Por unanimidad, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que declara zona de desastre y de emergencia económica, social y productiva por 180 días a los departamentos de Cushamen y de Bariloche, en las provincias de Chubut y Río Negro, respectivamente, y a las adyacencias de la localidad de El Bolsón, después de los incendios forestales que devastaron la región de la Comarca Andina durante el verano.

El proyecto, que volvió a Diputados en revisión del Senado, prevé que se destine una partida especial para asistir a las personas damnificadas y para contribuir a la reconstrucción económica y de la biodiversidad de la zona.

La iniciativa mandata al Gobierno nacional a asignar recursos económicos para la “reparación y/o construcción de viviendas e instalaciones en las zonas rurales y urbanas afectadas o que resulten necesarias”, junto a la ampliación de los fondos destinados a la cobertura de planes sociales.

Además, establece facilidades a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.

El tratamiento fue impulsado por la diputada Brenda Austin (UCR) y Gustavo Menna (UCR), y declara la emergencia por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo. Fue incorporado al temario sobre tablas, luego de un un acuerdo interpartidario. Sin embargo, no prosperaron para tratar sobre tablas otros proyectos sobre asignación de aportes del Tesoro Nacional y pedidos de informes en relación a los incendios.

Durante el debate legislativo, el diputado Ignacio Torres (PRO) tomó la palabra y lamentó la pérdida de “miles de hectáreas de bosques nativos, pero lo más importante es que hay más de 300 familias que perdieron absolutamente todo”. Sin embargo, resaltó la responsabilidad institucional del cuerpo para tratar la emergencia y, “de una vez por todas, sobrevolar la maldita grieta, por lo menos en situaciones críticas como las que estamos viviendo”.

“En estos momentos de crisis florece lo mejor de los argentinos, que es la solidaridad, y esto se vio con toneladas de donaciones”, destacó Torres, y apuntó que “si bien los incendios están controlados, la situación sigue siendo muy difícil”.

A su turno, la legisladora Austin subrayó que la declaración de emergencia “busca medidas concretas de asistencia, tanto en la ampliación de los fondos para la cobertura de planes sociales; la asistencia financiera especial a través de la banca pública y privada; y aportes no reintegrables tanto para viviendas como para actividades productivas”.

“Es de especial importancia mirar el mapa completo y ayudar a reconstruir una economía absolutamente dañada y a pobladores que han perdido sus viviendas”, manifestó.

Desde el oficialismo, el diputado del Frente de Todos, Santiago Igon, adelantó al apoyo de su bloque a esta iniciativa y dijo que el Poder Ejecutivo “estuvo comprometido asistiendo a los departamentos afectados por los incendios”.

Entre el conjunto de medidas que habilita la ley, se dispone la unificación de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.

Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.

Además, se faculta a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.

Los proyectos que no prosperaron

Durante el trámite de la ley sobre los incendios forestales, el Frente de Todos logró bloquear los pedidos de apartamiento de reglamento de Juntos por el Cambio para tratar sobre tablas un paquete de iniciativas relacionadas a la situación en Formosa, la prórroga de la ley de Biocombustibles y la campaña de vacunación contra el coronavirus, entre otros temas.

La principal bancada opositora hubiera necesitado el aval de tres cuartas partes de los diputados presentes en la sesión para incorporar las iniciativas al sumario, dado que no tenían dictamen ni estaban en el orden del día previamente acordado en la reunión de Labor Parlamentaria.

Uno de las mociones de apartamiento de reglamento que fueron vetadas por el oficialismo pedía interpelar al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, sobre las “violaciones de los derechos humanos” en la provincia de Formosa.

Tampoco prosperó un pedido de informes verbales al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, por ese mismo tema, ni pedidos de informes a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en relación a las dificultades en el operativo nacional de vacunación.

El oficialismo también obstruyó el tratamiento de la prórroga del régimen de Biocombustibles: Juntos por el Cambio ya había intentado debatir el tema el jueves pasado en sesión especial, pero no alcanzó el quórum.