de la Unión Cívica Radical se verificaron 40 afirmativos, tres negativos, dos abstenciones y sólo un legislador optó por no votar.

Entres los bloques de Acción Federal, Consenso Federal, Córdoba Federal, Frente Cívico y Social de Catamarca, Frente de la Concordia Misionero, Frente Progresista Cívico y Social, Frente de Izquierda y de los Trabajadores; PTS Frente de Izquierda, Juntos Somos Río Negro, Justicialista, Movimiento Popular Neuquino, Partido por la Justicia Social, Producción y Trabajo; Socialista, Unidad y Equidad Federal, Coalición Cívica se registraron 30 afirmativos, dos negativos, dos no votaron y cinco se ausentaron.

En el Senado, la norma se debatió y aprobó el 29 de octubre de 2020, con 56 votos por la positiva, 12 por la negativa, cuatro ausencias y ninguna abstención.

En el Frente de Todos hubo dos ausencias y 39 votos favorables, mientras que cinco senadores del PRO la aprobaron y otros tres la rechazaron.

El bloque radical hubo siete votos positivos, seis negativos y una ausencia, en tanto que en las bancadas de Avanzar San Luis, Frente Cívico y Social de Catamarca, Juntos Somos Río Negro, Justicialista 8 de octubre, Mediar Argentina, Misiones, Movimiento Neuquino, Producción y Trabajo, Santa Fe Federal se expresaron cinco afirmativos, tres negativos y una ausencia.

La Ley

Las provincias, los municipios y cualquier institución privada cuentan con el aval de las leyes argentinas para comprar vacunas contra el coronavirus, en el caso de que lograran acordar con los laboratorios que, hasta hoy, prefieren negociar con los estados nacionales por la escasez de dosis y por las complejidades que surgen a la hora de sellar los contratos.

La adquisición de vacunas ocupó el centro del debate en los últimos días, pese a que el capítulo 6 de la ley 27.563, sancionada por el Congreso y promulgada en noviembre, dejó en claro ya hace meses que «no está prohibido en la Argentina» la compra de dosis por afuera de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno desde la llegada del coronavirus al país.

Así fue explicado esta semana por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y este sábado por el presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Pablo Yedlin, quien aclaró que en el caso de que las provincias decidan llevar adelante una compra de dosis (de vacunas registradas en la Anmat) «tienen los mismos beneficios que la Nación».

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, había señalado esta semana que se les prohíbe la compra de vacunas a provincias, municipios e instituciones, en el marco de nuevas críticas lanzadas por la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) hacia las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno frente a la segunda ola de contagios de Covid-19.

Sin embargo, el ministro de Salud porteño, Fernán González Bernaldo de Quirós, saldó el debate y aseguró que «no es viable» la compra de vacunas para ser aplicadas hoy mismo porque «las empresas fabricantes ya tienen comprometida su producción anual hace muchos meses».

Este sábado, en declaraciones radiales, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó que «nunca hubo un impedimento» para que las distintas jurisdicciones del país, incluida la ciudad de Buenos Aires, compren vacunas contra el coronavirus y apuntó a que parte de la oposición parece buscar «más un efecto político electoral con sus declaraciones».

«La estrategia de compra del gobierno nacional fue llevar adelante la compra de 65 millones de dosis y estamos expectantes de que se cumplan los plazos de los contratos, pero hay dificultades a nivel global y Argentina no es la excepción», indicó Cafiero.

Fuente: telam

La Ley 27610 que garantiza en toda la Republica Argentina el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, está en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial el 15 de enero del corriente año.

De la cuenta oficial de la Defensa de las y los consumidores de la República Argentina publicaron unos flyers para repasar el derecho a acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y las vías para canalizar un reclamo.

Dicha Ley asegura que » toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento y en las condiciones que se establecen en la presente ley y en las leyes 26.485, 26.529 y concordantes».

Además en relación a las cobertura y calidad de las prestaciones manifiesta que, «todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias, independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente ley en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda».

Entre otros puntos relevantes como la educación sexual integral y salud sexual y reproductiva, la objeción de conciencia, acceso a la información, autonomía de la voluntad.

En todo este marco la Defensa de las y los consumidores publicó, «Si una obra social, prepaga o farmacia no cumple con el proceso, podés iniciar un reclamo…http://bit.ly/reclamosIVE. El acceso al aborto legal, seguro y gratuito es un derecho de todxs».

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó el lanzamiento de un programa «para fortalecer la producción de alimentos en pymes, en cooperativas, en microemprendimientos y poder capacitarlas para que estén en las góndolas” y aseguró que la ley desconcentrará el mercado de alimentos.

“Hay mercados donde hay muy pocos productores oferentes muy concentrados y hay que desarrollar nuevos proveedores y eso no es una tarea sencilla, no es que cualquier productor de alimentos pequeño cooperativo inmediatamente puede estar disponible para abastecer miles de unidades de producto a un supermercado, eso hay que desarrollarlo”, explicó Kulfas en declaraciones radiales.

Fortalecer las pymes, cooperativas y microempendimientos

En este sentido, el titular de la cartera productiva indicó que también se lanzará en los próximos días «un programa para fortalecer la producción de alimentos en pymes, en cooperativas, en microemprendimientos y poder capacitarlas para que estén en las góndolas».

«No es un proceso automático, la ley existe, se ha reglamentado, se han dado los primeros pasos reglamentarios, hay todo una serie de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento operativo”, añadió.

 

Nuevas inversiones

Asimismo, adelantó que el próximo lunes se anunciará un nuevo régimen de inversión para exportación con el objetivo de “viabilizar nuevas inversiones por más de 8.000 millones de dólares que están hoy en carpeta y que se van a poder ejecutar próximamente; es para inversiones de más de 100 millones de dólares y efectivamente está fuertemente vinculado a muchas inversiones que hay en curso en sectores como la industria petroquímica, la industria automotriz, la minería, el sector energético”.

“Creo que esto va a ser un impulso importante, y lo vamos a ver en los próximos meses, y va a repercutir en más exportaciones y más puestos de trabajo”, señaló el Ministro.

Un Banco Central con más reservas

A su vez, Kulfas apuntó que “el primer trimestre va a ser el más complicado del año, pero lo que ocurrió no se extrapolará a todo el año; para el resto del año esperamos justamente un escenario más estable”.

“Vamos a tener un Banco Central que va a tener más dólares en las reservas, esto mejora la posibilidad de calmar la macro economía. Argentina es un país en el que el problema cambiario es central, ordena o desordena al resto de la economía, con lo cual, también tener un mayor superávit comercial es fundamental para ordenar el resto de las variables económicas”, analizó el Ministro en diálogo con la radio AM750.

Por unanimidad, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que declara zona de desastre y de emergencia económica, social y productiva por 180 días a los departamentos de Cushamen y de Bariloche, en las provincias de Chubut y Río Negro, respectivamente, y a las adyacencias de la localidad de El Bolsón, después de los incendios forestales que devastaron la región de la Comarca Andina durante el verano.

El proyecto, que volvió a Diputados en revisión del Senado, prevé que se destine una partida especial para asistir a las personas damnificadas y para contribuir a la reconstrucción económica y de la biodiversidad de la zona.

La iniciativa mandata al Gobierno nacional a asignar recursos económicos para la “reparación y/o construcción de viviendas e instalaciones en las zonas rurales y urbanas afectadas o que resulten necesarias”, junto a la ampliación de los fondos destinados a la cobertura de planes sociales.

Además, establece facilidades a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.

El tratamiento fue impulsado por la diputada Brenda Austin (UCR) y Gustavo Menna (UCR), y declara la emergencia por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo. Fue incorporado al temario sobre tablas, luego de un un acuerdo interpartidario. Sin embargo, no prosperaron para tratar sobre tablas otros proyectos sobre asignación de aportes del Tesoro Nacional y pedidos de informes en relación a los incendios.

Durante el debate legislativo, el diputado Ignacio Torres (PRO) tomó la palabra y lamentó la pérdida de “miles de hectáreas de bosques nativos, pero lo más importante es que hay más de 300 familias que perdieron absolutamente todo”. Sin embargo, resaltó la responsabilidad institucional del cuerpo para tratar la emergencia y, “de una vez por todas, sobrevolar la maldita grieta, por lo menos en situaciones críticas como las que estamos viviendo”.

“En estos momentos de crisis florece lo mejor de los argentinos, que es la solidaridad, y esto se vio con toneladas de donaciones”, destacó Torres, y apuntó que “si bien los incendios están controlados, la situación sigue siendo muy difícil”.

A su turno, la legisladora Austin subrayó que la declaración de emergencia “busca medidas concretas de asistencia, tanto en la ampliación de los fondos para la cobertura de planes sociales; la asistencia financiera especial a través de la banca pública y privada; y aportes no reintegrables tanto para viviendas como para actividades productivas”.

“Es de especial importancia mirar el mapa completo y ayudar a reconstruir una economía absolutamente dañada y a pobladores que han perdido sus viviendas”, manifestó.

Desde el oficialismo, el diputado del Frente de Todos, Santiago Igon, adelantó al apoyo de su bloque a esta iniciativa y dijo que el Poder Ejecutivo “estuvo comprometido asistiendo a los departamentos afectados por los incendios”.

Entre el conjunto de medidas que habilita la ley, se dispone la unificación de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.

Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.

Además, se faculta a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.

Los proyectos que no prosperaron

Durante el trámite de la ley sobre los incendios forestales, el Frente de Todos logró bloquear los pedidos de apartamiento de reglamento de Juntos por el Cambio para tratar sobre tablas un paquete de iniciativas relacionadas a la situación en Formosa, la prórroga de la ley de Biocombustibles y la campaña de vacunación contra el coronavirus, entre otros temas.

La principal bancada opositora hubiera necesitado el aval de tres cuartas partes de los diputados presentes en la sesión para incorporar las iniciativas al sumario, dado que no tenían dictamen ni estaban en el orden del día previamente acordado en la reunión de Labor Parlamentaria.

Uno de las mociones de apartamiento de reglamento que fueron vetadas por el oficialismo pedía interpelar al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, sobre las “violaciones de los derechos humanos” en la provincia de Formosa.

Tampoco prosperó un pedido de informes verbales al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, por ese mismo tema, ni pedidos de informes a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en relación a las dificultades en el operativo nacional de vacunación.

El oficialismo también obstruyó el tratamiento de la prórroga del régimen de Biocombustibles: Juntos por el Cambio ya había intentado debatir el tema el jueves pasado en sesión especial, pero no alcanzó el quórum.

Diputados nacionales de diferentes bloques de la oposición buscarán realizar hoy una sesión especial para tratar la prórroga a la Ley de Promoción de la Producción de los Biocombustibles, aunque se espera que debatan en minoría ya que el oficialismo anticipó que no asistirá al plenario.

Los bloques encabezados por Juntos por el Cambio y Consenso Federal unificaron su pedido para sesionar a las 11.30 para tratar la prórroga de la Ley 26.093 que caduca en mayo tras 15 años de vigencia, y que fue aprobada por el Senado pero que Diputados aún no pudo debatir.

De todos modos, y a pesar de que el pedido está firmado por varias fuerzas políticas pertenecientes a la oposición, se estima que esos bloques no lograrán las mayorías necesarias para debatir sobre tablas el proyecto que no tiene aún dictamen de comisión.

Ese conglomerado opositor pidió además otra sesión pero para las 14 con el fin de votar los proyectos de Impuesto a las Ganancias y reforma del Régimen de Monotributo, impulsados por el oficialismo, a la que tampoco concurrirán los representantes del Frente de Todos, que mantienen su idea de sesionar el sábado para tratar esos proyectos.

La controversia entre el oficialismo y la oposición se agravó en los últimos días, luego de que la oposición anunció su decisión de unificar el pedido de sesión especial para tratar la prórroga de la ley de biocombustibles para este jueves, indicó la agencia Télam.

En principio, las autoridades de la Cámara de Diputados, presidida por Sergio Massa, habían accedido solo al pedido de sesión por biocombustibles, pero rechazaron el planteo para sesionar a las 14 para tratar Ganancias y Monotributo, ya que, según dijeron, «esos temas serán tratados en la sesión pedida por el Frente de Todos para el sábado».

Sin embargo, más tarde, Massa habilitó la segunda sesión, luego de hacer lugar al pedido de la oposición que le envió una nota, en la que le aclararon que la convocatoria a sesionar «no se trata de una decisión opcional o discrecional del presidente, sino que está obligado a hacerlo, según surge del texto mismo del reglamento».

Asistimos a la exacerbación de la economía del conocimiento. El saber manifestado a través de diversas formas y aplicado a la producción se ha convertido en el principal motor de la economía global. Patentes, royalties, propiedad intelectual, know-how, servicios, innovación, ingeniería aplicada, diversas herramientas de creación de reputación, certificaciones y cumplimientos de estándares garantizados (públicos y privados), nuevas tecnologías para la diferenciación de la producción, diseño, marcas, management, capital intelectual en general y varias otras vías de innovación generan una nueva economía.

Los países alientan inversiones, fomentan adaptaciones productivas, mejoran sus recursos y atributos para desarrollar nuevos ecosistemas de creación de valor.

Es en este marco que el gobierno argentino promulgó hace poco la llamada » ley de economía del conocimiento», que consiste en algunos incentivos fiscales a empresas de ciertos sectores productivos específicos. Buen primer paso, pero que nos deja aún lejos de la integralidad de la nueva economía: esta nueva fase del capitalismo requiere vigencia de un entorno institucional que garantice derechos subjetivos, flexibilidad que alienta la innovación, inversión y recursos humanos capacitados, internacionalidad activa y empresas apropiadas.

La Argentina padece numerosas dificultades para consolidar la nueva economía que se apoya ya no en los activos físicos sino en el capital intangible. El índice de capital intelectual (como porción en la formación del PBI) que se efectuó hace algunos años por The Conference Unit midió la participación del capital intangible en la formación del PBI en el mundo; y señaló que mientras los principales en el planeta son EEUU, Singapur y Suecia (alrededor del 70% del PBI se genera por el CI), Argentina aparece con una participación del CI en la formación del PBI de solo 34,6% y en el lugar 48 del ranking.

Ahora bien, la economía del conocimiento no se concentra en algunos sectores: está presente y representa a todos los sectores productivos. El agro con sus modificaciones genéticas, el sector automotriz y sus autos eléctricos no tripulados, los productos de la industria del calzado manufacturados en impresoras 3D, la industria de la alimentación apoyada en la más precisa trazabilidad y estándares certificados o los servicios que componen más de la mitad de la economía global.

Hace un par de años HM Treasury publicó un artículo mostrando que las cinco compañías más valiosas del mundo juntas valían 3,5 billones de libras, pero sus balances reportaban solo 172 mil millones de libras en activos tangibles: el 95% de su valor estaba en forma de activos intangibles. El MSCI da cuenta de que el 80% del valor del S&P500 hoy se basa en activos intangibles cuando hace 40 años, en 1979, solo 16% de ese índice estaba compuesto por ellos.

En esos últimos 40 años, según el WEF, en el mundo, la tasa de inversión en activos físicos (como fábricas y plantas de producción) cayó 35% mientras que el ratio de inversión en intangibles creció casi 60%. Por eso dice Jonathan Haskel que en el mundo por cada dólar que se invierte en tangibles se está invirtiendo 1,2 en intangibles. Y McKinsey señala que el valor generado a través de intangibles duplica al generado por los tradicionales tangibles.

Pero para Argentina, que está aturdida por sus «actuales problemas de siempre», esto aún parece lejano en muchos sectores. Hay por delante tres niveles que debemos abordar y revisar en el proceso de la nueva economía del conocimiento: el «micro», el de las personas (formación, habilidades); el «macro», el de las empresas (conjuntos de personas que deben adoptar nuevos criterios de organización) y el ¨mega», el del país (que exige adaptaciones en el comportamiento de la sociedad toda y de la política en particular). Cada uno de los tres debería conducirnos (para contribuir a mejorar nuestra calidad de vida por la convergencia con la evolución mundial) a un salto múltiple.

Porque la evolución es inevitable, y ante ella hay solo cuatro opciones: ser líderes, partícipes, espectadores o víctimas.

Fuente: iProfesional

El Diputado Nacional Ignacio “Nacho” Torres confirmó que el próximo jueves, tratarán en el Congreso Nacional un proyecto de ley con el objetivo de transparentar el proceso de adquisición y distribución de vacunas para la Covid 19.

Torres indicó que «A raíz de la crisis de las ‘Vacunas VIP’, la necesidad de transparentar la compra y distribución de vacunas es más grande que nunca». Por eso, desde el bloque de Juntos Por el Cambio se presentó un proyecto de ley exigiendo al Gobierno Nacional un detalle concreto y público del recorrido que hacen las vacunas en el país. En ese sentido, agregó que “Es urgente que el Estado Nacional dé un paso en términos de transparencia, explayando claramente la cantidad de vacunas compradas y exactamente a quien se le distribuyen y aplican”.

El Diputado explicó que «Desde el Bloque pedimos una sesión especial donde acordamos tratar esta ley, creemos que es prioridad tratándose de la salud de millones de argentinos», y continuó diciendo; «Como oposición tenemos una función muy importante controlando las acciones del oficialismo, ésta es una manera de hacer un aporte y a la vez cuidar a la gente».

Por otro lado, Torres sostuvo que “Estamos todos cansados de los privilegios. En Argentina tiene que primar la igualdad como valor fundamental, pero desde el Gobierno Nacional han habido privilegiados y lo de la vacunación VIP es un claro y triste ejemplo de eso”.

Finalmente, El legislador nacional consideró inaceptables los casos de desigualdad en relación a la asignación de vacunas, y dijo que «Habiendo estado encerrados todos los argentinos durante meses, varios funcionarios y amigos cercanos al poder realizaban reuniones personales o viajaban en aviones privados, desde el primer día de la cuarentena hubieron privilegios».

El Gobierno prepara la presentación del proyecto de ley de desarrollo de cannabis para uso medicinal e industrial. La industria podría generar un mercado local de 450 millones de dólares y diversificar las economías regionales, según un estudio divulgado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Estados Unidos y Canadá, las dos potencias en la materia, miran a la región para expandir la producción.

El presidente Alberto Fernández sorprendió al anunciar el proyecto durante la apertura de sesiones del Congreso. «El cannabis tiene propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales. La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años. El proyecto prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinAvanzza el al e industrial», afirmó en su discurso del primero de marzo.

Matías Kulfas afirmó que el proyecto de ley será una herramienta transformadora. “Desde el punto de vista de la salud, se trata de producir en escala productos medicinales de probada efectividad para determinados tratamientos”, aseguró el ministro. “Permitirá la reconversión de pequeños y medianos productores en economías regionales en un producto de alta demanda internacional, integrando una cadena donde el recurso, la ciencia y la tecnología, lo conviertan en un producto diferenciado en el mercado interno y la exportación”, agregó.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo ven con buenos ojos avanzar en esta materia debido a la competitividad y capacidad científico-tecnológico que tiene el sector agropecuario y el farmacéutico, dos industrias que estarían fuertemente relacionadas a la cadena del cannabis medicinal e industrial. También, el país cuenta con ventajas comparativas en materia del costo energético, dado que se necesita una demanda intensiva de electricidad en el proceso productivo.

La propuesta surgió en el Consejo para el Cambio Estructural, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, donde participan en el diseño de proyectos de largo plazo economistas de distintas ideologías, e inclusive ex funcionarios del gobierno de Cambiemos. La investigación fue realizada por los economistas Andrés López y Sebastián Gómez Roca, del Instituto de Economía Política, que depende de la UBA.

El trabajo fue recientemente presentado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) y abarca la cadena de valor del cannabis, la situación global y las oportunidades para Argentina. El mercado local de cannabis medicinal argentino podría alcanzar un potencial de 450 millones de dólares. Se trata de una estimación, teniendo en cuenta los datos para Canadá, donde el mercado alcanzó los 876 millones de dólares (último dato a 2019).

Para López, las oportunidades en Argentina están en el área medicinal y se concentrarían en el mercado doméstico y regional. Otra “ventana de oportunidades” para el país está asociada al cáñamo (plantas de cannabis con muy bajos contenidos de THC), cuyos derivados pueden utilizarse en la industria textil o alimenticia.

La industria crearía puestos de trabajo. En Canadá en 2019 se generaron 9200 empleos, mientras que en Estados Unidos emplea una totalidad de 244 mil personas. Además, “puede ser una alternativa de diversificación para algunas economías regionales, incluyendo opciones para pequeños productores y cooperativas”, explica el documento. Se trata de una industria en donde “no se necesitan inversiones de enorme escala” y “los saberes tecnológicos necesarios para comenzar con actividades de cultivo y procesamiento no son complejos de adquirir”.

Argentina se encuentra «rezagada» en la materia con respecto a la región, describe el documento. Uruguay, Colombia, Perú y Paraguay habilitaron la producción legal, y existe interés de Canadá y Estados Unidos por instalarse en la región por las ventajas de costo y de producir a contraestación. Según el trabajo de López, un gramo de flor de cannabis cuesta en Colombia 0,5 dólares, contra 2 dólares en Canadá.

Próximos pasos

Lo cierto es que la iniciativa viene siendo trabajada hace tiempo desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, que encabeza Matías Kulfas. Quedó postergado en medio de la pandemia y luego no se buscó su difusión en un principio para evitar estigmatizaciones del tipo “el ministerio verde”.

Para avanzar en esta industria, el “primer paso”, según los investigadores, debería ser avanzar en la parte de las normativas: legalizar el cultivo, procesamiento, transporte, venta y utilización. Además, que el proyecto de ley defina esquemas de asignación de licencias y cuotas y los mecanismos de control. La ley de 2017, que aprobó la investigación científica del uso medicinal de la planta de cannabis, “fue tan restrictiva que no dio lugar al surgimiento de emprendimientos productivos”.

Según pudo saber, como en varios proyectos de ley que delinea el oficialismo, priman distintas miradas debido a la amplitud ideológica de la coalición gobernante. Buscan definir el rol del sector privado en la producción y cuánto va a abarcar el Estado. Con diferentes argumentos, una extensa discusión se había dado sobre la ley de economía del conocimiento, que entre que se presentó y se aprobó, pasaron 8 meses.

Fuente: Página 12